Ana Lilia Mata

Ana Lilia Mata

Abogados y ciudadanos presentaron ante el Congreso local, este jueves, una solicitud de juicio político en contra del ex titular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu.

Al respecto, el abogado Enrique Paredes Sotelo refirió que la demanda de juicio político se presenta por la afectación grave a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la violación a los derechos humanos de los universitarios, por la retención de 100 millones de pesos durante los meses de julio y agosto del año pasado.

El litigante anotó que Graco Ramírez "vulneró derechos humanos de 40 mil estudiantes y seis mil trabajadores de la máxima casa de estudios" en Morelos.

Los abogados y catedráticos de la Universidad entregaron la solicitud de juicio político al diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien se comprometió a darle turno al caso y revisarlo a fondo en la comisión que preside.

Por su parte, los quejosos adelantaron que están recabando más elementos para enjuiciar al ex gobernador y a otras autoridades, por diversas faltas cometidas en su responsabilidad.

Ante las constantes protestas por la falta de agua en colonias de la capital de Morelos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Antonio Sánchez Purón, consideró necesario que se audite al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).

Lo anterior, para aclarar la crisis financiera en el sistema operador.

El empresario manifestó que son los ciudadanos los que están pagando las deudas del SAPAC, con escasez del líquido vital, por tal se debe poner orden en el organismo y evitar mas desvíos de recursos.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que se investiga la presunta comisión de un fraude por autoridades de la pasada administración, por cerca de 190 millones de pesos, en la contratación de sistemas informáticos que no funcionan.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que presuntamente se contrataron tres sistemas y ninguno funcionó, lo que ha ocasionado que en las últimas semanas no se haya activado en su totalidad el cobro de derechos en control vehicular.

Sostuvo que una vez concluida la investigación interna, se presentará una denuncia penal y se iniciará un proceso ante la Contraloría del estado.

Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Cultura anunciaron el encuentro "Miquixtli, Festividad Indígena y Popular del Día de Muertos".

Se desarrollará del 1 al 4 de noviembre, en el Jardín Borda; en dicho encuentro también reflejarán costumbres de Oaxaca.

El primer día de actividades iniciará con un desfile de El Calvario hacia el Jardín Borda.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar y estar atenta de las actividades, que serán totalmente gratuitas; además, se contará con la participación de artesanos.

Afirman que sus ingresos son mínimos, mientras la empresa es la más beneficiada por cada servicio prestado al usuario.

Choferes de Uber protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo, pues afirmaron que están en quiebra, mientras que la empresa es la más beneficiada por cada servicio prestado al usuario.

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, los operadores se movilizaron en la Paloma de La Paz, donde manifestaron sus inconformidades en contra de la empresa.

Afirmaron que los ingresos que obtienen diariamente no les alcanzan para vivir, pues Uber cobra por servicio prestado más del 30% de comisión. Además, señalaron que la tarifa básica o mínima que aplican es de 25 pesos, mientras que un taxi concesionado cobra 35 pesos.

"Lejos de darnos ganancias, nos está generando pérdidas, sobre todo a los que creyeron en Uber e invirtieron y sacaron un carro de agencia. Entonces, ellos se están quedando sin la posibilidad de pagar su auto, están perdiendo sus créditos y se están quedando sin nada", declaró uno de los choferes inconformes, que no quiso dar su nombre.

Los choferes más tarde se movilizaron a las oficinas de Uber en Cuernavaca y presentaron un escrito en el que también solicitaron que se elimine un nuevo plan de "tarifa anticipada", pues tampoco les conviene, ya que en muchas ocasiones el usuario hace paradas o el servicio se tarda más del tiempo programado.

 

   

Denuncian maltrato a pasajeros adultos mayores y mal estado de las unidades.

Vecinos de la colonia Jardín Juárez de Jiutepec exigieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ponga orden en la Ruta 7, cuyo servicio público es pésimo y los choferes maltratan a los adultos mayores.

