No avalaré el albazo político de algunos legisladores, dice la diputada.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz expresó su total desacuerdo por “la violación al proceso legislativo que se pretende dar a un punto de acuerdo para cambiar el decreto que concedió ampliación al tiempo de estancia en el cargo a los magistrados del Poder Judicial”.

La diputada aseguró que su compañero José Luis Galindo actuó por cuenta propia y promovió un asunto que pretende desestabilizar al estado y violentar el
Estado de Derecho.

“En una acción parecida a un albazo. En lugar de presentar una iniciativa de ley con proyecto de decreto, se pretende con un punto de acuerdo, tomar una decisión de gran calado, que por cierto, está sujeta a una controversia constitucional que será la única que con la fuerza de la ley podrá determinar la legalidad de la medida”.

“Desde luego que, como diputada, denuncio la chicanada que se pretende consumar, pues a un punto de acuerdo, con mala y premeditada intención, se le pretende dar fuerza de decreto”.

Tania Valentina Rodríguez dijo que de ninguna forma avala esa acción del diputado como una acción del grupo parlamentario, y que dicho legislador actúa en todo caso, “a título personal”. 

En la intervención de la legisladora en asuntos generales de la sesión, dejó constancia de que el sentido de su voto fue en contra de este “albazo legislativo”, y advirtió la posibilidad de presentar denuncias por responsabilidad administrativa en contra de los diputados de la mesa directiva que avalen con su firma un escrito que se presentó con formato de punto de acuerdo y al que ahora se le quiere dar forma de decreto. 

 

 

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Plantean que quienes incurran en ese ilícito, no salgan en libertad bajo caución.

El Poder Ejecutivo entregará al Congreso local una propuesta de iniciativa de reforma para tipificar la extorsión como delito grave, para endurecer las sanciones, lo que permitirá que quienes cometan ese ilícito en sus diversas modalidades, como el denominado “derecho de piso”, no salgan en libertad bajo caución.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, indicó que la reunión que se tenía programada para hoy con la comisión legislativa de seguridad se difirió para el miércoles; sólo recibió la noche anterior, la llamada de la presidencia de la Legislatura, que le informaba lo anterior, porque ayer los diputados tenían programada la sesión del pleno.

El funcionario estatal adelantó que en el próximo encuentro analizarán el avance de las propuestas ya formuladas en materia de seguridad, relacionadas con el uso de tecnologías, regulación de empresas de seguridad privada y en el tema de videovigilancia.

Además, presentarán en comisiones, para generar consensos previos, el proyecto de iniciativa para tipificar como grave el delito de extorsión, pues actualmente quienes incurren en ese ilícito pueden salir en libertad bajo caución.

Refirió que todas las iniciativas emanaron de la mesa de coordinación para la seguridad y la paz, luego del análisis de la situación delictiva y de plantear factores así como alternativas ante la inseguridad.

Sanz Rivera comentó que el objetivo es que se considere un delito de mayor gravedad, para que la gente denuncie esos casos de extorsión, pues muchas de las víctimas no quieren hacerlo porque saben que no se castiga con prisión o los presuntos responsables pueden ser imputados en libertad bajo medidas cautelares como la caución. “Actualmente no pasa nada, la gente dice para qué voy a denunciar si al rato están fuera”.

En cuanto a las penas, dijo que no se han adelantado a hacer propuestas, porque se busca consensuar de manera previa con legisladores la referida iniciativa.

Cuestionado respecto al reclamo de elementos de la Policía Industrial Bancaria – quienes exigieron este lunes mejores condiciones de trabajo y denunciaron presunto maltrato- Sanz Rivera dijo que dialogarán con quien dirige esa corporación para conocer la situación y dar una respuesta a los policías.

 

 

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Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" promueve 12 recursos para que el Legislativo estatal haga pública información.

El codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, confirmó que ha tenido que promover 12 recursos de información para que el Congreso local transparente apenas entre un 15 y un 20 por ciento de la información pública.
En rueda de prensa, explicó que tras estas acciones legales es que los diputados han avanzado "un poco" en materia de transparencia, ya que se vieron obligados a publicar sus declaraciones patrimoniales e información de las sesiones ordinarias, como convocatorias y el número de asistencias de los diputados. 
Ante esta omisión, Salinas Ramírez informó que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" determinó crear una plataforma donde los ciudadanos pueden conocer más sobre la LIV Legislatura y sus integrantes, así como del trabajo que realizan. 
Refirió que el objetivo es evitar que suceda lo de la LIII Legislatura, que era totalmente opaca y recurrentemente los exlegisladores incurrieron en violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
Al respecto, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, rechazó que el Congreso del estado incurra en violaciones recurrentes en materia de transparencia. 
Aseguró que se han atendido todas las solicitudes de información que los ciudadanos han presentado. 
Sin embargo, el Congreso del estado aún no cuenta con una plataforma de información, como una página de internet. 

 

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Involucran también a su hija, que es diputada.

Tlaquiltenango.- Las mascotas del excandidato a la presidencia de Jojutla y padre de la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Gerardo Sánchez Mote, agredieron a dos mujeres en apenas una semana, y ni siquiera ofrecieron disculpas ni pagaron curaciones, por lo que las víctimas piden que las controle para que no haya un problema mayor.

Las mujeres, que fueron afectadas en días diferentes, dijeron que se atrevieron a hablar porque la diputada local mencionada vive también en ese domicilio y ha hecho declaraciones, con respecto a ese tema, fuera de la realidad.

Coincidieron en que los perros de Sánchez Mote (quien vive en la calle Margaritas, en el fraccionamiento “Vista Alegre” de Tlaquiltenango), un gran danés, un bóxer y un mestizo, son “una amenaza” para quienes transitan por esa calle, especialmente niños.

Una de las afectadas, Yuritzi Daniel Menes, explicó que el miércoles 5 de junio pasado llegó al fraccionamiento a visitar a un familiar, cuando a lo lejos vio venir a los tres perros, que se le abalanzaron, y el bóxer la mordió.

A raíz de ese hecho, la agraviada solamente se desinfectó las heridas, no acudió al médico.

Lamentó que precisamente fue a la diputada a la que se le salieron los perros de la casa y supo que mordió a una mujer, pero no hizo nada más, se quedó esperando, ni fue a preguntar ni a ofrecer disculpas, por lo menos.

El segundo caso fue de Socorro Villegas Urbina, persona de la tercera edad, quien el 12 de junio fue atacada por los mismos perros.

“Yo iba caminando y vi que se acercaban; aceleré el paso, pero me alcanzaron, me mordieron, me rompieron el vestido; empecé a gritar, tenía mucho miedo y me desmayé”, recordó.

Por tal motivo, sufrió heridas en un brazo y una pierna, y se atendió por su cuenta.

Dijo que no tiene intención de demandar, pero lamentó que el esposo de la diputada y su madre fueron testigos, pero después del ataque, la legisladora declaró cosas que no eran ciertas.

“El sentimiento que yo tengo es que ni siquiera me vinieron a ver, a preguntar cómo estoy, y de hecho, la señora me dijo que me iba a llevar al doctor y no lo hizo”, comentó la víctima.

En el domicilio de Sánchez Mote (que vive en Tlaquiltenango, pero fue candidato a la alcaldía de Jojutla apenas el año pasado y generó polémica hace poco, al conocerse que trabajaría en el Congreso del estado con su hija) no se localizó a nadie, ni a las mascotas.

El pasado 13 de junio, la asociación de colonos le pidió a la diputada que se llevara a sus perros a otro lugar, por la amenaza que representan para los transeúntes.

