Persiste disputa en tribunales entre municipios de origen y de nueva creación.

La disputa legal entre municipios de origen y de nueva creación no para y esta vez el Ayuntamiento de Tetela del Volcán impugnó el acuerdo modificatorio que expidió hace unos días la Secretaría de Hacienda estatal para asignar presupuesto a los municipios indígenas recién instaurados.

El ayuntamiento promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 256/2019, a través de la cual pretende reclamar la invalidez del acuerdo publicado el 25 de junio, por el que fue modificado el acuerdo de 15 de febrero de 2019 y se dio a conocer el calendario de entrega, así como los nuevos porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables y las aportaciones estatales que corresponden a los municipios del estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019.

En el acuerdo impugnado, la Secretaría de Hacienda estableció la redistribución de recursos que corresponderán a los municipios de origen y a los de reciente creación, lo que propició que los primeros tuviesen una reducción de recursos.

Los montos totales determinados que les corresponde para el ejercicio 2019 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos son: para Miacatlán, municipio de origen, serán 30 millones 882 mil pesos, mientras que para el territorio escindido y fundado como municipio indígena de Coatetelco, serán 20 millones 220 pesos; para Puente de Ixtla, 49 millones 104 mil pesos, mientras que para Xoxocotla, 29 millones 599 mil pesos; para Tetela del Volcán, 29 millones 355 mil pesos, mientras que para Hueyapan, 16 millones 18 mil pesos.

Dado el impacto financiero para Tetela del Volcán es que, a través de la síndica municipal, Mirella Castro Mendoza, el ayuntamiento decidió impugnar el acuerdo de redistribución presupuestal por la vía de la controversial constitucional.

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El nombramiento de titular de la ESAF se hará en periodo extraordinario, confirma la presidenta de la Junta Política del Congreso, Tania Valentina Rodríguez.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusó a su homóloga priista Rosalina Mazari Espín de haber ocultado 65 informes de resultados de las auditorías aplicadas a instituciones públicas estatales y municipales que fueron realizadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
En rueda de prensa, la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) expuso que sin ninguna justificación la diputada Mazari Espín, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, archivó dichos resultados y se negó a emitir las declaratoria de validez.
En tanto, agregó, la diputada determinó aprobar informes de cinco municipios en sus cuentas públicas 2016 y 2017, incluidos Cuernavaca y Jojutla.
De acuerdo con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Mazari Espín habría incurrido en graves irregularidades, por haber ocultado los resultados de auditorías importantes y por haber avalado las cuentas públicas de cinco municipios sin el voto de la mayoría de los  diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la sesión del pasado 5 de julio.
Por lo anterior, la legisladora informó que procederá legalmente en contra de su homóloga por las faltas en las que pudo haber incurrido, y que tendrían efectos penales, administrativos y políticos.

Titular de la ESAF, en período extraordinario

Por otro lado, Rodríguez Ruiz informó que el nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) se concretaría en un período extraordinario de sesiones, luego de que en la sesión de este lunes no se lograron los votos para que Miguel Ángel Romano Fuentes fuera electo.
Dijo que la Comisión Calificadora, que integra ella al igual que las coordinadoras de los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá que emitir un nuevo dictamen, aunque descartó que estén obligadas a reponer el proceso de designación.
En tanto, continuará como encargado de despacho Uriel González Sotelo. 

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Espera Ejecutivo próximas reformas en torno a extorsión, “narcomantas” y videovigilancia.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, celebró que el Congreso local aprobó dos leyes en materia de seguridad, cuyos proyectos se trabajaron de manera conjunta entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Quedan pendientes algunas propuestas, como tipificar como delito grave la extorsión.

El funcionario estatal recordó que el Ejecutivo presentó a los diputados, en el seno de la comisión de seguridad del Congreso local, las propuestas de Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos, así como la Ley que Regula el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Las iniciativas fueron elaboradas de forma conjunta con los equipos jurídicos de ambos poderes.

A su vez, el contenido de dicha legislación emanó de propuestas que surgieron de los trabajos cotidianos en la Mesa para la Paz y la Seguridad en la que también participan instituciones federales.

Sanz Rivera apuntó que esperarán a conocer si la legislación quedó como se había acordado, o hubo modificaciones al dictamen; de ser así continuarán con el procedimiento habitual, que es su publicación en el periódico oficial.

Apuntó que quedan pendientes algunas propuestas, entre las que destacó la de reformar el marco legal para que se clasifique como delito grave la extorsión, lo que implica sanciones más severas.

Además, queda en revisión la reforma en la legislación en torno a delitos relacionados con la elaboración y publicación de mantas -conocidas como “narco mensajes”- y finalmente está en pausa la ley en materia de videovigilancia.

En este último caso, Sanz Rivera dijo que los equipos jurídicos de los dos Poderes revisaron si contenía algún punto contradictorio con otras leyes o principios constitucionales, pero se revisarán algunas inquietudes en cuanto a la privacidad o la obligatoriedad de que empresas conecten sus sistemas de videovigilancia con el centro de control oficial conocido como C5.

