Se investiga la operación del Fondo "Unidos por Morelos".

La presidenta de la Comisión Especial de la Reconstrucción del Congreso del estado, Keila Figueroa Evaristo, lamentó que a la fecha no haya avances en las investigaciones en contra de exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez por el presunto desvío de recursos etiquetados para la reconstrucción de viviendas, escuelas y centros de salud afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Tras la firma del convenio entre autoridades del gobierno estatal y federal para la instalación de la coordinación estatal del Programa Nacional de Reconstrucción, la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que es necesario que se castigue a los responsables de que la reconstrucción de los inmuebles siniestrados esté detenida, a casi dos años del terremoto.
Sin embargo, sostuvo que la comisión que preside ha dado seguimiento a las denuncias que se promovieron desde el año pasado por el mal uso de los recursos públicos a través del Fondo "Unidos por Morelos", a fin de que haya castigo para los exfuncionarios responsables.
De acuerdo con la diputada, se presentaron al menos tres denuncias por el mal uso del presupuesto para la reconstrucción, sustentadas en irregularidades como la existencia de tres mil expedientes de beneficiarios "fantasma".
"Ha sido buscar una aguja en un pajar, no tenemos un monto específico del recurso robado, pero hay avances considerables y yo espero que pronto haya resultados", añadió. 

Se trata del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.

Jerónimo Bernal Soliveras, ex director general del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo durante la administración de Graco Ramírez, busca el amparo de la justicia federal ante la posibilidad de que se emita una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con información de los estrados electrónicos, el juez cuarto de distrito del Decimoctavo Circuito, el pasado 5 de marzo el ex funcionario inició el juicio de amparo 290/2019 contra cualquier acto u orden privativa de la libertad expedida por un juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien tiene a su cargo decenas de denuncias iniciadas por la administración de Cuauhtémoc Blanco, en contra de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en distintas áreas gubernamentales durante la gestión anterior. 

Aunque inicialmente al ex funcionario se le otorgó la suspensión provisional y fijó una garantía de cinco mil pesos, finalmente el juzgado federal determinó no conceder la suspensión definitiva.

De manera escalonada, las diferentes áreas de la administración pública estatal han promovido decenas de denuncias por el presunto mal uso de recursos materiales y económicos de ex funcionarios ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien está en proceso de integración de las carpetas de investigación y, de acuerdo con el consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, hasta el momento ya se han judicializado tres o cuatro de ellas. 

El dinero no fue entregado a mujeres beneficiarias del programa; hay denuncia formal contra funcionarios del sexenio pasado.

La administración estatal que encabezó Graco Ramírez habría desaparecido 48 millones de pesos del programa "Empresas de la Mujer Morelense" que beneficiarían a 800 féminas de todo el estado.
Tras haber comparecido ante los diputados que integran la Comisión de Planeación para el Desarrollo Social del Congreso del Estado, el secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá Pineda, informó que a través de la Secretaría de Hacienda se investiga en qué se aplicaron los recursos que se etiquetaron para apoyar a mujeres emprendedoras. 
Además, refirió que se promovió una denuncia en contra de los exfuncionarios que pudieran ser los responsables de la desaparición de los 48 millones de pesos. 
"En el 2017 quedó pendiente un 30 por ciento del apoyo del 100 por ciento que tenían, y en el 2018 firmaron todos los contratos con todas las mujeres que habían calificado para el apoyo y no se les entregó. Hoy en día hay una denuncia para buscar esos recursos y ver dónde están", explicó Alcalá Pineda. 
Con respecto al programa de Uniformes Escolares Gratuitos, el secretario refirió que no se detectaron irregularidades financieras, toda vez que fue el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) el que se hizo cargo del manejo del presupuesto. 
Agregó que los talleres que se abrieron para la producción de los uniformes existen y siguen operando, pero se confirmó que no cumplieron con su objetivo. 
Durante la comparecencia ante diputadas, el secretario informó que en materia de migrantes se lleva a cabo el programa “Corazón de Plata”, para unir a aquellos que residen en los Estados Unidos con sus familiares de Morelos, y en los primeros meses del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo se han logrado gestiones para el visado americano, trámites de actas de nacimiento y financiamiento destinado a la apertura de negocios a través del Fondo de Apoyo a Migrantes. Además, refirió que han sido repatriados los cuerpos de nueve morelenses.
En la comparecencia estuvieron presentes las diputadas Maricela Jiménez Armendáriz, Rosalina Mazari Espín y Cristina Xochiquetzal Sánchez Arano. 

