Martes, 03 Diciembre 2019 05:19

El TSJ se queja por mayoría de 13 diputados

La magistrada presidenta fue emplazada por la Corte a denunciar la supuesta irregularidad que para ella se cometió cuando los legisladores reasignaron con sólo trece votos el presupuesto para pagar pensiones del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó pronunciarse sobre si el Congreso cumplió con la votación para modificar el presupuesto de egresos y reorientar 26 millones para el cumplimiento de varias sentencias de controversias constitucionales para el pago de pensiones de ex trabajadores judiciales, y emplazó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a denunciar la presunta “irregularidad” por la vía jurídica.

El pasado 6 de noviembre,  13 diputados votaron a favor de la reorientación financiera para evitar que el Congreso incurriera en desacato judicial, mientras que las siete diputadas del bloque denominado Frente Progresista de Mujeres votaron en contra, pero la polémica fue si se reunió o no la mayoría calificada, ya que hubo quienes argumentaron que la reforma al presupuesto requería de al menos 14 votos.

Ante esta situación, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, denunció ante la SCJN supuestos vicios en la aprobación de la modificación en la ley de egresos 2019, pero el tribunal constitucional sugirió que el tema debe ser cuestionado por la vía jurídica.

“Por otra parte, el Poder Judicial del Morelos señala haber detectado irregularidades en el proceso legislativo que tuvo como resultado la aprobación del decreto número 502, por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto número 76, mediante el cual aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, publicado en el Periódico Oficial “tierra y Libertad” número 5756, de fecha 7 de noviembre de 2019, por lo que atento a sus manifestaciones, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que corresponda.

“Lo anterior, en virtud de que el propósito fundamental del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, consiste en vincular a las autoridades competentes a realizar las transferencias necesarias para el pago de decretos pensionarios materia de la litis, sin que ésta última se pueda desbordar en un pronunciamiento sobre las formalidades del procedimiento legislativo que debe imperar en el Estado de Morelos, mucho menos si ello puede traer consigo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones programadas en el citado Acuerdo Plenario, de la satisfacción de la pretensión de la parte actora en la presente controversia constitucional, y de los intereses de los beneficiarios de las pensiones.

“Por lo tanto, este Alto Tribunal no prejuzga ni emite pronunciamiento alguno en torno a las formalidades que rigen al procedimiento legislativo en el Estado de Morelos, que dé lugar a sentar un precedente sobre la materia”, respondió la SCJN a la denuncia del TSJ en el cumplimiento de sentencia de al menos diez controversias constitucionales. En torno a este tema, el TSJ rechazó fijar una postura y si recurrirá el acto a través de una controversia constitucional.

En consecuencia, la SCJN requirió a los tres Poderes del Estado informar sobre el cumplimiento de los fallos judiciales.

Cabe destacar que la semana pasada el Congreso local, con 13 votos a favor y siete en contra, aprobó reformas a su ley orgánica y su reglamento para establecer que la mayoría calificada son 13 y no 14 votos.

 

 

 

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Exhortan al Congreso a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de servidores públicos.

Con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, diputadas locales buscarán que se garantice una integración paritaria en la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG), los órganos de gobierno del Poder Legislativo.
En rueda de prensa, la legisladora del Partido Humanista (PH) Xochiquetzal Sánchez Ayala propuso que la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG) estén integradas por un hombre y una mujer, según sea el caso.
Actualmente, los órganos de control están representados por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en la Mesa Directiva y Alejandra Flores Espinoza preside la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, la diputada Humanista señaló que de aprobarse la reforma, en el tercer año de la LIV Legislatura se obligaría a que la Mesa Directiva esté presidida por una mujer y la JPyG por un hombre.
De igual forma, Sánchez Ayala explicó que la vicepresidencia y las secretarías de la Mesa Directiva también tendrían que distribuirse de manera paritaria.
La propuesta se presentó mientras el Congreso del estado analiza también una iniciativa de reforma para garantizar la paridad total en la integración de las instituciones públicas del estado.
Al respecto, la coordinadora de la organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), Angélica Sánchez Santiago, hizo un llamado a los diputados a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de los cargos públicos.
Además, recordó a los legisladores que hay otras iniciativas pendientes para abatir la violencia en contra de la mujer. Se trata de un paquete de reformas para armonizar la legislación local con la federal en materia de paridad sustantiva.

