Durante la firma del acta de conformación del Comité Estatal de Información, Estadística y Geográfica, Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reconoció que durante el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 será un reto la confianza de la ciudadanía.

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Empresarios manifestaron su preocupación por el crecimiento cero de la economía del país, que anticipa una recesión económica.
Tras los datos que arrojó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que confirman que no ha habido un crecimiento, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, sostuvo que la economía de Morelos no es ajena al estancamiento que se vive en todo el país, por lo que se prevé un cierre de año complicado.
Refirió que es necesario que desde el gobierno federal y el estatal trabajen en una estrategia para impulsar el crecimiento y evitar que la situación financiera a nivel nacional se complique en los próximos cuatro meses de este 2019.
"Si bien no hay una recesión, sí podemos decir que hay una desaceleración y si esta desaceleración (perdura) por supuesto que llegaremos a un estancamiento que por supuesto no lo esperamos, esperamos que no lleguemos a ese escenario", añadió Jiménez Adame. 
Por su lado, Harry Nielsen León, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que la situación económica es tan complicada que durante este período vacacional de verano no se tuvo un incremento sino una baja en las ventas hasta del 20 por ciento. 
"Hay un estancamiento en la economía que ya lo veíamos nosotros, como micro negocios somos los primeros que lo palpamos. Esto significa recortes de personal,  significa opciones de ahorros para luz, gas, cambios de horarios, hay tantas cosas que tiene que hacer el empresario, que lo va a tener que hacer", manifestó. 
Nielsen León confirmó que hasta el momento no se ha registrado el cierre de negocios, pero sí el incremento de despidos para evitarlo, pues refirió que varias empresas le han manifestado dicha preocupación. 

 

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La entidad creció 1.2 por ciento y se encuentra entre los ocho primeros estados de la república con mayor avance.

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Emite comunicado en el que manifiesta su apoyo a la familia de la víctima.

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La institución aguarda el esclarecimiento de los hechos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que brindará apoyo a la familia de Julio Huerta Villar, quien formaba parte del equipo de encuestadores de la institución y cuyo cuerpo fue localizado este domingo tras varios días de estar reportado como desaparecido.

El organismo federal señaló que permanecerá atento a los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado sobre el caso.

Desde el pasado 25 de julio, familiares y compañeros de trabajo dieron a conocer a través de redes sociales, que Julio no había llegado a su domicilio después de su jornada laboral.

Se hizo público que el encuestador conducía una camioneta blanca con logotipos del Inegi, que tampoco había sido localizada.

La familia presentó la denuncia correspondiente y pidió a la Fiscalía General del Estado que emitiera la ficha de búsqueda.

Lamentablemente, el domingo fue encontrado el cuerpo en condiciones de avanzada descomposición.

Ante los hechos, el instituto emitió este lunes un comunicado en el que manifiesta: “El Inegi expresa su más amplia solidaridad y apoyo a la familia de nuestro compañero Julio Huerta Vivar, quien formaba parte del grupo de encuestadores encargados del levantamiento de la Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI), en la ciudad de Cuautla, Morelos y la zona conurbada, donde se reportó su desaparición”.

En el documento, se informa que “de acuerdo con diversas versiones, Julio Huerta Vivar desapareció alrededor de las 23 horas del pasado jueves, después de concluir sus actividades laborales; su cuerpo fue encontrado este domingo en la colonia Campo de Enmedio, que se ubica en el municipio de Cuautla, Morelos”.

“El Instituto brindará a la familia el apoyo económico para cubrir los gastos funerarios derivados de esta situación, así como en la gestión inmediata y expedita de los trámites para que los deudos obtengan el seguro de vida y los derechos pensionarios estipulados en la ley del ISSSTE”, se asegura.

En referencia a los riesgos que enfrentan los encuestadores en su labor, el instituto informó: “para garantizar la integridad física del personal de campo, el INEGI refuerza permanentemente la actualización y observancia en el cumplimiento de las acciones y protocolos de seguridad para el personal de campo”.

“El INEGI se mantiene atento a los resultados de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Morelos para el esclarecimiento de lo ocurrido”, concluye el comunicado.