El gobierno del estado iniciará nuevas denuncias ante instancias locales y federales por el desfalco detectado en la administración de Graco Ramírez.

El gobierno del estado presentará en los próximos días la denuncia formal por irregularidades encontradas en la contratación de conciertos en la administración del exgobernador Graco Ramírez, entre ellas cantidades pagadas muy superiores a las que esos cantantes cobran habitualmente.

Esto fue dado a conocer este martes por el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo Salgado, quien explicó que aun cuando se han dado a conocer datos sobre dichas anomalías, todavía se está integrando el expediente.

Entre los elementos restantes para robustecer las carpetas se encuentra la participación oficial de la Secretaría de Hacienda.

“Se observaron irregularidades que tienen que ser sustentadas. Por ejemplo, que a un artista que normalmente cobra dos millones de pesos, se le pagaron 12 millones de pesos, lo que hace presumir que no están las cosas correctas. Esos recursos se supone que se destinaron a una causa distinta y es lo que evidencia precisamente la conducta indebida”, abundó.

Cabe recordar que algunas de las presuntas irregularidades fueron dadas a conocer en enero pasado por La Unión de Morelos, como los egresos por más de 13 millones de pesos en torno a un concierto del tenor Plácido Domingo, en la “Arena Teques”, realizado el 5 de octubre de 2013.

El consejero estimó que el avance en cuanto a la formulación de denuncias formales por presuntos ilícitos cometidos en el gobierno anterior tiene un 40 por ciento.

Recordó que hasta ahora suman al menos tres denuncias ante instancias federales como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y otras (cerca de 40), ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades detectadas en diferentes secretarías de la administración estatal que pudieran ser constitutivas de delito.

Sotelo Salgado refirió que en lo local, algunas carpetas de investigación ya se están judicializando y se encuentra en espera de que se señalen algunas fechas para la formulación de imputación.

La Contraloría del estado inició las querellas por presunto desvío de recursos tanto estatales como federales.

La dependencia también inició procedimientos contra servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial.

La Secretaría de la Contraloría del estado promovió 150 denuncias en contra de exfuncionarios de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez. Además, la dependencia inició procedimientos en contra de servidores públicos que no cumplieron con la declaración patrimonial.
Durante su comparecencia ante legisladores de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción del Congreso del estado, ayer lunes, el contralor César Santana Nava informó que las denuncias iniciadas ante las instancias competentes son por presunto desvío de recursos tanto estatales como federales.
Explicó que de la aplicación de los recursos federales se realizaron ocho auditorías, de las cuales se derivaron 22 observaciones por más de 59 millones de pesos en programas como el de Prevención del Delito, Prospera (Programa de Inclusión Social), Fondo de Infraestructura Educativa, entre otros.
Asimismo, dijo que la Contraloría inició procedimientos administrativos en contra de 50 servidores públicos por no haber cumplido con la declaración patrimonial.
De acuerdo con el contralor del estado, al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco encontró una dependencia "inoperante y desactualizada" que no cumplía ni con su labor de fiscalización, pues sostuvo que se encontraron varias denuncias por irregularidades detectadas sin siquiera ser abiertas.

Comparece secretaria de Turismo
Por la mañana, la secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia, también compareció ante diputados locales, y refirió que también promovieron denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la pasada administración. 
Destacó que existen espacios abandonados como la "Arena Teques", que actualmente está sin operar y depende de la Secretaría de Hacienda. 
Refirió que los "Pueblos Mágicos" como Tepoztlán y Tlayacapan ya no tendrán más apoyo de la Federación, sin embargo, a mediados de este año se impulsará el programa estatal "Pueblos con Encanto", para impulsar el turismo en esa zona. 
La funcionaria estatal habló sobre el problema de la seguridad y descartó que el incremento de la violencia en Morelos cause afectaciones en el periodo vacacional de Semana Santa.
De acuerdo con la funcionaria estatal, las balaceras en bares del estado no inhiben el turismo en Morelos.

