Demandan el pago a 16 de sus compañeros; ante la presión, el gobierno local depositó la mitad, pero los inconformes mantendrían tomadas las instalaciones hasta que cubra la totalidad.

Puente de Ixtla.- Pensionados y jubilados del Ayuntamiento de este lugar tomaron las instalaciones del palacio municipal, en demanda del pago total de la mensualidad para 16 de sus compañeros, quienes debían de haber recibido el depósito desde el pasado 30 de octubre.

Desde las siete de la mañana del lunes, el grupo de inconformes se presentó en la sede municipal para impedir el paso a los trabajadores y procedieron a cerrar el acceso del inmueble.

Los manifestantes también colocaron una manta en el balcón de la planta alta del edificio con la siguiente leyenda: “La asociación de pensionados y jubilados del ayuntamiento de Puente de Ixtla, exigimos respeto a nuestros derechos constitucionales ‘no a la discriminación’”.

Jesús Urbina Pichardo, delegado de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento, informó que tras la falta de pago para 16 de sus compañeros, considerados como de gasto corriente, procedieron a tomar las instalaciones.

“Primeramente habíamos esperado el pago ya que el secretario municipal, Jesús Castro, nos pidió apoyo para que el pago se hiciera para el día 5 de noviembre, pero no se cumplió. Esa fecha pidió prórroga para realizar el depósito correspondiente el 9 de noviembre, y a la fecha no se cumplió”, dijo.

Urbina Pichardo agregó que ante la falta de cumplimiento de las autoridades se vieron en la necesidad de manifestarse con la toma de la presidencia para exigir el pago correspondiente, que suma cerca de 200 mil pesos.

El representante de los inconformes comentó que alrededor de las 14:00 horas del lunes se realizó el depósito de la mitad de la mensualidad a sus compañeros, con el compromiso –por parte de Josué Espíndola, esposo de la presidenta municipal, Dulce Medina– de que durante la mañana de hoy se realizaría el depósito de la segunda parte.

“Sin embargo, los compañeros decidieron que vamos a permanecer en la presidencia hasta que se haga el pago total de la pensión; aquí pasaremos la noche y amaneceremos en la presidencia hasta que se reciba la parte pendiente”, dijo.

Ante ello, Jesús Urbina ofreció una disculpa a la población por el cierre de la presidencia, ya que –reconoció– esta situación paraliza los servicios y trámites, pero aseguró que la autoridad no les dejó otra opción.

Hasta el cierre de esta edición, los inconformes aún mantenían tomadas las instalaciones municipales.

 

 

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La presidenta del Congreso dice que es complicado verificar los expedientes.

El Congreso del estado aún no tiene avances de la investigación que inició para anular las "pensiones doradas" aprobadas a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y que autorizaron los exdiputados de la LIII Legislatura, afirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mientras los ex funcionarios beneficiados intentan ampararse ante la justicia para no perder sus pensiones onerosas, cuya legalidad ha sido cuestionada por presuntamente haber entregar documentos falsos para cumplir con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que se solicitó apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para revisar los expedientes.

Afirmó que el caso no se ha olvidado por parte de la LIV Legislatura pero sostuvo que la revisión de cerca de 10 expedientes que se encuentran dentro de la investigación es complicada. 

"Estamos trabajando para dar una solución rápida y general sobre el tema de las jubilaciones... no es fácil, checas expedientes, checas constancias, tienes que ir a los municipios, no es fácil", reiteró.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) manifestó que el amparo que promovió el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna contra actos del Congreso del estado no afectará en las investigaciones que inició el Poder Legislativo con apoyo del gobierno estatal.

Rodríguez Ruiz garantizó que ningún ex funcionario de la administración de Graco Ramírez ha cobrado su "Pensión dorada", pues se encuentran congeladas en tanto concluye la citada investigación.

Además del ex secretario de Finanzas, otros funcionarios que se beneficiaron con su pensión son:  Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; y Stephanie Guzón André. 

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Sábado, 03 Noviembre 2018 05:54

Dilema de diputados por reparto del presupuesto

Diversos sectores e instituciones reclaman recursos para 2019, incluso para la autonomía del Poder Judicial; el dinero para repartir es limitado.

A unos días de que inicie la discusión del Paquete Económico 2019 en el Congreso del estado, las peticiones de asignación presupuestal extraordinaria para diversas áreas se han acumulado. Jubilados y pensionados del Poder Judicial, maestros, empresarios y campesinos han presentado sus demandas ante el Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, dijo que se atenderán todas las solicitudes en el tema presupuestal, pero aseguró que se resolverán con base en la propuesta que haga el Poder Ejecutivo para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Refirió que uno de los temas que ocupan al Congreso es la situación del Poder Judicial, ya que para el próximo año contará con autonomía financiera y tendrá que recibir el 4.7% del presupuesto del gobierno del estado.

