Un juez de control dictó prisión preventiva a José Alfredo “N”, presunto el violador y feminicida de una niña de seis años, al calificar como legal su detención.

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Martes, 13 Agosto 2019 05:15

Condenan asesinato de niña

Organizaciones civiles demandan a autoridades acciones contundentes contra la violencia feminicida.

Integrantes de organizaciones sociales demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno acciones contundentes contra la violencia feminicida, al expresar su repudio y reclamar justicia por el caso de la niña que fue violada y asesinada cruelmente el sábado pasado en la colonia Carolina de Cuernavaca.

Las manifestantes colocaron un ramo de flores en la ofrenda en memoria de las víctimas, ubicada a las puertas del palacio de gobierno, y llamaron a la población a realizar una campaña ciudadana para visibilizar el rechazo social a los feminicidios. 

Las activistas expresaron el dolor, la rabia, desconsuelo e indignación que ha provocado la noticia sobre la violación y asesinato de la niña Lady Magaly, quien -de acuerdo con la información difundida- fue víctima de violación y asesinada con múltiples heridas por parte del agresor, en el interior de su casa en esta ciudad.

Al dar lectura a la postura -firmada por decenas de personas y de organizaciones de Morelos y otras entidades, como Chihuahua, Tabasco y Veracruz-  señalaron que ha llegado el momento de que las autoridades “demuestren su humanidad” y hagan algo pronto y contundente para parar la violencia feminicida en el estado y en todo el país.  

“La violencia de género en Morelos y en todo México ha alcanzado dimensiones que requieren del trabajo de raíz para prevenir, atender, sancionar y erradicar el dolor sembrado contra niñas y mujeres en domicilios particulares, en las calles, en la vía pública, en las fábricas, en las escuelas. 
Hacemos un llamado a toda la población; ciudadanía en general; mujeres y hombres para sumar sus voces, recursos, imaginación y compromiso personales; es indispensable escandalizarnos, indignarnos, activar a toda la sociedad y comprometer a las instancias de gobierno en construir otros modos de ser hombre, terminar con relaciones de dominio”.

Las agrupaciones, exigieron que sea localizado y detenido de inmediato el violador y feminicida y que se le aplique la máxima condena.

Advirtieron que el castigo debe ser ejemplar: “este delito es muestra de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, dentro y fuera de su casa, las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas de las colonias, comunidades y barrios del Estado de Morelos. 
Alzamos la voz, gritamos y nos manifestamos para ser escuchadas y reclamar acciones y resultados inmediatos, para esclarecer este y todos los asesinatos cometidos contra mujeres, por el hecho de ser mujeres y que los de todas las mujeres, de cualquier edad asesinadas en Morelos, se cataloguen o no como Feminicidio”.
De igual manera, el colectivo llamó a la población a sumarse en un esfuerzo por levantar la voz y promover que el problema se visibilice y que, al mismo tiempo, se haga notar el repudio social hacia la violencia de género. Propusieron portar un listón de color morado en la ropa, en el exterior de las casas, en vehículos o cualquier sitio visible durante todo el mes de agosto.

“Si un feminicida está sustraído de la justicia, es porque alguien lo está encubriendo, si lo conoces o sabes de alguno, denúncialo”, expresaron a nombre de las agrupaciones y personas firmantes, como el colectivo Género 33 + 3; Calle sin Acoso Morelos; Comité Digna Ochoa; Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica Asalariada, A.C.; Centro de Apoyo solidario, documentación y estudio, A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C.; CIMIGE, A.C.; Circulo de Estudios de Género, A.C. (CHIHUAHUA); Colectivo Algaraza; Colectivo UN LADRILLO MÉXICO; Comaletzin, A.C.; Con Decisión Mujeres Por Morelos; Confederación Nacional de ONG´s y DDHH y desarrollo; Colectivo Ciudadano Cuernavaca Avanza; Colectivo Guardagujas; Coordinadora Socialista Revolucionaria; Creando Lazos de Equidad A.C.; Crianza Feminista; Cuernavaca Sí, A.C.; Divulvadoras; Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales “Benita Galeana”, A.C., entre otras.