Documentan mal uso del presupuesto asignado por la Federación para ese rubro.

Empresarios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 tampoco recibieron apoyos de un fondo de siniestros que ejerció el gobierno que encabezó Graco Ramírez, pero del que se desconoce cuál fue su uso, así lo informó la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, durante su comparecencia en el Congreso del estado para detallar sobre el primer informe de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Este jueves, la secretaria fue la tercera en acudir al Poder Legislativo para informar de los primeros tres meses del gobierno estatal. Rodríguez González refirió que también, en la secretaría que preside, detectó irregularidades en el manejo de los recursos financieros. 
Explicó ante la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz (que fue la única que atendió a la secretaria), que en Desarrollo Económico se encontró un mal uso en el presupuesto asignado por la Federación para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017, específicamente en el fondo que se destinaría para ayudar a los empresarios afectados a levantar su negocio. 
"Encontramos que existía este fondo, pero no hay registro de que se haya apoyado a alguien y tampoco qué sucedió con los recursos", explicó. 
De igual forma, en la Secretaría del Trabajo se detectó un presunto uso indebido de los recursos públicos en el Sistema Nacional del Empleo (SNE) por 1.5 millones de pesos, que debieron usarse para capacitación y otras acciones de fomento al trabajo. 
Rodríguez González también informó de la inseguridad que viven las empresas en Morelos, víctimas de asaltos a sus camiones, a las cajas fuertes de sus vehículos, entre otros delitos. 
La secretaria de Desarrollo Económico detalló sobre el proyecto del gasoducto en la zona oriente del estado y confirmó que está detenida la última parte de su instalación, pues se está socializando. Sin embargo, aseguró que no representa ningún riesgo para la ciudadanía y sí un beneficio para las empresas de Yecapixtla. 
La comparecencia sólo estuvo presidida por la diputada Tania Valentina Rodríguez, y al final del encuentro llegaron las legisladoras Maricela Jiménez Armendáriz y Naida Díaz Roca. 

Se presentaron cinco denuncias más contra quienes integraron el anterior gobierno.

Inician más denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, algunos de sus familiares y cerca de 20 ex servidores públicos. Autoridades actuales acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado al identificar la posible comisión de varios delitos, que van desde manejo indebido de recursos públicos hasta homicidio.

Al mediodía de este miércoles se llevó a cabo la presentación de un total de cinco denuncias, con las que suman alrededor de 40, formuladas por anomalías presuntamente cometidas en el sexenio anterior.

Uso indebido de recursos públicos, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y posible homicidio son algunos de los delitos que se podrían configurar de las citadas denuncias.

Acudieron el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado; el asesor Anticorrupción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de Ita, y los secretarios de Desarrollo Económico y Trabajo, Cecilia Rodríguez González; de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia; de Desarrollo Sustentable, Jesús Maldonado Krinis, y de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba.

Sanz Rivera precisó que se entregaron expedientes relacionados con irregularidades en las que están implicadas dos empresas, denominadas “Berso Edificaciones S.A. de C.V.” y “Tekarq S.A. de C.V.”, así como el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y los exfuncionarios y empresarios Patricia Izquierdo Medina, Sergio Arturo Beltrán Toto, Víctor Manuel Escobar Lagunas, Jorge Alberto Orihuela, Juan Carlos Valencia Vargas, Javier Aranda Baltazar, Sergio Soto Cámara, Jerónimo Bernal Soliveras, Gerónimo Barragán, Elsa Gabriela Dávila Iragorri, Cinthia Román Moreno y Salvador Bernal Cela. En este caso, se señalan anomalías en la asignación de obras y recursos de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de Obras Públicas y del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El monto estimado es de 125 millones de pesos.