 

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Martes, 03 Diciembre 2019 05:17

Apurarán nombramientos en ESAF e IMIPE

El Congreso retomará procesos ya iniciados para elegir titular de la entidad de auditoría y un consejero del instituto de información pública.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local retomará el proceso  iniciado en mayo pasado para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y en el que 29 aspirantes compiten por el cargo.
En agosto pasado, la Comisión Calificadora -que se instaló entre los grupos parlamentarios para llevar a cabo el proceso de dicho nombramiento- determinó emitir una nueva convocatoria ante la falta de condiciones para que el Pleno seleccionara a uno de los 29 aspirantes.
Sin embargo, el grupo mayoritario de 13 legisladores impulsará  un nuevo acuerdo para concretar la designación antes del 15 de diciembre.
Al respecto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que el acuerdo tomado el 26 de agosto pasado por la Comisión Calificadora, que entonces presidía Tania Valentina Rodríguez Ruiz, carece de legalidad pues dicho organismo no estaba facultado para tomar la decisión de reponer el proceso del citado nombramiento.
La legisladora dijo que ante la urgencia de concretar la designación del auditor estatal se planteará retomar la convocatoria de mayo pasado y que el titular del cargo se nombre de entre los 29 aspirantes.
No obstante, refirió que es una determinación que tomarán los integrantes de la JPyG en los próximos días.
La semana pasada, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que la designación del titular de la ESAF se llevaría a cabo en este mismo año, así como la de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
En el caso del comisionado del IMIPE, el 24 de junio pasado la Junta Política y de Gobierno emitió una convocatoria, pero por la falta de acuerdos también se mantiene suspendido el proceso.
La lista de aspirantes la componen 20 ciudadanos, cuyos perfiles serían revisados por la Junta Política y de Gobierno.

 

    

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Diputados crearán la ley de asociaciones públicas privadas, para que el estado pueda concretar proyectos con la iniciativa privada.

El grupo mayoritario de 13 legisladores en el Congreso del estado alista una propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que podría aprobarse antes del 15 de diciembre.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó en entrevista que los rubros prioritarios en la composición del Presupuesto de Egresos para el próximo año serán la seguridad pública, salud y educación.
El legislador pesedista dijo que hay confianza en que se logren acuerdos entre los 20 legisladores en el Congreso, y de no ser el caso, aseguró que hay condiciones para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se apruebe con 13 votos, una mayoría calificada, antes de que se cumpla el plazo constitucional, que es el 15 de diciembre.
Sotelo Martínez adelantó que un tema que podría aprobarse en las siguientes horas es la creación de la "Ley de Asociaciones Públicas Privadas", a fin de que el estado pueda concretar proyectos de desarrollo con la iniciativa privada.
Señaló el proyecto de construcción de un penal de máxima seguridad en Yecapixtla, para lo que se requieren alrededor de mil millones de pesos y con recursos del estado sería complicado llevarlo a cabo. Sin embargo, puntualizó que una opción será un convenio público-privado.
"Sabemos que es una inversión fuertísima, sabemos lo que esto implica. Hay algunos estados que han adoptado una especie de concesión, pero para ello tendremos que aprobar la Ley de las APPS y de alguna manera ahorramos recursos al estado y no dejamos de atender asuntos prioritarios", manifestó.
Sotelo Martínez resaltó que a diferencia de hace algunos días, el Congreso del estado enfrenta condiciones favorables para desahogar dentro del tiempo que marca la ley los temas urgentes, como el Paquete Económico 2020 y las Leyes de Ingresos municipales.

 

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El Congreso del estado  exhortó a los 36  ayuntamientos a realizar operativos de supervisión a los negocios dedicados a las llamadas “gestorías vehiculares”, a fin de verificar que operen en base a la normatividad municipal y estatal, ante la proliferación que tienen en la entidad.
En sesión ordinaria, los legisladores también exhortaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que colabore en estas acciones, ya que se ha comprobado que estos negocios expiden permisos para circular falsos a los automovilistas, lo que permite que se cometan delitos a bordo de los vehículos que usan esa documentación.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro, quien impulsó el punto de acuerdo, sostuvo que se trata de una obligación estatal y municipal impedir que ese tipo de negocios opere fuera de la ley y promoviendo la inseguridad.
"Al ser la expedición de permisos de circulación falsos un tema que afecta gravemente la seguridad pública en Morelos, pues los vehículos que son utilizados para la comisión de delitos y la sustracción de la justicia en su mayoría cuentan con permisos para circular de otras entidades, en específico de Guerrero, (por lo que) resulta necesario que la Secretaría de Movilidad y Transporte y los 36 municipios, conforme a sus facultades, emprendan acciones tendientes a contrarrestar dicha situación", señaló el diputado.
El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos y se envió a las autoridades señaladas, a fin de que se proceda en contra de esos negocios que operen de manera irregular.

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El secretario de Gobierno defiende resultados oficiales en la materia.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas exhortó a las y los legisladores locales a buscar acuerdos para sacar adelante la agenda del Congreso, en especial las iniciativas relacionadas con la seguridad.

