La Secretaria del ramo anuncia que alertó a la próxima administración del riesgo de que grandes grupos de trabajadores de diversos subsistemas cumplan simultáneamente con la antigüedad necesaria para pedir ese derecho.

La próxima administración deberá tomar en cuenta el impacto que tiene en el presupuesto el rubro de jubilaciones en los diferentes subsistemas, señaló la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, al indicar que en varias de las instituciones educativas están próximos a cumplir períodos de antigüedad para muchos trabajadores que estarán en su derecho de tramitar su retiro.

Este martes se llevó a cabo una reunión más de las comisiones de entrega-recepción, en el rubro de educación. En esta ocasión se abordó el nivel de formación superior, con la presencia de rectores de las Universidades Tecnológicas y la Politécnica. La universidad del estado, al ser autónoma, no forma parte de dicho procedimiento y habrá de tener otro tratamiento.

En entrevista previa, la secretaria explicó que se acordó con Samuel Sotelo Salgado, representante del equipo del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, llevar a cabo una serie de reuniones para agilizar la dinámica de trabajo con todo el sector educativo. Recordó que incluye diversas instituciones y organismos descentralizados de niveles superior, medio superior y básico, además del área de infraestructura y alfabetización.

La funcionaria estatal mencionó que -en general- el objetivo es que cada uno de los organismos den información en aspectos tales como infraestructura, matrícula, plantilla orgánica, lo relativo a presupuesto –en lo que resta específicamente este año-, qué asuntos quedan por atender en lo que queda del 2018 y cuáles son los focos amarillos o rojos. Los directivos o titulares podrán en este esquema de entrega-recepción plantear cuáles son sus preocupaciones o solicitudes.

En lo personal, consideró que de forma general se tendrá que considerar el tema de pensiones, que en todo el país, no sólo en Morelos, es un asunto que debe ser tomado en cuenta. Recordó que en el estado hay organismos -especialmente de educación media superior- que fueron creados en una etapa similar y, por lo tanto, están por cumplir alrededor de 30 años de antigüedad. Eso significa que habrá grupos importantes de trabajadores, la mayoría de ellos docentes, que estarán en condiciones de jubilación.

“Creemos que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, sin ser en este momento un foco rojo, pero que debe ser tomado en cuenta porque -sin duda- eso impactará en sus presupuestos del año que entra y quizá de los siguientes”, abundó.

La secretaria comentó que otro de los aspectos que le preocupa al equipo del gobierno entrante es el de los pagos del aguinaldo. Al respecto, dijo que el gobierno estatal cada año tiene que pagar ese concepto a trabajadores de los diferentes niveles, por lo que en todos los casos (todas las instituciones) se consideró el tema en la planeación presupuestal. Pero comentó que el aspecto de la suficiencia presupuestal corresponde al área de Hacienda.

Por su parte, Samuel Sotelo Salgado, enlace del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo al término de la reunión que los funcionarios actuales les informaron que están en el presupuesto del 2018 todos los pagos de prestaciones a trabajadores, entre ellas los aguinaldos. Por lo tanto, están garantizados -cuando menos- presupuestalmente.

Comentó que se solicitaron datos específicos para algunos de los organismos, que serán presentados a lo largo de los diversos encuentros programados, como pasivos, recursos por ejercer y problemas de carácter laboral, por ejemplo.

Dijo que saben que hay problemas latentes como el de la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el proceso de reconstrucción de escuelas que sufrieron daños por el sismo del 2017, que según la administración actual, lleva un 90 por ciento de avance, entre otros.

 

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El historial laboral de Ana Cristina Guevara Ramírez no coincide con los años contabilizados al servicio del Estado para alcanzar la jubilación con el 50% de su último salario como servidora pública.

Ana Cristina Guevara Ramírez en unas semanas tomará protesta como diputada plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), pero -al igual que en el caso de la exdirectora de recursos humanos del Poder Legislativo, Karina Arteaga Gutiérrez- hay dudas sobre cómo la futura legisladora consiguió que el Congreso la jubilara con el 50% de su último salario como servidora pública, cuando su historial laboral no empata con los años computados al servicio del estado para alcanzar el beneficio y pone en juicio la documentación aportada para conseguir la pensión.

