Este domingo conmemoramos el aniversario del Grito de Independencia en México, por lo que cabe hacer un recuento respecto al pasado y presente del Derecho Penal en nuestro país: el 15 de septiembre de 1810 estalla el movimiento de independencia, mismo que se consuma en 1821 y a partir de entonces, surge en los legisladores la preocupación de estructurar el Estado “adecuadamente”.

Sin embargo, la Independencia de México no ocasionó cambios profundos en la legislación penal, ya que siguieron en vigor el Fuero Juzgo -si bien su aplicación era prácticamente nula-, las Siete Partidas (1265), la Novísima Recopilación (1805), la Recopilación de Indias, los Autos Acordados, la Constitución de 1812 y numerosos decretos especiales; además, las nuevas leyes penales fueron -por regla general- producto de la lucha política: fue previsto el castigo de los delitos contra la nación, de traición a la patria  y de conspiración.

Miguel Macedo, en sus “Apuntes para la historia del derecho mexicano”, nos hace notar que “para la sustanciación de las causas y competencia de los jueces en el distrito y en los territorios se dictaron las reglas principales en 1833 (julio 22 y agosto 5), estableciéndose que en los delitos levísimos se procediese precisamente en juicio verbal, sin apelación ni otra formalidad que la de asentarse la determinación con expresión sucinta de sus antecedentes, en un libro especial, y que en los delitos leves, cuya pena corporal no excediere de seis meses en los casos ordinarios, ni de un año en los de reincidencia, el fallo se dictase dentro de 15 días de la aprehensión del reo, ejecutándose la pena, a menos de apelación expresa”.

Y agrega: “La tendencia de estas leyes fue la de simplificar y acelerar la administración de la justicia penal, tan lenta y formalista bajo la dominación española”. Interesante este último párrafo, además de las palabras del anterior: “juicio verbal”.

Sigamos con la historia: el 28 de abril de 1835 se promulgó el primer Código Penal para un Estado de la República Mexicana, el de Veracruz, ordenamiento inspirado en el Código Penal español de 1822. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1838 se expide una circular mediante la cual se declara que en todo México debe continuar rigiendo el Código de las Siete Partidas, así como los decretos de las cortes españolas, en todo lo que no contradijese el sistema del nuevo gobierno en México, situación que apunta Ricardo Franco Guzmán en “75 años de Derecho penal en México”.

Conforme nos acercamos a mediados del siglo XIX, se vislumbra un cambio fundamental que se traduce en la formación del “sentido nacional”: en México comienza a percibirse el “curioso fenómeno de la aceleración de la historia”, como lo denomina Alberto Enrique Nava Garcés en “200 años de justicia penal en México”.

Cabe agregar otros datos históricos: la Constitución de 1857 aportó al Derecho Constitucional el Juicio de Amparo; de igual modo, Franco Guzmán refiere que “el 5 de febrero de 1857 se promulga una Constitución que contiene diversos artículos de esencia estrictamente penal”.

En dicha fecha, el congreso juró la nueva Constitución y la misma se promulgó el 11 de marzo del mismo año, acompañándola de un breve manifiesto: “la igualdad será de hoy en adelante la gran ley en la república; no habrá más mérito que el de las virtudes; no manchará el territorio nacional la esclavitud, oprobio de la historia humana; el domicilio será sagrado; la propiedad inviolable; el trabajo y la industria libres; la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral, a la paz pública y a la vida privada; el tránsito, el movimiento sin dificultades, el comercio, la agricultura sin obstáculos; los negocios del Estado examinados por los ciudadanos todos; no habrá leyes retroactivas ni jueces especiales, ni se pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia, y en México, para su gloria ante Dios y ante el mundo, será una verdad práctica la inviolabilidad de la vida humana, luego que con el sistema penitenciario pueda alcanzarse el arrepentimiento y la rehabilitación del hombre que el crimen extravía”.