Las demás denuncias están relacionadas con recursos de programas como el Servicio Nacional de Empleo, por un quebranto de millón y medio de pesos; del Jardín Borda, por alrededor de cinco millones de pesos; una planta de revalorización (separación de basura) en Xochitepec, por aproximadamente 33 millones de pesos, y la distribución de fertilizantes, por 30 millones de pesos.

El asesor en materia de anticorrupción Becerra Chávez dijo que la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar y determinar si se configura y está relacionado el homicidio “de un muy querido empresario, ocurrido hace un par de años”. Mencionó que podrían estar implicados el exgobernador Graco Ramírez y aproximadamente 20 personas más, entre exfuncionarios, familiares y empresarios o representantes de empresas. “Se habla en esta denuncia de hechos de la posible participación de personajes como el propio exgobernador Graco Ramírez; el señor Jerónimo Bernal Soliveras, quien era director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo; su esposa, Gabriela Dávila Iragorri, quien fue jefa de eventos en el gobierno de Graco Ramírez; el papá de este señor, y su esposa, de nombre Cinthia Eliza Román Moreno. Creo que esta denuncia es de suyo con un bagaje jurídico muy importante, donde les adelanto, no puedo hablar más. Inclusive, se está denunciando la posibilidad de un homicidio. Les pido por favor que tengamos mesura, pero sí creo que esta denuncia, en forma general, está sumamente muy bien sustentada y ya será través del consejero jurídico y que se deslinden de este homicidio que se pudo haber dado y que lo veo directamente la Fiscalía General del Estado”.

El consejero apuntó que se observó triangulación en operaciones para disposición de recursos vinculados con particulares y empresas; el monto global del presunto quebranto ascendería a alrededor de 200 millones de pesos, por las cinco denuncias.

En total, son cerca de 40 las que ya formuladas ante la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales se han judicializado alrededor de cinco.

Varios secretarios del gobierno anterior y empleados de alto nivel contrataron créditos hipotecarios para adquirir viviendas pero pidieron una prórroga “por desempleo” y dejaron de cubrir el adeudo.

El gobierno del estado enfrenta complicaciones financieras superiores a los 10 mil millones de pesos en pasivos (deudas) bancarios y no bancarios que fueron heredados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, informó el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, durante su comparecencia ante el Congreso del estado. 
Este miércoles tocó el turno al secretario de Hacienda de comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes admitió que la situación financiera del gobierno estatal es complicada por todos los compromisos heredados y la mínima recaudación estatal que se registra, del cuatro por ciento de los más de 21 mil millones de pesos que ejerce como presupuesto anual. 
Refirió que el Congreso del estado también enfrenta una situación complicada, pues el 25 por ciento de los 468 millones de pesos que ejercerá como presupuesto este año, se destinarán al pago de la deuda heredada por la LIII Legislatura, que fue de aproximadamente 100 millones de pesos; 28 millones se deben al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado. 
A propósito del Instituto de Crédito, la titular, Sol Urióstegui Alvear, informó durante la comparecencia que se presentaron dos denuncias en contra del exgobernador Graco Ramírez por el crédito que tramitó ante el organismo por alrededor de medio millón de pesos. La funcionaria detalló que pese a las acciones penales en contra del exmandatario, éste ha pagado puntualmente la deuda. 
De igual forma, Urióstegui Alvear confirmó que 13 de los créditos hipotecarios que exintegrantes del gobierno que encabezó Graco Ramírez contrataron para adquirir una vivienda del complejo habitacional Las Ventanas, se encuentran en morosidad, ya que cuatro exsecretarios de despacho y otros exfuncionarios de rango dejaron de pagar su deuda desde octubre pasado. 
La funcionaria explicó que los ex servidores públicos pidieron una prórroga de seis meses por desempleo, y si en los próximos dos meses no empiezan a pagar, el instituto procederá a la recuperación del inmueble e iniciará procedimientos administrativos y civiles en contra. 
El secretario de Hacienda, Villarreal Gasca, garantizó a los legisladores que atienden la crisis de la Fiscalía General del Estado que se originó a raíz de la reforma que aprobó la pasada legislatura y que le otorgó autonomía financiera. 
Sostuvo que el problema no sólo es el adeudo que el Ejecutivo tiene con la Fiscalía, sino las afectaciones laborales de los trabajadores, que perdieron parte de sus derechos laborales con dicha autonomía. 
Aseguró también que se da seguimiento a la situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para garantizar que no haya crisis, como las que se registraron el año pasado. 