El 14 de septiembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto de jubilación de Guevara Ramírez, quien presentó ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso varias constancias que acreditaban que comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Puente de Ixtla el 15 de enero de 1995, justo el día que cumplió sus 15 años.

A esa edad, inexplicablemente, Ana Cristina simultáneamente laboraba en el ayuntamiento de la región sur y cursaba la preparatoria en el centro educativo Loyola de Cuernavaca (generación 1995-1998).

Supuestamente comenzó como auxiliar administrativo en el área de recursos de la comuna ixtleca y luego como auxiliar del área de servicios generales del ayuntamiento.  Al concluir la prepa, también de manera simultánea, trabajaba en el ayuntamiento mientras estudiaba la licenciatura de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Morelos (generación 1998-2003).

Según los documentos, la futura legisladora trabajó en Puente Ixtla del 15 de enero de 1995 al 31 agosto de 2003, es decir 9 años con 8 meses y 16 días, pero en su historial laboral oficial presentado tanto en el Congreso local como en el Gobierno de Morelos, nunca mencionó que fue empleada de ese ayuntamiento.

Pero  al  contrastar su currículum vitae (que puede consultarse en el repositorio de transparencia) y los datos del decreto de jubilación, resulta extraordinario que en este periodo Ana Cristina no sólo trabajaba en el ayuntamiento ixtleco y estudiaba al mismo tiempo, sino que también realizaba pasantías en los despachos jurídicos Despacho Jurídico Bahena & Maxinez Asociados (1998-2002), Despacho Jurídico Villanueva y Asociados, Pasante en Materia Mercantil (2000-2001) y Despacho Jurídico Martha Alquicira (2001).

Pero otro dato que literalmente no cuadra, es que la cuasi legisladora aseguró en su historial laboral, disponible en página web del Gobierno de Morelos, que entre el 2002 y el 2003 laboró en el área jurídica del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Morelense del Sistema Estatal DIF. Es decir, que en este periodo trabajó simultáneamente en Puente de Ixtla y la dependencia estatal.

De manera intermitente, entre 2003 y 2016 colaboró en el Ayuntamiento de Cuernavaca como asistente de la Regiduría de Derechos Humanos; fue asesora de control de información y coordinadora de gestión de la Secretaría de Gobierno, y coordinadora de planeación para el Desarrollo de la Secretaría de Finanzas; además fungió como secretaria particular del ex diputado Jaime Álvarez Cisneros, así como auxiliar y asesora de la fracción parlamentaria de Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

Su último cargo fue como auxiliar adscrita a la Comisión de la Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, el cual ocupó del 1 de marzo al 12 de abril de 2016.

Según el decreto de jubilación de Ana Cristina acreditó haber laborado al servicio del Estado 18 años, 5 meses y 28 días, de los cuales la mitad los habría laborado en el Ayuntamiento de Ixtla en circunstancias inverosímiles.

De acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que un trabajador pueda jubilarse, debió al menos haber laborado al servicio del estado por lo menos 18 años y obtener una pensión al 50% de su último salario.

En las últimas semanas, tras la aprobación por los diputados de varios decretos de “jubilaciones doradas” de secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios del gobierno de Morelos, organizaciones civiles y empresariales han reprochado la actuación de los legisladores y la carga que tendrá el erario.

Incluso, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados han puesto en duda la autenticidad de la documentación presentada por algunas personas al Congreso para alcanzar la jubilación, pues como en el caso de Ana Cristina, no hay evidencias de que hayan laborado el tiempo necesario para obtener una pensión.  

 

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La secretaria general de la Sección 19 consideró que ya hubo respuesta favorable en alrededor del 50% de los planteamientos del magisterio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó al gobierno estatal que se tomen las previsiones necesarias para que se pague en tiempo y forma el aguinaldo a maestros activos, jubilados y homologados, pese al cambio de administración. Además, solicitó desahogar varios pendientes, como la liberación de horas y el pago de adeudos.