 

 

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Un juez de control vinculó a proceso penal por el presunto delito de feminicidio a Marco Gerardo “N”.

Un juez de control vinculó a proceso penal por el presunto delito de feminicidio a Marco Gerardo “N”, alias “La Kika”, quien fue detenido hace unos días en el estado de Guerrero junto con el otrora líder del cártel de “Los Rojos”, Santiago Mazari Hernández.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el imputado y otros de sus cómplices, el 11 de mayo de 2017 golpearon con una piedra en la cabeza a una mujer hasta matarla, para después desmembrar el cuerpo de la víctima y arrojarlo al río Amacuzac a ala altura del paraje de La Gaitana, en el poblado de Vicente Aranda del municipio de Jojutla.

Con base en el relato de la fiscalía, un juez de control determinó la vinculación a proceso en contra de Marco Gerardo “N”, mantuvo la medida cautelar de la prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Kika” y “El Carrete”, quienes participaron en enfrentamientos con grupos criminales antagónicos en la sierra guerrerense, fueron detenidos el pasado 1de agosto por las fuerzas federales que ingresaron a los municipios de Leonardo Bravo y Helidoro Castillo para pacificar la zona, aunque otra versión señala que fueron los habitantes de esos lugares los que atraparon al delincuente.

 

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El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, se pronuncia por mayor castigo para adolescentes que cometan delitos graves.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió retomar el debate sobre la necesidad de reducir la edad penal, para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos y con ello eliminar la protección legal que -en muchos casos- es aprovechada por grupos delictivos para reclutar a menores.

Ejemplificó su postura con el caso del feminicidio de Mariana, la estudiante universitaria que fue ultrajada y asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1 de la UAEM, pues mientras uno de los presuntos responsables -por tener 17 años- podría enfrentar una pena máxima de cinco años de internamiento en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), el otro imputado, de 18 años, enfrentaría una pena hasta de 70 años de prisión.

“Podemos observar que las penas son diferentes para una y otra persona, porque mientras el menor de edad es regido por la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, puede alcanzar una sanción de máximo cinco años. Por el otro lado, el adulto, de 18 años, que se rige por el Código Penal del Estado de Morelos, la ley es muy clara y la sanción es 40 a 70 años de prisión”.

Yo creo que se hace necesario que el Legislativo analice la posibilidad de reducir la edad para el menor, el adolescente que cometa delito grave, para que éste pueda ser juzgado como adulto, porque aquí vemos que cometieron el mismo hecho, pero las penas son completamente opuestas, porque uno es menor de edad y uno es adulto (por diferencia de menos de un año)”, explicó.

Explicó que es indispensable reabrir el debate sobre la reducción de la edad penal, en los casos en que adolescentes cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro y violación, y enfatizó que los grupos criminales justamente por esta causa (la protección legal en materia penal de que gozan los menores de edad), usan a los adolescentes para ejecutar delitos.

“En Morelos debemos entender el acontecer social y no ha sido el primer caso, han sido de manera permanente los casos en que los jóvenes son utilizados para la delincuencia para cometer todo tipo de delito, justamente porque la sanción es mucho menor comparada con la sanción o la pena que tiene un adulto”.

Exhortó al Poder Legislativo a analizar la propuesta y debatir la necesidad de reducir la edad penal, únicamente cuando se trate de la comisión de delitos graves.  

 

 

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El imputado, de 18 años de edad, está sujeto a la medida de prisión preventiva.

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"El feminicidio debe atenderse como un fenómeno social desde políticas públicas de salud y no sólo como un problema de seguridad", declaró la psicóloga Josefina Solís Alcántara, docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Señaló que es necesario generar más programas preventivos desde niveles básicos de la educación para que los niños varones y sus familias adquieran conocimientos y herramientas para identificar conductas violentas contra las mujeres desde la niñez. 