La legisladora local sostuvo que al asignarle mayor presupuesto al Poder Judicial tendrán que recortar recursos de otros rubros y es justamente lo que tendrán que atender como prioridad en la discusión del Paquete Económico 2019.

Refirió que se acordó con legisladores instalar mesas de trabajo con cada comisión legislativa para atender las demandas de todos los sectores y asignar el presupuesto necesario en cada rubro.

Respecto de la Ley de Ingresos del gobierno estatal y la posibilidad de que se creen nuevos impuestos, como lo declaró el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, la diputada consideró que no sería conveniente imponer nuevas tributaciones, pero afirmó que será un tema que se discutirá con los diputados de todas las fuerzas políticas en el Congreso local.

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Sin embargo, hace falta que se defina la fecha para el pago de la prestación a los jubilados y homologados.

La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, sostuvo que está asegurado el pago de aguinaldo por 90 días, pero falta que las autoridades locales fijen una fecha de entrega de esa prestación a los jubilados y homologados.

Por otra parte, confirmó que en Morelos ya no habrá foro presencial de consulta para la reforma educativa, convocada por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

La lideresa junto con integrantes del comité seccional visitó las ofrendas colocadas en las oficinas de la organización sindical, como parte de las actividades de fomento a las tradiciones.

En entrevista, mencionó que ya hubo diálogo con autoridades educativas estatales, quienes se comprometieron a cumplir con el pago de los 50 días que le corresponden al gobierno local, para sumar un total de 90 días de aguinaldo a todos los sindicalizados.

Aseguró que dicha prestación será cubierta en los días habituales para los trabajadores en activo, pero reconoció que falta que se fije la fecha para la liberación de los recursos que corresponden al pago de aguinaldo para 12 mil 600 jubilados y   alrededor de cuatro mil 800 homologados, lo que significa aproximadamente un total de 400 millones de pesos.

Por otra parte, la lideresa confirmó que debido a la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se cambió la fecha y modalidad de los foros de consulta en educación, mismos que convocó el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que la máxima casa de estudios era la sede principal.

Ahora los morelenses deberán enviar sus propuestas a través de una plataforma digital y ya no habrá foros de manera presencial en Morelos (pues como ocurrió en Oaxaca y en la Ciudad de México “ya no les dio tiempo”).

Aseguró que la Sección 19 del SNTE sí participa con propuestas que registrará en la referida plataforma, de hecho, sostuvo que ya se tiene los archivos de todas las ponencias.

Comentó que entre los asuntos que se han planteado está la abrogación de la reforma educativa, que se eche abajo la evaluación con efectos negativos para los trabajadores; y otro de los puntos es la creación de los clubes que contempla el nuevo proyecto educativo que pone en conflicto el perfil de los maestros.

Dejó en claro que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será cancelada la reforma, “se desaparecerá el instituto de la evaluación y no habrá evaluaciones punitivas”.

 

 

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Se manifestaron en la SCJN para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para que emita los nuevos decretos pensionarios.

Un grupo de trabajadores jubilados del Poder Judicial de Morelos realizó una protesta en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir a los ministros de la Primera Sala que aperciba al Congreso de Morelos para, a la brevedad posible, emita los nuevos decretos pensionarios, pues más de una veintena de empleados judiciales en retiro tienen más de un año sin percibir un ingreso.

Con pancartas, los jubilados acudieron a la sede del máximo tribunal del país en la Ciudad de México, como medida de presión para que tanto la Corte como el Congreso, aceleren los procesos legales para que pronto puedan recibir su pensión.

Y es que parte del cúmulo de las controversias constitucionales promovidas por la representante del Poder Judicial de Morelos, Carmen Cuevas López, para reclamar presupuesto para pagar la nómina de nuevos jubilados, fueron resueltas por la Primera Sala de la SCJN que en sus resoluciones, determinó invalidar los decretos pensionarios y ordenó al Congreso local emitirlos de nuevo, con su respectiva partida presupuestal asignada.

De acuerdo con los afectados, el Congreso (cuya legislatura fue renovada apenas hace dos meses) no ha cumplido con su responsabilidad legal de emitir los nuevos decretos para que los trabajadores puedan recibir sus pensiones.

Elsa Gallardo Villagómez, con 26 años de carrera judicial y ex secretaria de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explicó que la protesta tuvo como objetivo llamar la atención de los ministros y pedirle que la SCJN presione al Congreso con apercibimientos, para que emita los nuevos decretos, porque al menos 26 trabajadores tienen varios meses, o hasta más de un año, sin percibir su pensión, debido a que el Poder Judicial suspendió los pagos.