El jefe de la oficina de la gubernatura comentó que más adelante revisarán si las nuevas leyes implican la necesidad de más recursos económicos.

  

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El Congreso del estado podría exentar de cumplir el programa de verificación vehicular a los agricultores y a los ganaderos, con la justificación de que no cuentan con recursos para la renovación de sus unidades.

Mediante una reforma a la Ley de Transporte del Estado de Morelos, los legisladores locales pretenden hacer una excepción en las obligaciones de los ciudadanos, ya que el sector agropecuario podría mover sus automóviles de trabajo aún sin cumplir con las normas ambientales.
De acuerdo con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Javier García Chávez, se trata de un apoyo al sector, que no cuenta con los ingresos suficientes para renovar sus vehículos.
Sin embargo, dijo que impulsarían a la par la creación de un fondo para apoyar a los agricultores y ganaderos para la renovación de su parque vehicular, para lo cual se tendría que crear un padrón del sector agropecuario, para evitar que cualquier otro ciudadano  incumpla con sus obligaciones en materia ambiental.
La propuesta no cuenta con el respaldo de los diputados para ser aprobada por el Pleno.

Incluso, ayer por la mañana, integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire pidieron a los diputados reconsiderar esa propuesta, pues sería un retroceso en las acciones emprendidas para el cuidado del medio ambiente. 

 

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Hay elementos para enjuiciar a María del Carmen Cuevas López, insiste Leonel Díaz Rogel.

El abogado Leonel Díaz Rogel promovió un juicio de amparo por el desechamiento del Congreso de su solicitud de juicio político contra la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López.

El litigante insistió en que aportó al Poder Legislativo elementos suficientes y fehacientes para acreditar la responsabilidad de la representante del Poder Judicial por violaciones a la Constitución Política del Estado, usurpación de atribuciones, violación grave a las garantías y derechos fundamentales de magistrados, y el abandono o desatención injustificada de sus funciones.

Recalcó que un ejemplo de las irregularidades cometidas por Cuevas López fue mantener ilegalmente en funciones a la Comisión Transitoria (integrada por ella y dos magistrados más) y la resistencia a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura y que por disposición constitucional debió entrar en funciones desde el 5 de abril del año 2018, pero fue hasta el día 3 de junio que se instauró en condiciones legales cuestionables.  

Recordó que su solicitud de juicio político estuvo soportada por 57 pruebas y 28 anexos que acreditaban la responsabilidad política de la magistrada presidente, pero el Congreso decidió desecharla sin fundamentación ni motivación.

Por tal razón, promovió el juicio de amparo 949/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, para impugnar el desechamiento dictado por los diputados integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos.

 

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El Legislativo estatal pide a la SCT subsanar deficiencias no sólo en dicha obra, sino también en el Paso Exprés.

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Diputada afirma no haber renunciado al partido y anuncia proceso legal.

La diputada Maricela Jiménez Armendáriz pidió a Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), "saque las manos" del nuevo proceso de renovación del instituto político con registro en Morelos. Lo anterior, tras haber denunciado que el actual delegado federal atropelló sus derechos políticos al haberla eliminado del padrón de militantes. 
En rueda de prensa, la actual coordinadora del grupo parlamentario del PES en el Congreso del estado afirmó que Flores Cervantes ha actuado de manera "mezquina", pues también borró del padrón de militantes a delegados, consejeros y otros compañeros que fueron fundadores del Partido en Morelos. 
"Nunca imaginé que fuera él quien buscaría, a través de estrategias viles, coartar mis derechos y actuar contra la militancia al viejo estilo de la política del garrote", manifestó. 
Por ello, la legisladora informó que promovió un juicio de derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), con la finalidad de que se le reconozca como militante fundadora del PES, ya que durante su paso en el instituto político fungió como delegada, dirigente estatal y representante legal.
Aseguró que nunca renunció, como se informó en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por lo que dijo desconocer quién firmó la carta que el órgano electoral presentó durante el proceso de aprobación del registro del PES en lo local, y que la descartó como representante legal del mismo instituto. 
Jiménez Armendáriz afirmó que Hugo Eric Flores ya no tiene ninguna facultad o control sobre el Partido en Morelos, pues a nivel nacional el PES perdió su registro. 
"Exijo a Hugo Eric Flores saque las manos de los procesos del estado y enfrente las consecuencias de las malas decisiones; no más imposiciones; en el estado decide la militancia; no más cúpulas y sus ambiciones", finalizó. 