Este martes, la secretaria general de la Sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, junto con integrantes del comité ejecutivo nacional y el seccional se reunieron con la directora del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Yanely Fontes Pérez, con quien acordaron que esta misma semana se instalarán comisiones y mesas de trabajo para revisar los diversos rubros y casos.

Al término del encuentro privado, la lideresa del magisterio informó que este lunes se sostuvo una reunión con el ejecutivo estatal en turno, a quien se le planteó esta demanda de los trabajadores homologados y jubilados que están presionando para que se deje el dinero suficiente a la próxima administración para pago de la parte proporcional de aguinaldo que le corresponde al estado, para los 90 días que se entregan al magisterio tanto activo, como maestros jubilados y homologados.

Y es que ese dinero debe quedar en las arcas, porque se debió haber presupuestado en el ejercicio fiscal 2018 al menos el dinero para la primera parte del aguinaldo, que se paga en el mes de diciembre.

Dijo que el gobernador Graco Ramírez hizo el compromiso de revisar el tema y garantizar ese rubro: “yo no puedo decir que está asegurado porque lo que nos toca es estar del lado de mis compañeros. Lo que sí puedo decir, es que estaremos atentos y exigiendo que se cumpla sea el gobierno que sea, del color que sea porque los derechos de los trabajadores no tienen que ver con los colores de los gobiernos; tiene que ver con el compromiso de que nosotros en las aulas siempre estamos cumpliendo con nuestro trabajo”.

Por otra parte, en el encuentro de este martes con la directora del IEBEM, el SNTE planteó que antes de que termine el actual gobierno se cubran todos los asuntos pendientes.

Destacó la exigencia de profesores de educación física que “ya no aguantan más y están a punto de una protesta fuera de las aulas” y demandan la liberación de mil horas que no han descompactado y que no han sido otorgadas tanto para profesores en servicio como los de nuevo ingreso. El compromiso de la directora del IEBEM es que a finales de este mes se generarán al menos 300 horas para maestros que ya están en servicio y otras más para los de recién ingreso al servicio docente.

Otro rezago es el pago de maestros destacados, porque conforme a la ley se les debe pagar el concepto conocido como K1, que implica un recurso adicional como estímulo por haber obtenido los resultados destacados en evaluaciones. La autoridad aseguró que en la próxima quincena se buscará dar el pago y el jueves se reunirán en el IEBEM alrededor de 100 maestros que ameritan ese recurso, ya que ellos han expresado que no han tenido la atención adecuada por parte de las autoridades.

En la mesa de trabajo de igual manera se trató el tema de los jefes de enseñanza, quienes generaron un documento en el que se diseñan las funciones de un jefe de enseñanza a partir de la reforma educativa. Había incertidumbre de cuáles eran sus tareas y los lugares que les corresponde. De manera conjunta se elaboró dicho trabajo el cual –según se acordó este martes- será presentado el viernes en una reunión para tal propósito.

Finalmente, Bañón Estrada informó que en la multicitada reunión se abordó el tema de los adeudos con maestros jubilados: “tenemos pendiente como siempre nuestros compañeros jubilados en rezagos de pagos como la prima de antigüedad; ahí si está más complicado porque se habla de cantidades de presupuesto que no se tiene presupuestado (sic). Ahí no hay una respuesta muy favorable y se tendrán que revisar alternativas porque hay adeudos que se tienen desde el año 2014”.

Advirtió que en este punto la dirigencia sindical está en revisión con las autoridades porque los jubilados han sido muy pacientes, pero hay descontento y cuando se desesperan están dispuestos a salir a las calles a exigir sus derechos.

La secretaria general consideró que hubo disposición de la titular del IEBEM y hay algunos avances, no del cien por ciento, pero consideró que hubo respuesta favorable en alrededor del 50% de los planteamientos.

 

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La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

 

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La prestación se adeuda a por lo menos 68 trabajadores en retiro desde el año 2016, aseguran; la dirección del subsistema argumenta no tener recursos.

Trabajadores en retiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) se manifestaron este lunes para exigir el Pago Nacional Único por Jubilación que les adeudan desde el año 2016.

Con pancartas, los jubilados demandaron una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda, al sostener que ese recurso ya tenía que haber sido entregado porque se trata de una prestación a la que tienen derecho.