Los inconformes acudieron ayer por la mañana a las instalaciones de la secretaría, ubicada en la plaza Novum, sobre el bulevar Cuauhnáhuac, para quejarse por el último caso de abuso que se cometió por un chofer de la Ruta 7, cuya unidad tiene el número económico 45. Sostuvieron que hace tres semanas, el operador aceleró antes de que bajara la señora Carmen Carmona Ocampo, quien cayó inmediatamente y se golpeó muy fuerte su cabeza.

Los vecinos afirmaron que no es el primer caso, pero la SMyT no ha actuado pese a las constantes peticiones de los vecinos, por lo que amenazaron con radicalizar sus acciones.

Informaron que las unidades de dicha línea del transporte están sucias y viejas, en condiciones mecánicas pésimas.

Además, pidieron que se modifiquen los horarios del servicio que presta la Ruta, ya que empieza a pasar a las siete de la mañana y termina de circular antes de las 10 de la noche. 

 

Son señalados por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

El Congreso del estado promoverá acciones legales en contra de los exdiputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para promover una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, por el presunto desvío de los recursos derivados de las aportaciones hechas por los trabajadores del Congreso local al Instituto de Crédito.

De acuerdo al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, existen elementos probatorios de que desde el inicio de la LIII Legislatura se desviaron las aportaciones de los trabajadores y nunca se entregaron al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Por tal razón, agregó, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que encabeza también iniciará una revisión del caso para enjuiciar políticamente a los exdiputados, de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El legislador local dijo que los responsables de las presuntas irregularidades son los exdiputados Francisco Moreno y Beatriz Vicera, quienes fungieron como presidentes de la Mesa Directiva; Hortencia Figueroa Peralta, como vicepresidenta; Julio Espín Navarrete, presidente de la Junta Política y de Gobierno, y Silvia Irra Marín, como presidenta del Comité de Vigilancia.

Sostuvo que los diputados aprobaron las cuentas públicas de su gestión, pese a que existen elementos para señalar que el presupuesto del Congreso del estado se malversó.

Los señalamientos del diputado se sustentaron en informes que solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la de Administración.

Las responsabilidades de los posibles delitos cometidos podrían alcanzar hasta al exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, quien estuvo involucrado en el supuesto desvío de recursos.

 

El Pleno del Congreso del estado emitió, este miércoles, un acuerdo para promover una denuncia penal y acciones jurídicas en contra de cinco ex diputados.

Dichos ex legisladores son Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, por desvíos de recursos, omisiones y actos constitutivos en posibles delitos en el ejercicio de los recursos financieros del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria de este día, el diputado José Casas González presentó el acuerdo, avalado por los coordinadores parlamentarios, con el fin de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y turnar el asunto a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para revisar si amerita juicio político en su contra.

De acuerdo con el legislador, los ex diputados señalados fueron los responsables de un desvío de recursos que tendría que haberse destinado al pago de aportaciones de los trabajadores del Congreso ante el Instituto de Crédito; además, señaló la desaparición de documentos, entre otros posibles delitos e irregularidades.

El acuerdo fue avalado por mayoría en el Congreso.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, confirmó que en el Congreso local también se detectaron aparatos de videovigilancia colocados en las instalaciones de la sede legislativa, lo que se presume como actos de espionaje.

Casas González dijo que el equipo de seguridad encontró cable de fibra óptica conectado a cámaras que tenían como origen la casa donde la empresa Ago Operadores, que construyó el edificio, sigue despachando.

Informó que se inició una investigación para determinar si se trata de espionaje, además del uso de las grabaciones obtenidas.

Miércoles, 17 Octubre 2018 10:22

Protestan choferes de Uber en Cuernavaca

Choferes de Uber protestaron esta mañana en la glorieta de la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca; exigen que se incremente la tarifa mínima que cobra la empresa por servicio público, que es de 25 pesos, mientras que la de taxi es de 35 pesos.

Los operadores de Uber refirieron que la empresa se queda con el 33 por ciento de sus ingresos, mientras que ellos tiene que poner vehículo, combustible e insumos, además de su trabajo.

De igual modo, sostuvieron que en la zona metropolitana de Cuernavaca ya no les resulta negocio con esa tarifa.

Los inconformes posteriormente se movilizarán a las oficinas de la empresa, para presentar un escrito.

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