Envía al Congreso varias observaciones y espera la respuesta de diputados.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso local algunas observaciones sobre el acuerdo por el que se determina reducir la permanencia de los magistrados del Poder Judicial, debido a cuestiones de procedimiento legal, informó el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado.

El funcionario estatal dijo que en esta área se realizó el estudio a fondo sobre la constitucionalidad y legalidad de dicho acuerdo del pleno legislativo, como lo indica la norma, antes de publicarlo en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Explicó que de acuerdo con dicho análisis – que fue entregado primero al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo- hay violaciones al procedimiento.

Por ello, haciendo uso de sus facultades envió el miércoles pasado las observaciones correspondientes a la cámara de diputados.

El abogado refirió que en este caso faltaron pasos del procedimiento: “es decir se necesitaba hacerse la propuesta en su momento, remitirse a comisión, elaborarse un dictamen y posteriormente pasarse al pleno legislativo, para su conocimiento, votación y en su caso aprobación”.

Hizo notar que ese procedimiento aplica en iniciativas y en acuerdos, que deben cumplir con las reglas establecidas y en el  caso citado se llevó directamente al Pleno del Congreso, lo que abriría la posibilidad de que los magistrados podrían impugnar.

Ahora, apuntó, está en manos del Congreso. El Poder Legislativo tiene 40 días para determinar si coinciden o no con dichas observaciones; de ser así, se debería realizar el proceso legislativo ya referido, y emitir la resolución que podría ser en el mismo sentido o en otro”.

Comentó que por ahora las cosas se quedan como estaban. Si el Congreso decide que seguirá en los mismos términos, entonces el Ejecutivo en esta segunda ocasión tendría la obligación legal de publicar el multicitado acuerdo en el periódico oficial, pues ya ejerció el derecho de veto, que solo puede aplicarse la primera vez.

En la opinión del consejero jurídico del gobierno estatal, esta situación no interfiere con la posibilidad de que salga del cargo la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Carmen Cuevas López, al referir que hay varios antecedentes incluso en Morelos: “Prevalece ahorita lo que tenía, pero si persistiera la resolución en el mismo sentido del Congreso del Estado, podría aplicarse, tendría que salir en ese momento, hay antecedentes como en los casos de los magistrados Ricardo Rosas Pérez, Virginia Popoca González, Ezequiel Honorato, cuando tenían inamovilidad hasta los  65 años, y sin embargo en su momento la Corte dijo o, hasta aquí y hasta ahí llegaron. En aquél entonces se habló de 14 años, el magistrado Ricardo Rosas ya hasta había cumplido 14 años y son situaciones que podrían ocurrir”.

Sotelo Salgado expuso que han observado varias irregularidades en la pasada legislatura en cuanto a proceso, que, por vencimiento de plazos, ya no se pudieron echar abajo cuando llegó esta administración; entre ellas, precisamente la reforma que amplió a 20 años la permanencia de los magistrados y el tema de las “pensiones doradas” que se trataron de echar abajo.

Hizo énfasis en que incluso ya hay dos resoluciones de amparo a favor de igual número de personas que obtuvieron esas jubilaciones.

Sobre el tema, añadió que buscarán el camino legal para impugnar.   

 

 

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Beatriz Vicera Alatriste está sustraída de la justicia, confirman.

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Nombramientos en ESAF e IMIPE también se realizarán dentro del presente periodo ordinario, anticipa Tania Valentina Rodríguez.

El 12 de julio próximo , los diputados locales desahogarán la carga de trabajo que arrastran desde el año pasado, incluidos los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), aseguró la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
En entrevista, la legisladora local refirió que también se aprobarán más de 11 dictámenes de iniciativas de reformas legales que propusieron sus homólogos, además de las propuestas que planteó el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
Para ello, señaló que este miércoles 3 de julio recibirán el paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo, que plantean la creación de las leyes de Videovigilancia y la que regulará el uso de tecnologías para seguridad pública. 
La diputada afirmó que dichas propuestas son de prioridad, por lo que se pretenden aprobar en este periodo ordinario y no en un extraordinario para el mes de agosto, como plantearon algunos legisladores. 
"Vamos a trabajar lo más que se pueda para sacar los rezagos legislativos y dejar este periodo legislativo con los temas más importantes resueltos, iniciativas que valen la pena, iniciativas de seguridad, vamos a trabajar a marchas forzadas y (que) no haya período extraordinario", manifestó. 

 

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Se revisa la legalidad y constitucionalidad del acuerdo que reduce el tiempo de permanencia de los magistrados; no se descarta que gobernador pueda vetarlo.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, sostuvo que el Ejecutivo analiza el acuerdo por el que el Congreso local decidió reducir de 20 a 14 años la permanencia de magistrados del Poder Judicial y de ser procedente podría aplicar su derecho de veto o enviar observaciones, para lo cual tiene un plazo de 10 días.