El responsable de la política interna expresó que el Ejecutivo se mantiene respetuoso del Poder Legislativo, al subrayar que hay temas de gran importancia sobre los que no se han generado los acuerdos para que se resuelvan, como en el caso del paquete económico fiscal, así como las leyes en materia de seguridad.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que existe disposición total para que los integrantes del gabinete acudan a la cámara de diputados para despejar cualquier duda o aportar más información relativa al presupuesto del 2020.

En lo que se refiere a seguridad, el secretario de Gobierno dijo que “este año han sido detenidas más de 36 mil personas por delitos o faltas, de ese total, cuatro mil 300 (están) personas relacionadas con delitos de alto impacto, estamos trabajando y la Policía hace su trabajo junto con la Guardia Nacional”.

Expuso que se requiere de más esfuerzos, y también de más policías. Aseguro que, por primera vez, se graduarán de la academia estatal de policía más de 120 cadetes este año, luego de que en el 2018 no se graduó ninguno.

Aseguró que el propósito es contar con jóvenes que estén dispuestos a formarse específicamente como policías y regresen a sus comunidades a prestar servicio.

Reiteró que está en pie el proyecto de homologación salarial para todos los efectivos del Mando Coordinado y hay avances en los acuerdos con la Fiscalía General del Estado para que los municipios cubran en condiciones accesibles el costo de aplicación de los exámenes de control y confianza.

A decir de Ojeda Cárdenas, los cuatro mil detenidos por delitos de alto impacto están relacionados con secuestros y robo de vehículo agravado, entre otros crímenes, pero reiteró que no se trata de ilícitos que “afectan el desempeño o las dinámicas sociales regulares, como ir a la escuela, a trabajar, a hacer actividades cotidianas, la mayoría van a la baja”.

 

 

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El propósito de la iniciativa es recuperar la institucionalidad de esta área del Poder Legislativo.

El diputado Héctor Javier García Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó en Sesión Ordinaria de Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que busca elevar a rango de Secretaría la actual Coordinación de Comunicación Social, que incluye reformas y adiciones a la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, orientadas a recuperar la institucionalidad de esta área.
Al exponer su propuesta, el legislador externó que las modificaciones “redundarán en una mayor independencia, profesionalismo, imparcialidad y calidad en el trabajo del área de comunicación social, permitiendo la difusión del trabajo de todos y cada uno de los diputados integrantes de la LIV Legislatura, lo que abonará en recuperar una imagen positiva de este Poder Legislativo”.
Explicó que el área de comunicación social, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción LVI del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene como función principal: “Difundir sin ningún tipo de censura a través de los medios electrónicos del Estado, las acciones del Poder Legislativo y todas aquellas actividades que den a conocer el diario acontecer de la entidad, que fomenten entre los ciudadanos la cultura política y democrática.”
Sin embargo, en lo que va de la presente Legislatura “se manejó como patrimonio de algunos diputados y ha sido utilizada como instrumento para atacar y denostar a los enemigos en turno de dichos legisladores, lo que solo ha significado la denigración de esos representantes populares y ha traído como consecuencia el repudio de la sociedad hacia este Poder Legislativo”.
Consideró que, “el problema radica precisamente en la vulnerabilidad del área de Comunicación Social respecto del grupo mayoritario en la Junta Política y de Gobierno, ya que, en caso de que su presidente no tenga los votos suficientes para nombrar a su titular, nombra a un encargado de despacho como ha sucedido, además de que lo puede remover libremente y “revisa y autoriza su trabajo”, lo que se traduce en una nula independencia de tan fundamental dependencia”.
Por ello propone: Crear la Secretaría de Comunicación, cuya persona titular sería nombrada con el voto de las dos terceras parte de los integrantes de la Legislatura; que la Junta Política y de Gobierno solo revise y no autorice el trabajo de la ahora Secretaría, que gozará de autonomía técnica y de gestión.
Además, se ratifica la facultad de la nueva Secretaría de Comunicación Social de difundir sin ninguna censura las acciones de la Legislatura y se establecen los requisitos mínimos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar la titularidad, como ser ciudadano morelense, no haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, contar con experiencia comprobable de al menos diez años en el ámbito del periodismo y contar con título de licenciatura en cualquier ámbito.
Por la iniciativa se reforman las fracciones IV y IX del artículo 50, los artículos 89, 89 bis, 89 ter y se adicionan, un CAPÍTULO V BIS al TÍTULO OCTAVO denominado “DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL”, y los artículos 103 bis, 103 ter y 103 quater, todos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

 

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Jueves, 28 Noviembre 2019 05:11

Acaban con parálisis del Congreso

Diputados aprueban reforma que fija mayoría legislativa en 13 votos; el grupo de Tania Valentina había bloqueado los grandes temas con sus siete votos.