La psicóloga refirió, que, en la mayoría de los casos, los feminicidas fueron niños violentados en su núcleo familiar, escuela y medio donde conviven, lo que provoca conductas violentas reactivas que se reproducen de generación en generación contra las mujeres.

Aunado a esas condiciones, Josefina Solís indicó que la mente de un feminicida es el resultado de diversos factores como el contexto social y el económico, generadores de rasgos psicopatológicos en los varones que desde niños naturalizan la agresión hacia las mujeres.

“Mientras no haya una intervención integral y familiar desde temprana edad, el riesgo de crear personas violentas y feminicidas es mucho, se seguirán criminalizando y revictimizando a las conductas de las mujeres violentadas por hombres que, aunado a la impunidad de los casos de feminicidio, estos seguirán en aumento en Morelos y en todo México”, dijo.

 

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La CDHEM inició una queja de oficio por el asesinato de la maestra Nallely Vergara Ocampo.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos condenó el feminicidio de la profesora Nallely Vergara Ocampo y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer este crimen y todos los asesinatos de mujeres. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) inició una queja de oficio por este caso.

El presidente de los barristas, Iván Velasco Alcocer, lamentó la demora en la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares y pidió a la fiscalía esclarecer a la brevedad este caso, dada la intervención de la División Científica de la Policía Federal en el procesamiento de evidencias.

Afirmó que la FGE no tiene pretextos para realizar su trabajo con eficiencia y eficacia, pues no sólo la institución fue dotada de autonomía, sino de los medios necesarios para disponer de los recursos materiales y humanos para el combate y persecución del delito.

También exigió a la fiscalía transparentar el uso de recursos, pues a pesar de que se incrementó su presupuesto, la ciudadanía no tiene certeza de que sea aplicado adecuadamente ni que se hayan eliminado los privilegios a los altos funcionarios ni aplicado verdaderas medidas de austeridad para dar prioridad a la operatividad de la institución.

Dijo que espera que el fiscal Uriel Gándara Carmona rinda cuentas de los resultados a lo largo de un año de gestión y transparente el uso de los recursos.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) emitió un comunicado en el que lamentó el feminicidio de la docente y decenas de homicidios ocurridos en los primeros meses del año.

“La CDHMorelos lamenta el momento de violencia por el que atraviesa la entidad y que ha cobrado la vida de más de 350 personas en los primeros 4 meses del 2019. En ese sentido, se informa la apertura de la queja de oficio 079/2019-5 por el asesinato de la maestra Nallely "N", reportada como desaparecida el viernes 3 de mayo y encontrada sin vida el sábado 4 de mayo en el municipio de Temixco.

“Urgimos a las autoridades a reforzar su capacidad de respuesta ante la violencia que azota la entidad, especialmente la violencia en contra de las mujeres y la niñez”.

 

   

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La reforma constitucional se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde este sábado entró en vigor la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incrementa el número de delitos que desde ahora ameritarán prisión oficiosa.

De acuerdo con la modificación constitucional realizada por los legisladores federales, el Ministerio Público podrá solicitar y el juez ordenar la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También procederá la prisión preventiva en los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, a partir de la vigencia de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene un lapso de 90 días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, el aumento de los delitos con prisión preventiva oficiosa.

Los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El legislador dispuso también que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.

En el lapso señalado, dice el decreto, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficacia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

La evaluación deberá de tomar los siguientes puntos: 1) Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2)  Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3) Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4) Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5) Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; y 6) Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros.

La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

 

 

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Una activista encaró al funcionario y le reprochó su proceder.

En lo que va del año se han registrado en Morelos 19 feminicidios, informó la representante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la entidad, Digna Ochoa, quien este viernes demandó al fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara, que no se revictimice a mujeres desaparecidas y a jóvenes que son localizadas.