Así lo determinó un juez de distrito, que culpa a la fiscalía anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción recibió otro revés de la justicia federal, que confirmó el amparo concedido al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y su esposa, y ordenó al juez de control revocar el auto de vinculación a proceso dictado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Luego de que el juez cuarto de distrito concedió el amparo y la Fiscalía Anticorrupción impugnó la sentencia, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del decimoctavo distrito resolvió el 8 de febrero confirmar la protección de la justicia federal a Vera Jiménez, actual director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y su cónyuge María Elena Ávila Guerrero, contra la vinculación a proceso dictada el 13 de diciembre de 2017 por el juez Eddie Sandoval Lomé.

El abogado de ambos imputados, Sergio Parra González, explicó que el tribunal colegiado confirmó el amparo porque “las pruebas que se obtuvieron por parte de la fiscalía para imputarles ese delito están consideradas como ilícitas y no se valida toda la información financiera que obtuvieron (la fiscalía anticorrupción) de manera ilegal y esto va a provocar que el juez de control, en cumplimiento de esa ejecutoria, tenga que dictar un auto de no vinculación a proceso en su favor”.

Señaló que la resolución de la justicia federal fue clara y explícita respecto a que los documentos financieros presentados como pruebas ante el juez de control, incluyendo cuentas bancarias personales del ex rector, carecen de valor jurídico por haberse obtenido de forma ilegal, “porque toda esa información tuvo que estar sujeta a control judicial y no respetó esa normatividad la fiscalía”.

Es decir, dijo, la fiscalía violentó los artículos 117 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se establece que, para no violar derechos fundamentales respecto a los imputados, tiene que validarse esa información financiera a través de una autorización judicial expedida por un juez de control, y por esa razón la justicia federal otorgó el amparo.

Por cuanto al proceso judicial por el presunto de peculado, impulsado por el ex gobernador Graco Ramírez contra Vera Jiménez, señaló que la justicia federal le negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero la impugnación ante un tribunal colegiado está en curso.

El 70 por ciento del parque vehicular del gobierno del estado está en malas condiciones.

El parque vehicular del gobierno del estado es de alrededor de 700 unidades, pero el 70 por ciento se encuentra en malas condiciones y al menos 70 están en calidad de “chatarra”.

Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Administración, señaló que se lleva a cabo una revisión de los vehículos para conocer con mayor detalle cuáles son los requerimientos para comenzar la renovación. Estimó que este proceso podría iniciar en marzo.

La funcionaria estatal indicó que no ha sido posible realizar una licitación para cambiar dichas unidades, pues no ha sido aprobado el presupuesto de 2019 y se heredó un parque vehicular en muy malas condiciones.

Tampoco se han firmado los convenios de arrendamiento de vehículos que serán utilizados para seguridad pública, como patrullas. De hecho, apuntó que desde hace diez años no ha habido renovación.

En cuanto a camionetas y coches blindados que se usaron en la administración pasada, como los que usaba el gobernador, entre otros, Zavala Zúñiga refirió que están en resguardo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y esa instancia determinará qué funcionarios tendrán vehículos de esa naturaleza. En el caso de la camioneta que utilizaba el fiscal general de justicia, recordó que la Fiscalía ahora es un ente autónomo, por lo que no precisó el paradero del vehículo.

Recordó que la mayoría de esas unidades se contrataron por la administración pasada bajo el esquema de arrendamiento, y a la llegada de la actual gestión los convenios ya estaban cerrados o concluidos, por lo tanto habrían sido devueltos, y comentó que prácticamente ya no los hay en el patrimonio del estado.

Zavala Zúñiga aseguró que por indicaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ningún funcionario actual caerá en los excesos de la pasada administración.