 

  

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Los propietarios de negocios que obstaculicen censo económico pueden ser sancionados con 253 mil pesos, por lo menos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) impondrá sanciones a los propietarios de establecimientos que se nieguen de forma reiterada a dar información para el Censo Económico 2019; las sanciones pueden ir desde los 253 mil a los dos millones 500 mil pesos.

Ricardo Torres Carreto indicó que en esta ocasión, a diferencia de 19 anteriores, el personal del instituto se ha encontrado con la negativa a proporcionar datos, lo que va en contra del marco legal vigente.

Explicó que hay responsables de unidades económicas, es decir, establecimientos de comercio y prestadores de servicios, que argumentan que no son los dueños y que no están presentes.

Apuntó que de 104 mil unidades que deben ser censadas conforme a la muestra estadística programada, llevan cerca de 92 mil, es decir, que hay poco más del diez por ciento pendientes. El plazo para levantar el censo es el 10 de mayo.

De acuerdo con el especialista, se clasifican como “carácter de negativa”, como “ausencia de informante”, pero han detectado que el dueño de la empresa dice que no es el propietario por lo que el personal ha ido hasta diez o quince veces a buscar a quien le debe proporcionar la información, pero no tiene respuesta.

“A estas alturas lo que tenemos que hacer es emitir un oficio para cada uno de estos establecimientos para invitarles a cumplir con la obligación legal, porque en este caso no es de propuesta, es obligatorio” y de reincidir, se aplicarían multas.

Detalló que las sanciones económicas previstas por la norma en estos casos van de 253 mil a dos millones 500 pesos, de acuerdo con reincidencia al negarse a dar información.

No se requiere más de treinta minutos y los datos son relevantes para contar con instrumentos estadísticos de calidad.

Esta misma semana, el miércoles a más tardar iniciarán el operativo para entregar oficios, con recorridos en sitios como plazas comerciales, donde están ubicadas las unidades económicas que tienen que ser censadas.

 

 

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El documento dará paso al establecimiento de responsabilidades, obligaciones y derechos de cada municipio.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presidió la firma del Convenio de Fijación y Reconocimiento de Límites Territoriales entre el municipio de Miacatlán y el nuevo municipio indígena de Coatetelco, el cual finca su importancia en la necesidad de establecer responsabilidades, obligaciones y derechos de cada comunidad.
Ante autoridades del orden federal, estatal y municipal, Blanco Bravo expresó que esta fecha es simbólica y representativa en el proceso del crecimiento y desarrollo que impulsa esta administración.
“Felicito a las autoridades de Miacatlán y Coatetelco por este gran avance y muestra de lo que se puede alcanzar con voluntades coordinadas”, aseveró.
Luego de señalar que la delimitación en Morelos no fragmenta ni influye, “se respeta la soberanía y operatividad de cada municipio, y, al final, todos orgullosamente formamos parte de un mismo territorio y un mismo compromiso”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, explicó que una vez que el convenio en referencia sea validado por el Congreso del estado, será incorporado por el INEGI al registro de información geográfica y, en su momento, otorgará la clave necesaria a Coatetelco para que pueda ser beneficiario de recursos provenientes de programas federales de desarrollo y bienestar.
En la firma de convenio participaron, además del gobernador Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Miacatlán, Abel Espín García, y el presidente del Consejo Municipal de Coatetelco, Norberto Zamorano Ortega. Acto seguido, se hizo entrega de los planos que marcan los límites territoriales en los respectivos municipios.
Al evento asistieron el diputado federal, Jorge Arturo Argüelles Victorero; los diputados locales Erika García Zaragoza, Maricela Jiménez Armendáriz y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y la consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba.
Asimismo, el coordinador del INEGI en Morelos, Ricardo Torres Carreto; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba; el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar Nájera, y autoridades municipales de Miacatlán y Coatetelco.

 

 

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Solicitan a la ciudadanía colaborar con la información.