La activista abordó al funcionario estatal cuando éste salía del Palacio de Gobierno. Le expresó su preocupación por la forma en la que se ha dado a conocer la información acerca de menores de edad que estaban reportadas como desaparecidas y que fueron localizadas.

Explicó que van al menos tres casos, en los que se divulga la imagen de las mujeres de entre 14 y 15 años, se da a conocer que “se fueron por su propia voluntad” y que “estaban con el novio”. Se dice que “no estaban desaparecidas”.

Encaró al fiscal, a quien le reclamó que se exhiba a las niñas y jóvenes de esa manera porque las revictimiza, las coloca en una situación de escarnio.

Uriel Carmona Gándara respondió que en lo personal está de acuerdo, agradeció el comentario de Díaz Pineda, se comprometió a corregir esta situación, pero le pidió que presentara su solicitud por escrito, para darle el curso formal y remitirlo a la Visitaduría. Díaz Pineda se comprometió a entregar el oficio requerido el lunes.

En entrevista, informó que la organización tiene registrados 19 casos de feminicidio en Morelos y externó que la preocupación mayor es que la tendencia parece ir en aumento, ya que en enero de este año, el mes cerró con diez casos y hoy estamos a mitad del mes y ya hay nueve.

En cuanto a desapariciones, indicó que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa tiene un recuento de 24 mujeres desaparecidas, de las cuales 20 fichas de búsqueda y localización de la Fiscalía fueron emitidas en enero y cuatro en lo que va de este mes.

Susana Díaz expresó que no ven políticas eficaces y un indicador es que la autoridad, incluso, se niega a dar una estadística oficial de dicho delito. “Lo que nos mueve a levantar la voz es que no hay una estrategia; no hay más que declaraciones totalmente fuera de contexto, cuando no se dice que a las mujeres se les quita la vida porque forman parte de la delincuencia organizada, se les dice que son prostitutas. Estamos ante una autoridad que se niega a reconocer que el tema de la inseguridad de las mujeres está rebasado”, añadió.  

 

 

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Sábado, 29 Diciembre 2018 05:03

Pide CIDH combatir los feminicidios

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) condenó el secuestro y la privación de la vida de la estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) María Fernanda Estefanía y demandó que se apliquen protocolos en caso de feminicidio y que se resuelva éste y todos los casos de mujeres víctimas de violencia.

José Martínez Cruz, representante de dicha organización promotora de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, señaló que tal y como lo establece la norma, se deben aplicar los referidos protocolos en todos los asuntos, en los que es encontrado el cuerpo de una mujer a la que le es arrebatada la vida.

“Ante el feminicidio de la joven estudiante de medicina de la UAEM, que se suma a más de mil 46 casos ocurridos del 2000 al 2018 en Morelos, sumamos nuestra voz de protesta e indignación, exigiendo investigación y justicia para ella y todos los casos de feminicidio”, expresó Martínez Cruz en entrevista telefónica.
Cabe recordar que de acuerdo con datos oficiales, la joven -hija del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM- fue reportada como desaparecida desde el 13 de diciembre pasado y su familia informó que recibió la exigencia de pago de rescate. El cuerpo fue encontrado el 24 de este mes y hasta el pasado jueves se estableció plenamente su identidad.

Ante los hechos, la CIDH expresó: “resulta doloroso que un día sí y al otro también sean privadas de la vida mujeres, en su mayoría jóvenes, con tanto por vivir. Víctimas de la violencia machista, misógina, patriarcal, que se alimenta de la impunidad y la falta de justicia, de un sistema que tiene instituciones que no atienden ni investigan, mucho menos previenen, ni sancionan a los feminicidas. Indigna que en lugar de garantizar una vida libre de violencia, se criminalice a las mujeres y se les condene al ostracismo y la reclusión, cuando las calles y lugares públicos deben ser para todas las personas”.

La CIDH exigió que se apliquen todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género, no sólo en los ocho municipios en los que ya fue declarada oficialmente sino en todo Morelos.

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