La conquista en esta etapa fue incluir y establecer en la Carta Magna una parte dogmática adecuada a los tiempos que se vivían (“garantías individuales” y un sistema jurídico de protección de dichas “garantías”); posteriormente, el juicio de Maximiliano sería una de las piezas más interesantes del Derecho penal de aquella época.

Enrique Krauze escribe que “al restaurarse la República en 1867, Juárez convocó a elecciones”: las ganó con un 72 por ciento, fue declarado Presidente y tenía el reto de reconstruir normativamente un país. Como atinadamente califica Nava Garcés: “En materia criminal, el derecho seguía anclado al pasado”.

El Código Penal que había comenzado a redactarse a principios de la década (1862) todavía no estaba terminado y el 15 de junio de 1869 se expidió la Ley de Jurados en materia criminal para el Distrito Federal, con lo que se aspiraba “a concentrar en un sólo cuerpo legal lo relativo a la investigación del delito, al proceso penal y a la sentencia correspondiente”.

Posteriormente y cincuenta años después de la consumación de la Independencia, se promulgó el documento más importante en materia penal del siglo XIX en México: el Código Penal de 1871, inspirado en la Escuela Clásica, mismo que contiene 1152 artículos y 28 transitorios, promulgado por Juárez unos cuantos meses antes de morir, el 7 de diciembre de dicho año.

“Efectivamente, a través de los diversos códigos penales que se han producido a lo largo del tiempo podemos conocer no sólo las instituciones penales de cada pueblo, sino también sus preocupaciones sociales. Una sanción determinaba el grado de importancia que revestían los bienes protegidos y la escala de éstos” (Alberto Enrique Nava Garcés, en “200 años de justicia penal en México”).

Tal como nos lo preguntamos en el 2014 -cuando comentamos en ‘Panóptico Rojo’ acerca de este tema-, sería el momento oportuno para hacer una pausa en la lectura, y cuestionar: ¿cuáles son ahora nuestras preocupaciones sociales?

Porfirio Díaz encontraría en el ius puniendi un gran instrumento de control social y tal vez lleguen a nuestra memoria histórica casos representativos como el de Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, Alfonso Cravioto y Jesús Martínez. Posteriormente, la Ley de Jurados quedó abrogada con la expedición del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, en 1880; a partir de este Código, el Ministerio Público quedó facultado para investigar el “cuerpo del delito” (anteriormente, sólo dotaba de datos que tuviese sobre el hecho ilícito penal al juzgador).

El 29 de septiembre de 1900 se inauguró el Palacio Negro de Lecumberri y el 12 de diciembre de 1903 se expide la Ley Orgánica del Ministerio, mientras que el 5 de febrero de 1909 entra en vigor el Código Federal de Procedimientos Penales; en ese entonces, un nuevo movimiento armado estaba a punto de comenzar.

Ya en la actualidad, en la primera semana de septiembre del 2014, cuando se dio la declaratoria de inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Consejo de la Judicatura Federal, el procurador general de la República en aquel entonces -Jesús Murillo Karam- expresó que “el derecho penal es el derecho del mantenimiento de la convivencia, y es por eso que es tan importante y es por eso que es tan útil”.

Y agregó -según se lee en la transcripción difundida por la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia federal- que el Código Nacional de Procedimientos Penales “es la primera Ley que va a tener vigencia por propio mandato de la Constitución en forma gradual, es decir, vamos a tener pedacitos de vigencia legal de un Procedimiento, del otro y de lo que nos quedó del otro. Prácticamente vamos a tener que trabajar en tres pistas, y la ley irá gradualmente conformando el procedimiento que cada una de las pistas debe tener”.

Murillo Karam destacó en aquel año que “como podrán ver, o nos coordinamos o nos va a costar mucho trabajo”. A cinco años de dicho cuestionamiento, la pregunta es si tal ‘coordinación’ ha generado un mejor procedimiento penal, “más rápido, más justo, más creíble, más útil”.

En este mes, la Academia Mexicana de Ciencias Penales expresó diversas cuestiones relacionadas con las normas y prácticas del sistema penal, “que deben ser adecuadas para asegurar el imperio del Derecho, la legitimidad en la conducta de las autoridades y los particulares y la preservación del sistema democrático”.