Luis Martínez Vázquez, vocero de los inconformes, dijo que hasta el mes de mayo pasado, había en una relación detallada 68 jubilados afectados, pero desde entonces a la fecha, ya sumaron otros trabajadores que se retiraron.

Subrayaron que de acuerdo con el párrafo sexto de la cláusula 76 del Contrato Colectivo de Trabajo, tienen derecho a que se les pague el equivalente a 17 días por año laborado por un sueldo actual; la prestación se debió cubrir un día después de que se publicó el decreto de jubilación.

Refirieron que algunos de los jubilados ya tuvieron que entablar demandas porque les deben desde el 2016 y corrían el riesgo de que se vencieran los plazos.

Comentaron que la Dirección General de Cobaem les ha dicho que ellos no tienen recursos y desde el año pasado se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda les pagara; sin embargo, de manera posterior les dijeron que ese convenio dejó de tener efecto y, por ello, se les tiene que pagar en el subsistema.

“Sólo nos dicen que sí nos deben, que no lo niegan, pero que no tienen y el secretario de hacienda ni siquiera nos quiere atender”, expresó el vocero, al exponer que ya está a punto de terminar la actual administración y no les han cumplido.

Comentaron que buscarán a autoridades electas para tratar de garantizar el pago, pero subrayaron que en este momento, la obligación es de las autoridades que siguen en turno.

 

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Pagar pensiones implicaría dejar de liquidar sueldos a los trabajadores activos, dice regidor.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) planea suspender el pago a proveedores e, incluso, pedir a la tesorería municipal un adelanto de participaciones para pagar a los trabajadores jubilados, informó el regidor de Relaciones Públicas, Jorge Pallares Morales.

Señaló que cumplir con el pago a los jubilados es complicado, ya que en los últimos meses los ingresos del organismo bajaron a 17 millones de pesos, debido a que los usuarios no pagan por el servicio de agua.

Por eso, los integrantes de la Junta de Gobierno del SAPAC buscan otras opciones, como pedir prórroga a los proveedores de químicos para tratar el agua, solicitar un adelanto de participaciones y hasta vender algunos terrenos propiedad del municipio.

También solicitaron a la directora del organismo operador, María Luisa López Sotelo, hacer un esfuerzo y pagar las pensiones, aunque es difícil porque el pago a los jubilados implicaría dejar de pagar a los activos.

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Sin embargo, admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora" en el Congreso del estado.

La diputada perredista Silvia Irra Marín, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, justificó las jubilaciones 'doradas' aprobadas por la vía rápida en el último del periodo ordinario de sesiones y aseguró que estuvieron apegadas a derecho.

La legisladora local, quien en un primer momento se negó a dar declaraciones al argumentar que se encuentra de vacaciones, pidió a los ciudadanos que han criticado el actuar de los diputados, que lean la Ley del Servicio Civil antes de cuestionar.

"La ley dice que mientras los trabajadores tengan 18 años dentro de los poderes del gobierno, tienen derecho a una jubilación, incluso, dice, no importa la edad, y tampoco dice no importa el parentesco y, mientras a mí me ampare la ley, a mí no me importa si son funcionarios de gobierno, si son las esposas de los diputados o de los presidentes, o de quien sea. Mientras la ley los ampare, yo no tengo la capacidad de quitarles un derecho que la ley les da", declaró.

Irra Marín admitió que se priorizó la lista de las jubilaciones privilegiadas a las 300 solicitudes de retiro que se encuentran en la "congeladora", pues siguen en revisión en la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Es que de acuerdo a la legisladora, en todos los dictámenes aprobados, previamente se realiza una investigación en los lugares de servicio de cada trabajador, y dicho procedimiento se aplicó en todos los casos. Sin embargo, las jubilaciones de las esposas de los diputados Francisco Navarrete Conde y José Manuel Tablas Pimentel, Denya Flores Sánchez y Helena Marín, se hicieron con cargo al Congreso, aunque nunca se les vio trabajar en alguna área de dicho Poder. 

Entre los integrantes de la lista de los nuevos jubilados con pensiones "doradas" están la secretaria de Educación, Beatriz Ramírez; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez; el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, Francisco Velázquez Adán; Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno, Ángel Colín, y Karina Arteaga Gutiérrez, directora de Recursos Humanos del Congreso.