Jojutla.- Con el objeto de conocer cuántas unidades económicas hay, la cantidad de personas ocupadas y de qué sectores, en todo el estado de Morelos, este lunes inició el Censo Económico 2019, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Tenemos ya personal distribuido en las oficinas en todo el estado para poder iniciar los trabajos sobre los censos económicos. En este caso, se trata de realizar un censo previo, recorrido por manzanas, para ir ubicando a través de las estrategias y logísticas establecidas, cómo están distribuidas las unidades económicas para actualizar estos datos tan importantes”, declaró ayer en esta ciudad el coordinador del INEGI en Morelos, Ricardo Torres Carreto.

Para el caso de Morelos, señaló que se cuenta con una estructura de 152 personas, distribuidas en 47 oficinas en todo el estado, que desde este 14 de enero y hasta julio de este año, visitarán todas las localidades urbanas registradas en la entidad.

“Vamos a recorrer más de 26 mil manzanas para poder actualizar los datos para el levantamiento de cada uno de los establecimientos, de todos los sectores; comercial, industrial, de servicios, etcétera… Todo lo que implique el desarrollo de alguna actividad económica en el estado”, dijo Torres Carreto.

Apuntó que en el censo anterior, del año 2014, se registraron 109 mil 852 unidades económicas en el estado y este 2019 se van a actualizar los datos.

Aclaró que sólo se encuestarán los negocios de cualquier tamaño, pero que están fijos. En el caso de Jojutla, donde por el sismo del 19 de septiembre 17 se han generado negocios no establecidos, no serán tomados en cuenta.

Asimismo, dijo que todos los trabajadores del INEGI están debidamente identificados con sombrero, chaleco y credencial, que puede ser confirmado vía internet o teléfono para mayor confianza y seguridad de la población, a la que pidió colaborar, aportando los datos que se le requieran.

Los resultados se darán a conocer en diciembre, finalizó.

 

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Creció un 71.9% con respecto a 2016.

En la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante el 2017, Morelos fue el estado del país que registró el mayor crecimiento del valor de la construcción.

Ese año, el importe de la producción en la industria de la construcción fue de 2 mil 666 millones de pesos (a precios del 2012), cifra que representó un incremento del 71.9% a la registrada en el 2016.

Se estima que dicha expansión económica se debió fundamentalmente, a que durante ese año se presentó un aumentó en la edificación de viviendas y otras construcciones, así como en el transporte y urbanización.

Con el 71.9% de aumento en el valor de la construcción, en 2017 Morelos ocupó el primer lugar nacional, por arriba de estrados como México, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Zacatecas y Sonora.

Durante el 2017, el valor de la construcción, a precios corrientes, ascendió a 2 mil 809 millones de pesos, de los cuales el 58% de la obra fue contratada por el sector privado y el 42% por el sector público.

Ese mismo año, a nivel nacional 20 entidades federativas registraron un crecimiento negativo. 

 

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Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

El reglamento es un instrumento que norma los requisitos y los procedimientos para hacer efectivos los beneficios previstos, así como establece específicamente las bases para la coordinación de las acciones, políticas y programas públicos orientados al mejoramiento y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los interesados en acceder a los beneficios deben reunir una serie de requisitos, como acreditar la discapacidad permanente y condición económica, y presentar su solicitud ante la Secretaría Desarrollo Social, cuya dependencia tendrá un plazo de 60 días hábiles para determinar si el solicitante puede o no ser beneficiario.

Bajo la premisa de que los artículos 1 y 4 de la Constitución prohíben la discriminación y establecen el derecho de toda persona a la alimentación suficiente y el Estado está obligado a garantizarla, en marzo de 2016 entró en vigor la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y en Pobreza Extrema, con la cual los beneficiarios podrán obtener un apoyo, que consiste en una despensa integrada por productos de la canasta básica con un valor equivalente a 200 pesos.

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, en Morelos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -en el año 2000- registró 29 mil 545 personas con alguna discapacidad, y en los últimos 15 años el número se  multiplicó, situación que implicó que igual número de hogares y familias resultaran afectados económicamente por ese hecho.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) -por ley- está obligada a destinar el 2.5% de su presupuesto total autorizado para los gastos de operación, supervisión y seguimiento del programa de apoyo a las personas con discapacidad y en pobreza extrema.

 

 

 

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