La Comisión Dictaminadora atiende asuntos pendientes desde el 2016 como un acto de "justicia social" en Cabildo.

En representación del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la Síndico Municipal, Marisol Becerra de la Fuente, a través de la Comisión Dictaminadora de Pensiones, a cargo de la Regidora, Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez, autorizaron dar pensiones por edad avanzada, jubilación, viudez, y orfandad a varios elementos policiacos que desde noviembre de 2016 debieron ser beneficiados.

En cumplimiento a lo requerido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Cabildo reconoció el trabajo de los Guardianes del Orden, en un claro ejercicio de respeto por los derechos humanos y laborales de los uniformados que cumplieron a cabalidad con preservar la seguridad de la ciudadanía a costa de su vida.

En sesión entregaron 14 conceptos para el retiro de un total de 50 pensiones que ha avalado la Comisión Dictaminadora del Ayuntamiento de Cuernavaca, como parte del compromiso del Alcalde, Antonio Villalobos, de aplicar la justicia social a favor de la policía municipal y mano dura contra la corrupción, la regidora Anayeli Rodríguez, precisó que el desahogo de estos asuntos no han puesto en jaque las finanzas del Ayuntamiento, debido a que han revisado con lupa los expedientes de los prospectos.

"Quisiéramos atener y sacar de un golpe todo, pero el presupuesto no lo permite, está Comisión con el respaldo del área de Recursos Humanos dará prioridad a las de mayor antigüedad, o los trabajadores enfermos y de edad avanzada de Parques y Jardines", expresó la regidora.

Durante el dictamen la Síndico Becerra de la Fuente y Erick Santiago Romero entregaron reconocimientos a varios efectivos policiacos por su trayectoria en la corporación.

Rodríguez Gutiérrez confirmó la existencia de un listado de 220 solicitudes de pensión mismas que serán revisadas por el Cabildo para evitar inconsistencias administrativas o actos de corrupción por pseduo elementos.

 

 

Publicado en Sociedad

“La Unidad de Medida y Actualización (UMA) no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo”, resuelve justicia federal.

Tras un largo proceso judicial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) logro ganar el juicio para que los jubilados reciban el pago de pensiones establecido conforme a salarios mínimos y no calculado con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como se realizaba desde el 2017

En conferencia de prensa realizada ayer domingo,  la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada -junto con representantes del Comité Ejecutivo Nacional- anunció que abogados del sindicato ganaron la lucha judicial con la resolución favorable del Décimo Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

La decisión de la justicia federal se sustentó en tres jurisprudencias y establece que “la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo”. 

Bañón Estrada indicó que dicha jurisprudencia se hace obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre de 2019, por lo que los jubilados agremiados al SNTE mejorarán sus percepciones, que habían sido minadas.

Explicó que del 2017 a la fecha se han jubilado 300 maestros, de los cuales más de 200 recurrieron a la dirigencia sindical, que a través del área jurídica elaboró el amparo, por lo que en esos casos la resolución surtirá efecto de inmediato.

Posteriormente revisarán los casos de quienes no iniciaron la demanda, “porque no vamos a dejar a nadie solo y vamos a revisar cómo podrán entrar en ese beneficio”.

En la conferencia, la dirigente detalló que con la decisión del gobierno federal del 2017 se aplicaban las Umas, que a la fecha de hoy equivalen a 84.49 pesos, en tanto que el salario mínimo vigente asciende a 102 pesos con 68 centavos, por lo que hay una diferencia que ha afectado a algunos jubilados.

“La defensa de la seguridad social y prestaciones de sus afiliados es una prioridad” aseveró.

En entrevista, Bañón Estrada informó que esta semana se reunirán con las maestras jubiladas estatales que en días pasados protestaron porque no se ha aplicado el incremento salarial retroactivo a sus pensiones, y posteriormente buscarán la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades para darle solución a este asunto.

 

Publicado en Sociedad

El Congreso del estado debe reponer el proceso para dar pensión al exfuncionario.

Publicado en Política

Un juzgado federal ordena que se le pague; recibirá 37 mil pesos al mes de por vida.

Publicado en Política

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso entregó una constancia que permitió a Denya Flores obtener una “pensión dorada”.

Publicado en Política

Litigios y revisión de expedientes, la causa, asegura regidor.

Jojutla.- Policías de este municipio aseguraron que el Ayuntamiento evade conceder la pensión a la que tienen derecho, pero el regidor e integrante del comité de pensiones y jubilaciones del municipio, Carlos Brito, aseguró que el retraso se debe a litigios y a la revisión de expedientes.