También Stephanie Guzón André, coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales; además de Bertha Rodríguez Báez, directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.

 

 

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Anuncian que en cuanto la institución reactive sus actividades, se reinstalarán en plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta.

Trabajadores en retiro del Poder Judicial exigieron el pago de sus pensiones, luego que supuestamente el Poder Ejecutivo autorizó una reasignación presupuestal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para el pago de jubilaciones.

Martha Arroyo Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados “Maestro Jesús Bello Espíritu”, explicó que la semana pasada fueron publicados los decretos pensionatorios de María Guadalupe Cervantes González, Argelia Leana Fierros, Rosalba Juárez Camacho y Alejandra Rojas Porcayo, quienes acudieron este lunes a la Dirección de Administración del TSJ a cobrar su pensión del último mes y el dinero que se les adeuda desde su retiro, hace más de diez meses.

Pero la respuesta del director de Administración, Octavio Rosales Gutiérrez, fue que no tenía ni presupuesto ni información de que debía hacerles el pago.

Arroyo Moreno dijo que esto fue devastador para sus compañeras jubiladas, algunas de ellas provenientes de la región oriente del estado, quienes tuvieron que pedir prestado para costear su traslado a Cuernavaca y regresaron a casa con las manos vacías y con la abrumadora preocupación sobre qué harán para conseguir sustento.

Recordó que recientemente fue autorizada una reasignación presupuestal al TSJ para el pago de varios decretos jubilatorios, con base en lo ordenado por la Suprema Corte sobre la resolución de diversas controversias constitucionales en las que, esencialmente, se ordenó etiquetar recursos para que el TSJ pague las pensiones de los trabajadores en retiro.

“Se siguen violentando los derechos de los trabajadores. Es lamentable que mis compañeras hayan venido desde Cuautla para que les dijeran que no hay ni autorización ni presupuesto para pagarles la pensión que se les adeuda desde hace más de 10 meses”, señaló.

Dijo que además de los jubilados que han protestado e instalado un plantón en la explanada del TSJ, hay 18 trabajadores más en espera de que se publiquen de nuevo sus decretos, ya con el presupuesto etiquetado, y otros 21 en están en espera de que se resuelva su situación.

Sin embargo, el número de jubilados afectados por el no pago de su pensión es mayor, porque el TSJ promovió más de 130 controversias constitucionales contra los decretos de pensión argumentando falta de presupuesto.

La representante de los jubilados expresó que una vez que el TSJ reactive sus actividades, reinstalarán el plantón y analizarán otras posibles acciones de protesta para exigir el respeto a sus derechos humanos y el pago inmediato de sus pensiones.

 

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Ayer volvieron a cerrar la avenida Morelos en reclamo del pago de pensiones.

Jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) bloquearon de nueva cuenta -este lunes- la avenida Morelos, afuera de las instalaciones del organismo operador, para exigir el pago de sus pensiones, las cuales les adeudan desde abril pasado.

Alrededor de las 11 de la mañana, los trabajadores del SAPAC colocaron sus pancartas bloqueando la avenida Morelos para exigir ser atendidos por las autoridades municipales, a pesar de que Juan Juárez Rivas, representante jurídico, había acordado con José Manuel Sanz Rivera que tendrían una reunión este martes.

Los trabajadores argumentaron que es necesario que las autoridades respondan a sus peticiones pues de sus ingresos dependen sus familias, además de que la mayor parte de los trabajadores jubilados son personas de la tercera edad, quienes requieren el recurso no sólo para su sustento, sino también para atender padecimientos físicos.

Entrevistados sobre las movilizaciones, coincidieron en reconocer que son acciones muy desgastantes y que, además, les generan gastos, sin embargo, ven en la protesta la única forma de ser escuchados por las autoridades.

Confiaron en que el presidente municipal y gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo escuchará sus peticiones y analizará su situación, considerando que son personas humildes que trabajaron muchos años para el SAPAC y lo único que exigen es que se les retribuya a través de un pago.

 

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El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.

 

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