 

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Tania Valentina exhorta a legislar para disminuir el problema financiero que eso significa.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que impulsará una nueva legislación en materia de servicio civil para atender el problema financiero de las instituciones públicas por el pago de pensiones y jubilaciones. 
En rueda de prensa, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y sindicatos a mesas de trabajo, a fin de impulsar políticas públicas para evitar un "caos" en un futuro próximo por la acumulación de solicitudes de jubilación en los últimos años. 
Rodríguez Ruiz sostuvo que es urgente trabajar en el tema, ya que el pago de pensiones absorbe el 60 por ciento de los ingresos del estado, lo que significa que para este 2019 se hayan destinado 672 millones de pesos para dicho rubro. 
Sin embargo, dijo que el problema crece, pues la comisión que preside tiene acumuladas mil solicitudes de jubilación, la mayoría admitidas en la LIII Legislatura. 
Invitó a los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos a trabajar para generar soluciones, así como a los sindicatos que en legislaturas pasadas se han opuesto a una reforma a la Ley del Servicio Civil, por temor a que se afectaran sus derechos laborales. 
"Nuestro estado carece de una política pública para enfrentar el problema de las pensiones y que a la vez respete los derechos adquiridos de los trabajadores, ése es el problema. Las soluciones no son fáciles y solos, ni separados, podríamos resolver el problema en el corto y mediano plazo y se convertirá en un caos. Lo fácil es hacer como que no pasa nada", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas.

Al analizar contradicción de tesis 54/2018, suscitada entre la Primera y la Segunda Sala de la SCJN en los amparos en revisión 1359/2015 y 1221/2016, el Pleno resolvió que en un amparo en revisión, la Primera Sala, en su momento, determinó que el amparo indirecto procede en contra de las omisiones legislativas, es decir, la inactividad de un congreso para expedir un ordenamiento, en desacato a un mandato de la Constitución Federal.

Ello, al considerar que la Constitución Federal y la Ley de Amparo no excluyen o impiden que el amparo pueda ser promovido en estos casos, además de que no afecta el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en virtud del cual, las sentencias dictadas en estos juicios sólo protegen a quien los promueve.

Por su parte, la Segunda Sala había establecido un criterio en sentido opuesto, determinando que es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, siendo procedente únicamente contra omisiones de las autoridades administrativas, además de que se afectaba el mencionado principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Sin embargo, en asuntos posteriores, la Segunda Sala abandonó ese criterio y adoptó uno nuevo, en igual sentido que el de la Primera Sala.

Por tal motivo, al sostener ambas salas el mismo criterio, el Pleno resolvió que era inexistente la contradicción de tesis planteada.

 

 

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El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.

El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.

En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

 

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Miércoles, 12 Junio 2019 05:00

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

 

 

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Miércoles, 05 Junio 2019 05:14

Reactivarán la Mesa de la Gobernabilidad

El gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó una reunión de trabajo con diputados e integrantes del gabinete estatal.

Diputados locales acordaron con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la reactivación de la Mesa para la Gobernabilidad, en la que los tres niveles de gobierno y los representantes de la sociedad civil atenderán los temas prioritarios para el estado.
La tarde de este martes, en la residencia oficial, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los legisladores, en la que también participaron integrantes del gabinete del gobierno del estado, como fue el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, quien confirmó que ha realizado puntualmente la entrega de los recursos financieros que le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Es que los diputados pretendían citar a comparecer al secretario de Hacienda, después de que en la primera mesa de trabajo en materia de seguridad, que se desarrolló el 22 de mayo en el Congreso local, los legisladores conocieron de los titulares de la CES y FGE la falta de presupuesto para operar.
Finalmente, se acordó que no habría comparecencia y que el encargado de las finanzas del estado entregaría en las próximas horas un informe sobre los depósitos hechos a las dependencias de seguridad y procuración de justicia.
No obstante, el mandatario estatal se comprometió a reinstalar la Mesa para la Gobernabilidad del estado, a propuesta de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a fin de atender los temas urgentes para el estado.
La reactivación de dicho espacio de concertación entre los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad, se daría la próxima semana, así lo confirmó la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT).
La legisladora refirió que también solicitó que se revise la necesidad de ampliar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) a los 36 municipios del estado, ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado. 

 

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Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

 

    

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