Dijo que actualmente hay alrededor de diez peticiones de pensión de parte de policías municipales y otras tantas vienen de la administración anterior.

Ante los señalamientos de los policías, el concejal negó que el Ayuntamiento rechace otorgar ese derecho, sino que hay algunas consideraciones que se están presentando.

“En el caso de los policías, hay dos situaciones; hay quien está litigando la Ley del Servicio Social del estado, pues no están de acuerdo con uno de los artículos de esa ley, y eso lo complica todo, porque nosotros no podemos decidir no aplicar una fracción”, refirió.

El concejal detalló que este asunto se refiere a que el legislador otorga una jubilación un año antes a las mujeres que a los hombres, porque considera que realizan doble trabajo (en casa y oficina); por ello, ellas se pueden jubilar con 19 años de labor, mientras que los hombres hasta los 20.

“Hay algunos hombres policías que dicen que eso es injusto, que ellos también deberían jubilarse a los 19. Y que si se jubilan a los 20 años, entonces que les den el año completo en retroactivo. Nosotros, como autoridad, no podemos saltarnos una fracción completa de una ley estatal, que se deriva de una ley general de aplicación en todo el país”, detalló.

Consideró que con asesoría de sus abogados, los hombres policías han recurrido a la demanda y eso es lo que está retrasando todo, pues ahora deberán esperar hasta que se resuelva el juicio.

“Quienes decidieron litigarlo, se llevará lo que el proceso de litigio se lleve, no significa que se congelen las pensiones”, señaló Carlos Brito.

Por otra parte, dijo que existe un comité que revisa las solicitudes de pensiones y se debe realizar una revisión exhaustiva para que no ocurra como en otros lugares, que se dieron pensiones con documentos falsos.

“Hay policías que trabajaron en cuatro, cinco municipios; la suma debe dar 19, si son mujeres, y 20, si son hombres, para alcanzar el porcentaje mínimo. Tenemos que revisar que la documentación sea cierta y nos vamos a tardar un poco de tiempo, el que sea necesario, para la revisión exhaustiva de los documentos; no podemos dar una pensión falsa”, concluyó.

 

Publicado en Zona Sur

La secretaria de Administración señala que los pagos por ese concepto pueden ser insostenibles; agrega que cualquier cambio solo se aplicaría a trabajadores.

Publicado en Política

Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

Publicado en Política

La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

 

 

Publicado en Política

En la instalación de la primera mesa técnica se dijo que el sesenta por ciento del presupuesto estatal se destina a ese rubro.

Analizarán a cuántos burócratas se les paga pensión en la entidad.

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus sindicatos, acordaron trabajar en la creación de un Sistema Estatal de Pensiones, ante la problemática financiera que enfrentan las instituciones públicas del estado por este tema.
Este martes, el Congreso local instaló una mesa técnica, con miras a crear dicho sistema, como una solución al pago de pensiones y jubilaciones, ya que actualmente el 60 por ciento del presupuesto del gobierno estatal se destina a ese gasto.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que se busca integrar un fondo de pensiones en el que tanto la  institución pública como el trabajador aporten un recurso para su retiro.
Sin embargo, la legisladora dijo que se tiene que cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores, "pues hemos visto en otros estados donde ya tienen un fondo que le descuentan mucho al trabajador y no queremos que eso pase en Morelos", agregó.
Por su lado, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que se debe analizar a fondo el tema y evitar que se trastoquen los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una solución al problema del pago de pensiones.
Por lo anterior, los integrantes de la mesa técnica acordaron realizar un diagnóstico del problema y conocer cuántas jubilaciones deben pagar los tres poderes del estado, los ayuntamientos y el resto de los órganos y organismos públicos.
Miguel Ángel Medina Soto, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Poder Ejecutivo, afirmó que están dispuestos a trabajar en el tema, pero recordó que el mayor gasto no lo generan los burócratas, que en su mayoría ganan cuatro mil pesos, sino los funcionarios de primer nivel que se jubilan con pensiones onerosas.
"Si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto se va en pensiones, habría que ver cuál es el presupuesto de nosotros cuando ganamos cuatro mil pesos mínimo. Si hacemos un balance de eso estamos teniendo que el 60 por ciento del gasto del estado no lo llevamos los trabajadores sindicalizados supernumerarios, sino que se lo lleva el que tiene un salario más alto que el de nosotros", añadió Medina Soto.
Durante todo el año se llevarán a cabo 23 mesas de trabajo sobre el tema y la siguiente será el 3 de julio próximo, en el Congreso del estado. 

 

Publicado en Política
Página 1 de 6
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.