Los trabajadores también lanzaron un exhorto a la actual legislatura para que cumpla con los mandatados de la SCJN y se atienda adecuadamente el tema de los jubilados del Poder Judicial.

 

 

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Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

 

 

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El Ayuntamiento les debe tres.

Cuautla.- Luego de que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Cuautla que encabeza Raúl Tadeo Nava precisara que a pesar de que el municipio pasaba por una "crisis económica" el pago de las quincenas a trabajadores jubilados y pensionados estaba garantizado, la realidad es otra.

Alrededor de un centenar de jubilados y pensionados se dieron cita en la oficina de la pagaduría municipal, para exigir el pago de al menos tres quincenas que se les adeudan.

Ante dicho incumplimiento, los inconformes colocaron diversas pancartas afuera de dicha oficina, además de señalar que mantendrán una guardia constante para hacer presión y exigir a las autoridades el cumplimiento de los pagos que se les adeudan, por considerar esto un abuso.

Añadieron que es necesario que se les cumplan con dichos pagos, ya que en la mayoría de los casos solamente dependen de ese dinero para cubrir sus necesidades, situación por la que les es imposible mantenerse a la espera de ver cuándo se les puede cumplir con dicho pago.

Ante esta situación, los afectados refieren que las autoridades municipales "se han lavado las manos" argumentando que no existe el recurso económico suficiente para cubrir dichos adeudos, siendo que en días anteriores se había anunciado que los jubilados y pensionados no sufrirían con la precaria situación por la que atraviesa el Ayuntamiento y sus pagos saldrían en tiempo y forma.

 

 

 

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El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

 

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Martes, 23 Octubre 2018 05:36

Graco también dejó sin dinero al Cobaem

Transfirió el pago de las jubilaciones a la institución pero no entregó recursos; tampoco dejó presupuesto para el pago de la parte de aguinaldo que absorbe el Colegio de Bachilleres.

La administración anterior pasó al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) la responsabilidad de pagar pensiones de los trabajadores jubilados, por lo que la institución requiere con urgencia alrededor de 70 millones de pesos para el pago de ese rubro en este año.

Víctor Raymundo Nájera Medina, director general del subsistema en Morelos, aseveró que al llegar a esta institución se encontró con un delicado problema financiero.

Explicó que “de una manera muy, pero muy irresponsable” el gobierno pasado devolvió al colegio 183 pensionados y jubilados, que anteriormente pagaba directamente el Ejecutivo, pero no entregó la partida económica correspondiente.  

Por lo tanto, el problema de la institución se ha ido agravando desde hace algunos meses y a la fecha se necesitan alrededor de 70 millones de pesos adicionales para cumplir los compromisos que tiene el Cobaem para el pago de prestaciones de pensiones, así como el pago de días por años de servicio cuando se jubilan.

Dijo que al monto anteriormente referido habría que sumar el dinero que corresponde al pago de la parte proporcional para los 90 días de aguinaldo a sus mil 17 trabajadores en activo, porque tampoco se dejó en las cuentas del subsistema ese dinero.

Nájera Medina explicó que no se ha contabilizado el monto global que se necesita para concluir el 2018 y atender los derechos de su plantilla laboral tanto en activo como jubilados, y tampoco se ha encontrado el dinero que corresponde a ese rubro, si es que la administración estatal los etiquetó y estaban presupuestados, dónde quedó el dinero, o si se dejó sin respaldo efectivo tales obligaciones.

Comentó que junto con la Secretaría de Hacienda de la administración actual ya se analiza este asunto, con el propósito de atender el cumplimiento a los trabajadores que, sin duda, no tienen la culpa del erróneo manejo financiero de la administración gubernamental pasada.

 

 

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Diputados locales también determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de sus antecesores, por los excesos cometidos durante la LIII Legislatura.

Diputados locales aprobaron un acuerdo más para investigar las jubilaciones y pensiones aprobadas por la LIII Legislatura durante los últimos tres años en los tres Poderes del Estado y en los ayuntamientos.

En sesión de la Junta Política y en la Conferencia para la Dirección de Programación de los Trabajos Legislativos, las coordinadoras parlamentarias y el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, acordaron crear otra comisión especial que investigue todos los expedientes de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos municipales. 

También determinaron emprender acciones jurídicas y administrativas en contra de los exdiputados por los excesos cometidos.

Sin embargo, no determinaron el día en que acudirán a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, y tampoco se especificó qué tipo de acciones administrativas llevarán a cabo, tal y como lo adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo.

Ayer se cumplió un mes y medio de que inició la LIV Legislatura y, a la fecha, los diputados no han hecho observaciones al proceso de entrega-recepción del Congreso del estado.

 

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