El funcionario estatal mencionó que ante de que se publique en el periódico oficial del estado “Tierra y Libertad”, se revisa la legalidad y constitucionalidad de dicho acuerdo.

En su caso, el Poder Ejecutivo podría ejercer su derecho de veto y enviar observaciones al Congreso del estado, para ello tiene un plazo de 10 días a partir de la notificación.

Consideró que se emitirá la resolución del jurídico esta semana, la cual será entregada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El abogado refirió que se trata de un proceso similar a lo que ocurrió con el presupuesto, puesto que si hay observaciones se envían a la legislatura, la cual a su vez las revisa y reenvía al Ejecutivo.

Sotelo Salgado dijo que, hasta donde tiene conocimiento, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Carmen Cuevas López promovió un amparo y una ampliación de amparo, mismos que fueron desechados; el asunto se remitió a otro juzgado, que también lo desechó.

Cuestionado sobre el anuncio en el sentido de que Cuevas López tendría que dejar la cargo este 4 de julio y el Ejecutivo sigue en revisión del multicitado acuerdo, el consejero expresó: “si no se publica es porque tendríamos que hacer observaciones, por ello consideramos que tendremos la decisión dentro del plazo que les da la ley”.

En cuanto a la magistrada y sus tiempos apunto: “ella tendrá la oportunidad de hacer lo que considere como lo ha hecho, que es el juicio de garantías del que hasta el momento no se le ha dado entrada”.

 

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Se realizó foro regional para recibir propuestas ciudadanas.

Cuautla.- Aun cuando ya existe una reforma constitucional con algunos mecanismos, en el Congreso del estado se trabaja para impulsar la revocación de mandato como parte de la creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana, señaló la diputada local Ana Cristina Guevara, al encabezar el cuarto foro regional para conocer las opiniones y propuestas de las organizaciones civiles, en esta ciudad.

Indicó que dicha reforma aún está en espera y se contempla su inclusión en la nueva iniciativa de ley para hacer posible que, así como el pueblo pone, también pueda quitar mediante una evaluación.

“Lo que pretendemos es que la sociedad civil y las organizaciones nos den sus propuestas para poder ser incluidas en esta nueva ley que pretendemos impulsar, donde los mecanismos de participación ciudadana son la estrella; queremos que éstos sean una realidad”, manifestó.

Ana Cristina Guevara destacó que durante los foros se ha contado con la participación de asociaciones civiles, barras de abogados y la sociedad en general para conocer sus aportaciones que serán tomadas en cuenta para la conformación de la iniciativa de ley, en la que se cuenta con la colaboración del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

“Una cosa muy novedosa son las propuestas ciudadanas que se pueden hacer a partir de una consulta, el plebiscito, el referéndum y ahorita estamos trabajando la propuesta de la revocación de mandato”, aseveró.

 

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El presidente de la Mesa Directiva del Congreso rechaza conflicto entre Poderes a raíz de la medida.

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, rechazó que haya un conflicto entre poderes por el acuerdo que aprobó el Pleno Legislativo, el lunes pasado, para reducir de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial. 
En entrevista, el legislador local defendió la medida aplicada por el Poder Legislativo y dijo que están preparados jurídicamente para cualquier acción legal que pudiera promover el Poder Judicial. 
Sotelo Martínez afirmó que la aprobación del punto se consensó desde hace mucho tiempo, ya que es uno de los tantos excesos que cometieron los ex diputados de la LIII Legislatura. 
"Esto no obedece a una discusión o a un debate entre poderes, esto obedece a los muchos de los pendientes que quedaron de la legislatura pasada y por supuesto, al tomar una decisión legislativa por supuesto que estamos preparados jurídicamente para poder reforzar, solventar las necesidades que se vayan originando", añadió. 
Sotelo Martínez confirmó que el punto de acuerdo ya fue enviado  al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial" Tierra y Libertad" y que pueda entrar en vigor de forma inmediata. 
En cuanto a las acciones legales que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) amenazó con promover en contra del punto de acuerdo, por considerar que es ilegal, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo que hasta el momento no se ha concretado nada. "Lo que yo puedo decirles es que ella votó y ahí está el video", finalizó. 

 

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Miércoles, 26 Junio 2019 05:12

Ignorarán magistrados acuerdo del Congreso

El TSJ considera que carece de validez la decisión de abrogar el periodo de 20 años en el cargo.

El Poder Judicial desconoció el acuerdo aprobado por el Congreso local para abrogar la extensión del periodo de los magistrados a 20 años y anunció medidas legales para contrarrestar la decisión legislativa.

A través de un breve comunicado, el Tribunal Superior de Justicia recalcó que el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, legalmente solo tiene un alcance de pronunciamiento, exhorto o recomendación, y de ningún modo está por encima de lo que establece la Constitución del Estado de Morelos.  