Los temas a los que hizo referencia fueron respecto a la seguridad pública, que se ha militarizado; la prisión preventiva oficiosa; la privación de dominio, fundada en la probable comisión de delitos; la colonia penal de Islas Marías, el reclusorio mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la restricción penal de libertades diversas, además de las reformas al Código Penal de la Ciudad de México.

Concluyendo, los objetivos primordiales serían recuperar la historia, estudiarla y profundizarla, sin apartarnos de la finalidad primordial: mejorar nuestro presente.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”.

“He trepado por escaleras de incendios miles de veces, a sabiendas de que en cualquier momento el techo podía desplomarse sobre mí, o el piso hundirse, o estallar un explosivo oculto.

En el 2014, el espacio dominical de Panóptico Rojo lo titulamos “¡Salvemos a la vaquita marina!” y, en aquel entonces, quedaban 97 ejemplares en el Alto Golfo de California, en México; en el 2016 su población mundial se estimaba en 30 ejemplares y hoy en día, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido), publicado en la revista Royal Society Open Science, el número de ejemplares en el otoño del 2018 sería inferior a 19.

Tal como lo señalamos en el mes de julio de aquel año, 2014, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), conformado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Marine Mammal Commission de Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), alertó que la “vaquita marina”, especie endémica de México, disminuía a una tasa de 18.5 por ciento anual: de 200 individuos que había en 2012, sólo quedaban 97.

También en diversas ocasiones hemos comentado en este espacio acerca de la contaminación por plásticos y la importancia de cuidar los océanos. Hicimos referencia, en específico, a la cumbre de Davos de enero de 2016 en la que fue presentada una investigación que lleva por título “La nueva economía de los plásticos: repensando el futuro”, realizada por la Fundación Ellen MacArthur: el primer estudio dedicado a medir dicho fenómeno y cuyo objetivo es concientizar sobre el uso masivo que se hace de este material tan contaminante, además de los daños que está produciendo en el agua del planeta.

En el documento se refiere que, cada año, ocho millones de toneladas de materiales plásticos acaban en los océanos y mares (lo que equivale a verter en los mismos un camión de residuos por minuto), además de que entre el 60 y el 90 por ciento de la basura marina está compuesta por diferentes tipos de polímeros de plásticos; si esta tendencia no cambia, se prevé que en tan sólo diez años habrá en los océanos una tonelada de residuos de este material por cada tres toneladas de peces, y en 2050 la cifra sobrepasaría en gran medida a la cantidad de peces.

Es en 1933 es cuando se crea el plástico más comúnmente utilizado, el polietileno, por accidente en una planta química en Northwich, Inglaterra, y posteriormente, en 1965, la bolsa de polietileno de una sola pieza es patentada por la empresa sueca Celloplast, siendo la bolsa de plástico la que comienza a reemplazar a las de tela en Europa; en contraparte y hasta el año de 2002, Bangladesh es el primer país del mundo en prohibir las bolsas de plástico, después de que se descubriera que tenían un papel clave en la obstrucción de los sistemas de drenaje durante las grandes inundaciones.

De acuerdo con datos de ONU Medio Ambiente, cada minuto se utilizan más de un millón de bolsas plásticas; llama la atención que las bolsas de plástico eran una novedad en 1970, pero ahora son un producto omnipresente en todo el mundo, de las cuales se fabrican hasta un billón de ellas cada año.

Otro dato que pone de relieve lo preocupante de la situación sobre la contaminación en los océanos es que en el 2015 se produjeron 322 millones de toneladas de plásticos: el equivalente a 900 edificios del “Empire State Building”; asimismo, los plásticos permanecen en el ambiente por cientos de años y pueden entrar en la cadena alimentaria.

El primer impacto que provocan los plásticos es en la vida marina e incluso se calcula que para el año 2050, el 99 por ciento de las aves marinas habrá ingerido plásticos, además de que 600 especies marinas están hoy afectadas por dicho problema; 15 por ciento de ellas son especies en riesgo, tanto por ingerir plásticos como por estrangulamiento.