 

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Lo atribuye a la disputa por presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

La renovación de las presidencias de la Mesa Directiva, de la Junta Política y de Gobierno y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública -a unos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, el próximo 15 de julio- ha iniciado una nueva disputa entre las fuerzas políticas con representación en el  Congreso. 
Marcos Zapotitla Becerro, diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que el grupo de 14 legisladores (G14) que controla el Congreso se fracturó después de varios meses de unidad, porque  al menos cuatro diputados buscan presidir la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno para el segundo año de la LIV Legislatura. 
"Esas eran alianzas por ambición y no por compromiso legislativo, yo en tribuna lo pronuncié, que una vez que se diera la recomposición veríamos resquebrajarse al G14, y como fue, porque sólo hay de dos sopas, la Mesa Directiva y la Junta Política", manifestó Zapotitla Becerro, quien integra un grupo de seis diputados (G6) que han sido oposición a la mayoría. 
Sostuvo que si no se logran acuerdos antes del 15 de julio para el nombramiento del nuevo presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez podría continuar al frente hasta que se logren acuerdos y eso podría suceder en un período extraordinario de sesiones, en el mes de agosto. 
En el caso de la Junta Política y de Gobierno, sostuvo que la pugna prácticamente está entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que a este último  le correspondía la Junta Política y de Gobierno en el primer año de la LIV Legislatura y se designó a la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 
Manifestó su confianza en que se logren los consensos antes de la próxima semana, de lo contrario, el segundo año legislativo iniciará con un Congreso mucho más fracturado que en septiembre pasado, cuando inició la legislatura. 

 

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Justifica acusaciones con deudas que dejó Francisco Moreno Merino.

La ex diputada perredista Beatriz Vicera Alatriste reapareció públicamente y desmintió que esté prófuga de la justicia, al ser investigada por el delito de peculado. Afirmó que teme por su integridad y la de su familia. 
Este lunes, la ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado ofreció una rueda de prensa en un domicilio privado de Cuernavaca. Acompañada de su abogado Jesús García Aguilar, afirmó que "he sido tratada como la peor de las delincuentes", a causa del cateo que el viernes pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizó en su casa y durante las audiencias a las que acudió. 
Vicera Alatriste afirmó que no ha intentado irse del país para evadir la acción de la Justicia, pues afirmó que recientemente sufrió una pulmonía, causada por la fibrosis pulmonar que padece desde que fungió como legisladora local. 
Sin embargo dijo que teme por su integridad y la de su familia, ya que se han tomado decisiones de manera "parcial", por lo que le pidió al gobernador del estado "no quite los ojos de mi caso". 
"Fui víctima, como si fuera yo la peor delincuente de este estado, me trataron de lo peor, eso nunca se había visto en este estado, eso no se vale, yo estuve yendo a las audiencias que me estuvo requiriendo a la Fiscalía, tres veces bajaron la carpeta, la volvían a subir, nos volvían a citar", agregó la ex diputada con lágrimas en los ojos y conectada a un tanque de oxígeno para poder respirar, a causa de su pulmonía. 
El abogado Jesús García Aguilar informó que por prescripción médica, durante los próximos 21 días Beatriz Vicera no podrá presentarse a ninguna audiencia, de ahí que promovieron un amparo con el que lograron la suspensión provisional de un juez federal para que la ex diputada no sea aprehendida. 
El litigante confió en que se obtenga la suspensión definitiva y puedan continuar con el caso cuando la ex presidenta del Congreso esté mejor de salud. 
De acuerdo con García Aguilar, a su clienta nunca se le acusó de robarse dinero del Congreso del Estado, sino que es señalada por no haber enterado 23 millones de pesos de las cuotas de los trabajadores ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Sin embargo, justificó dicha acción al asegurar que la ex diputada no cumplió porque tuvo que pagar deudas que recibió cuando tomó la presidencia de la Mesa Directiva, en sustitución del priista Francisco Moreno Merino. 

  

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Recibe secretario de Gobierno a integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, recibió a los integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, con el objetivo de coordinar entre las instituciones los trabajos orientados a promover, impulsar y garantizar la participación política de las mujeres, hasta el logro de la igualdad sustantiva en el estado.

Dicho órgano está integrado por Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac); Keila Celene Evaristo Figueroa, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local; Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos; y Flor Dessiré León Hernández, titular del Instituto de la Mujer en la entidad.  

El acercamiento se debe a la necesidad de actualizar el convenio con el que se estableció el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, y a partir de ahí, avanzar en las acciones afirmativas previstas en los objetivos y proyectos de dicho órgano, dentro de los que destacan temas como: la armonización legislativa en temas de paridad de género, y la tipificación de la violencia política contra las mujeres, como delito.

El Observatorio en cuestión se concibe como un mecanismo de coordinación, promoción y fortalecimiento de la participación política de las mujeres, mediante la implementación de acciones específicas y recomendaciones dirigidas a organismos públicos, así como a diversos sectores de la sociedad.   

En ese sentido, Pablo Ojeda ofreció total apoyo de la Secretaría de Gobierno en los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Morelos, e instruyó al secretario Técnico, Leonardo Silva Anguiano, coordinarse con el equipo de trabajo dispuesto para ese fin.

 

 

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