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el Congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la lógica jurídica”, recalcó y advirtió que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”.

Agregó que  TSJ respeta la división de poderes, pero está comprometido con la defensa de la autonomía e independencia, el estado de derecho y principalmente la Constitución.

La legislatura anterior realizó una reforma constitucional para extender de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados, lo cual fue criticado por diversos sectores sociales.

Incluso, a petición de organizaciones de abogados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma.

 

  

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Es beneficiaria de una de las “pensiones doradas”.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y excandidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso, tras ser una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la imputada fuese sujeta a proceso penal.

A solicitud de la representación social y la defensa de la imputada, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal JC/698/2019. 

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista, Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

El decreto pensionario de la exfuncionaria, al igual que 70 más, fue sometido a revisión por la actual legislatura, quien determinó revocar dicho decreto y ordenó a la dirección jurídica del órgano legislativo iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón, por la presentación de documentación dudosa o falsa y por no acreditarse que efectivamente laboró al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión por jubilación que le fue concedida. 

 

 

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No avalaré el albazo político de algunos legisladores, dice la diputada.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz expresó su total desacuerdo por “la violación al proceso legislativo que se pretende dar a un punto de acuerdo para cambiar el decreto que concedió ampliación al tiempo de estancia en el cargo a los magistrados del Poder Judicial”.

La diputada aseguró que su compañero José Luis Galindo actuó por cuenta propia y promovió un asunto que pretende desestabilizar al estado y violentar el
Estado de Derecho.

“En una acción parecida a un albazo. En lugar de presentar una iniciativa de ley con proyecto de decreto, se pretende con un punto de acuerdo, tomar una decisión de gran calado, que por cierto, está sujeta a una controversia constitucional que será la única que con la fuerza de la ley podrá determinar la legalidad de la medida”.

“Desde luego que, como diputada, denuncio la chicanada que se pretende consumar, pues a un punto de acuerdo, con mala y premeditada intención, se le pretende dar fuerza de decreto”.

Tania Valentina Rodríguez dijo que de ninguna forma avala esa acción del diputado como una acción del grupo parlamentario, y que dicho legislador actúa en todo caso, “a título personal”. 

En la intervención de la legisladora en asuntos generales de la sesión, dejó constancia de que el sentido de su voto fue en contra de este “albazo legislativo”, y advirtió la posibilidad de presentar denuncias por responsabilidad administrativa en contra de los diputados de la mesa directiva que avalen con su firma un escrito que se presentó con formato de punto de acuerdo y al que ahora se le quiere dar forma de decreto. 

 

 

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Plantean que quienes incurran en ese ilícito, no salgan en libertad bajo caución.

El Poder Ejecutivo entregará al Congreso local una propuesta de iniciativa de reforma para tipificar la extorsión como delito grave, para endurecer las sanciones, lo que permitirá que quienes cometan ese ilícito en sus diversas modalidades, como el denominado “derecho de piso”, no salgan en libertad bajo caución.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, indicó que la reunión que se tenía programada para hoy con la comisión legislativa de seguridad se difirió para el miércoles; sólo recibió la noche anterior, la llamada de la presidencia de la Legislatura, que le informaba lo anterior, porque ayer los diputados tenían programada la sesión del pleno.

El funcionario estatal adelantó que en el próximo encuentro analizarán el avance de las propuestas ya formuladas en materia de seguridad, relacionadas con el uso de tecnologías, regulación de empresas de seguridad privada y en el tema de videovigilancia.

Además, presentarán en comisiones, para generar consensos previos, el proyecto de iniciativa para tipificar como grave el delito de extorsión, pues actualmente quienes incurren en ese ilícito pueden salir en libertad bajo caución.

Refirió que todas las iniciativas emanaron de la mesa de coordinación para la seguridad y la paz, luego del análisis de la situación delictiva y de plantear factores así como alternativas ante la inseguridad.

Sanz Rivera comentó que el objetivo es que se considere un delito de mayor gravedad, para que la gente denuncie esos casos de extorsión, pues muchas de las víctimas no quieren hacerlo porque saben que no se castiga con prisión o los presuntos responsables pueden ser imputados en libertad bajo medidas cautelares como la caución. “Actualmente no pasa nada, la gente dice para qué voy a denunciar si al rato están fuera”.

En cuanto a las penas, dijo que no se han adelantado a hacer propuestas, porque se busca consensuar de manera previa con legisladores la referida iniciativa.

Cuestionado respecto al reclamo de elementos de la Policía Industrial Bancaria – quienes exigieron este lunes mejores condiciones de trabajo y denunciaron presunto maltrato- Sanz Rivera dijo que dialogarán con quien dirige esa corporación para conocer la situación y dar una respuesta a los policías.

 

 

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