Hoy recordamos estos temas pasados debido a que el reciente fin de semana se dio a conocer que una cría huérfana de dugongo (mamífero de la familia de los sirenios, como el elefante marino, y a la cual también se le llama "vaca marina"), la cual fue hallada varada en una playa de Tailandia, en mayo y con apenas seis meses de edad, murió la madrugada del sábado por una infección agravada por residuos plásticos que se encontraron en su estómago.

El pequeño mamífero marino herbívoro despertó un profundo interés por la protección de los océanos y recibía cuidados por parte del personal del Phuket Marine Biological Centre; y es que la bebé dugongo, la cual había sido llamada "Mariam", despertó un gran cariño de usuarios en las redes sociales después de que las fotos en las que aparece siendo mecida, alimentada y nadando con sus cuidadores fueron compartidas mundialmente, fomentando un aumento del interés por la protección y conservación de las aguas del sur de Tailandia, muy contaminadas por plástico y en las que habitan alrededor de 240 "vacas marinas", en peligro de extinción.

El centro Phuket también señaló en un comunicado que los dugongos quedan varados en las playas a causa de la pesca y otras actividades humanas. 

Chaiyapruk Werawong, responsable del parque marino de la provincia de Trang al que se trasladó al animal, declaró a la agencia de noticias AFP que "Mariam murió justo después de medianoche, por un traumatismo y no logramos salvarla", al tiempo de añadir que falleció a raíz de "una infección sanguínea y en el estómago, encontramos residuos plásticos en su tubo digestivo"; cabe agregar que Nantarika Chansue, una de las veterinarias, anotó en su página de Facebook que la necropsia "mostró que el plástico causó la obstrucción del estómago del animal".

En su mensaje correspondiente al Día Mundial del Medio Ambiente, en el 2018, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señalaba que "ya hay más microplásticos en los mares que estrellas en nuestra galaxia. De las islas remotas al Ártico, no queda ningún lugar intacto. Si se mantiene la tendencia actual, en 2050 nuestros océanos tendrán más plástico que peces. El mensaje de este es simple: rechaza el plástico descartable. Si no puedes reusarlo, rehúsalo. Juntos podemos trazar el camino hacia un planeta más limpio y verde". Coincidimos.

El pasado mes de febrero comentamos en este espacio que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a 2019 como el "Año Internacional de las Lenguas Indígenas", sobre la base de una recomendación hecha por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas; el día 1 de febrero, en la Asamblea General de la ONU se realizó el lanzamiento oficial de la conmemoración, a fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas.

Este 30 de julio se conmemoró el “Día Mundial Contra la Trata de Personas”, con el fin de crear mayor conciencia sobre la situación de las víctimas de este delito que atenta contra la dignidad humana y que representa el tercer negocio ilícito más rentable, sólo después del tráfico de armas y drogas; según datos previos de la Organización de Estados Americanos (OEA), "genera una movilidad promedio de 6 mil 600 millones de dólares anuales tan sólo en América Latina, y en todo el mundo un promedio de 32 mil millones de dólares".

En el mes de septiembre del año pasado, comentábamos acerca de la realización del 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU; en dicha ocasión, durante la asamblea se informó acerca del lanzamiento de la "Iniciativa Spotlight", mediante la cual la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas dieron inicio a una nueva acción global, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

En agosto del 2014 escribíamos en este espacio acerca del científico Peter Piot, quien recibió, en el laboratorio en el que estaba trabajando como pasante de Microbiología, en la década del setenta, el virus de una de las enfermedades infecciosas más letales conocidas por el hombre: Ébola.

Como en años pasados y retomando el artículo titulado 'Vir bonus, dicendi peritus' publicado en ‘Panóptico Rojo’, este domingo dirigimos una felicitación a los abogados en su día, fecha que se celebró el viernes pasado.