Tras varios meses de parálisis, el Congreso del estado concretó una reforma que permitirá avanzar en los temas trascendentales, mediante la aplicación del criterio para determinar la mayoría calificada, que a partir de ayer se fijó en 13 votos.
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este miércoles, los diputados aprobaron con 13 votos una adición al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del estado, que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".
Esa disposición permitirá que los temas con carácter de ley o decreto se aprueben con el voto de 13 de los 20 legisladores que componen el Pleno del Congreso.
"El día de hoy se presenta esta iniciativa con la finalidad de evitar que este grupo minoritario continúe utilizando los derechos de los morelenses, (y) al Congreso del estado, como rehenes, escudándose en interpretaciones infundadas y a conveniencia. Esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer el trabajo en el Congreso. No podemos permitir que unos cuantos desestabilicen el estado o atenten contra su gobernabilidad", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza.
La diputada morenista señaló al grupo de siete diputadas que conforman el llamado Frente Progresista de Mujeres, que desde el inicio del período ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, bloqueó cualquier asunto para su votación en el Pleno.
Con la reforma que estableció un nuevo criterio para la establecer la votación de las dos terceras partes en el Pleno, los diputados aprobaron también el acuerdo por el que Alejandra Flores Espinoza fue designada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG); Marcos Zapotitla Becerro, como secretario y como vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez, Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, mientras que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) quedará sin representación hasta designar a un coordinador.
De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó una reforma al artículo 55 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la que se dispuso que cada diputado podrá formar parte de todas las comisiones legislativas. Anteriormente, no podían pertenecer a más de 10 y sólo podían presidir dos órganos legislativos.
Posteriormente, los diputados concretaron la modificación a la misma legislación para cambiar la integración de las comisiones legislativas.
En la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se designó como presidente a Héctor Javier García Chávez; en la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a Rosalina Mazari Espín; en Gobernación y Gran Jurado, a José Casas González; en Educación y Cultura, Alejandra Flores Espinoza; Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Interparlamentarias, Elsa Delia González Solórzano; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Asimismo,  en la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, José Casas González; Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Ariadna Barrera Vázquez; Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez; Salud, José Luis Galindo Cortez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Dalila Morales Sandoval; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Marcos Zapotitla Becerro.
Igualdad de Género, Marcos Zapotitla Becerro; Juventud; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Participación Ciudadana y Reforma Política, Ana Cristina Guevara Ramírez; Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque Tinoco; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Elsa Delia González Solórzano; Deporte, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Ariadna Barrera Vázquez; Familia, Dalila Morales Sandoval; Desarrollo y Conflictos Agrarios, Andrés Duque Tinoco; Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza; Ciencia e Innovación Tecnológica, Ana Cristina Guevara Ramírez; Desarrollo Económico, Alejandra Flores Espinoza;
Turismo, José Casas González; Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez; en la Comisión Especial de la Reconstrucción, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y en la Comisión Especial para Seguimiento de la Agenda 2030, Ariadna Barrera Vázquez.

En el comité de Vigilancia, Héctor Javier García; en el comité de Régimen Administrativo, Andrés Duque Tinoco y en el comité Editorial Dalila Morales Sandoval.

 

 

 

 

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Se garantizará derecho de audiencia de los involucrados, asegura diputada.

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En este año la LIV Legislatura ejerció 450 millones de pesos.

Los diputados locales podrían reducirse el presupuesto para el 2020, ante los cuestionamientos de organizaciones sociales por los 450 millones de pesos ejercidos en este año.
La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, informó que existe el consenso de la mayoría de los diputados para reducir los recursos financieros del Poder Legislativo para el próximo año.
Sin embargo, refirió que aún no se han puesto de acuerdo sobre el monto que se etiquetará, ya que el tema se acordará en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se integrará el Paquete Económico 2020.
Flores Espinoza refirió que la determinación se tomó con base en la reducción que lograron en el primer año de la LIV Legislatura en la deuda que heredaron sus antecesores por cerca de 100 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el caso del Instituto de Crédito se abonaron 10 millones de pesos; así, de entrada, es una deuda mucho menor; ya disminuyó en un 80 o 90 por ciento la deuda, por eso yo me atrevería a decir que estamos en las condiciones para disminuir el presupuesto del Congreso", explicó.
De manera extraoficial se dio a conocer que la reducción al presupuesto para el Congreso sería de 100 millones de pesos, es decir, para el 2020 los diputados ejercerían 350 millones de pesos.
En lo que respecta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la diputada Flores Espinoza apuntó que lo que se busca es aumentar su presupuesto, que en este 2019 fue de 18.5 millones de pesos, cuando requiere al menos el doble de los recursos.

 

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