Precisamente hace cinco años, en Panóptico Rojo comentábamos el caso del Departamento de Policía de Chengdu, capital de Sichuan, en China, cuando comenzó a promocionar una campaña de reclutamiento para encontrar a 359 jóvenes, de entre 18 y 30 años, quienes se integrarían a las unidades regulares y de fuerzas especiales; lo que llamaba la atención en la propaganda de dicha convocatoria eran las fotografías de los comandos vestidos con el -necesario- uniforme color negro, con equipamiento y posturas que recordaban a las películas de acción, armas y equipo táctico incluidos en dichas imágenes.

            Tan ocupados y preocupados estamos actualmente sobre los temas de “seguridad pública”, que en ocasiones pasamos por alto las cuestiones históricas referentes a los diferentes actores que la involucran: Cicerón -escritor, orador y político romano- expresaba que “no saber lo que ha sucedido antes de nosotros, es como ser incesantemente niños”.

            La palabra “policía” viene del latín pŏlītīa, y éste del griego πολιτεία, término que en la lengua griega antigua no tenía el sentido respecto a lo que hoy conocemos como el cuerpo civil encargado de velar para mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, subordinado a la autoridad política; πολιτεία en griego significaba antaño “derecho de ciudadanía”, relación de los ciudadanos con el Estado, administración y constitución del Estado, etc.

En la Grecia antigua se desarrolló un sistema de control social para sancionar las infracciones cometidas contra las leyes establecidas; en Atenas se elegían, mediante sorteo, diez comisarios de policía, cuyas funciones iban desde vigilar que los tañedores de liras o cítaras no fueran alquilados por más de dos dracmas o que nadie vertiera excrementos a menos de dos kilómetros de las murallas, además de los “Once”, que se encargaban de quienes se encontraban en prisión.

Sobre esta última función, Aristóteles escribe en su “Política”: “La magistratura que es la más necesaria y también la más delicada de todas, está encargada de la ejecución de las condenas judiciales, de la prosecución de los procesos y de la guarda de los presos. Lo que la hace sobre todo penosa es la animadversión que lleva consigo. Y así, cuando no promete gran utilidad, no se encuentra quien la quiera servir o, por lo menos, quien quiera desempeñarla con toda la severidad que exigen las leyes”.

Tal vez por esta razón -expuesta por el polímata griego cerca del año 330 a. C.- es tan complejo el reclutamiento y capacitación de policías que cumplan con la misión de prevenir y combatir la comisión de delitos, en apego al marco jurídico, con personal comprometido y calificado para salvaguardar la integridad y derechos de las personas e instituciones, que den confianza y certidumbre a la sociedad.

Aurora Antolín García, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, puntualiza que “el concepto de policía y el mismo término que lo define, no surgió en los estados y en las lenguas europeas hasta los siglos XVIII y XIX (…) habría que esperar hasta principios del siglo XIX para poder hablar de una policía urbana, al igual que en España, donde la formación de un cuerpo de policía independiente del ejército tuvo lugar en 1824, momento también en el que apareció en nuestra lengua el término policía con esa nueva acepción”.

En México, en la fracción XI del artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, el concepto de “policía” se describe como “cuerpos especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común”, así como “cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común” y respecto de los cuales, en el artículo 132, se enumeran -en quince fracciones- las diversas obligaciones que tienen, además de que se indica que actuarán "en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución”.

Señalaba el doctor Serafín Ortiz Ortiz, investigador nacional SNI nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su libro “Función policial y seguridad pública” que “la policía dentro del sistema social viene a ser la primera institución que enfrenta el conflicto social, por tanto su función dentro del sistema penal, también lo es para toda la sociedad.”

En aquel seis de julio del 2014, destacábamos el comentario de un usuario chino de redes sociales respecto a la campaña de reclutamiento de la policía de Chengdu, sobre la que nos referimos al inicio de este espacio dominical, y quien escribió: “No existen tales oficiales de policía en la vida real”.

Para que esta frase no fuera acorde a nuestra realidad en México, deberían aplicarse los términos “dignificación" y “profesionalización” de manera práctica a los cuerpos de policía: el equipamiento es importante, el factor humano es primordial.