Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) protestaron ayer en el zócalo de capitalino, para exigir al Ayuntamiento el pago de su pensión. 

Los integrantes de la Asociación Trabajadores Jubilados y Pensionados por el gobierno del estado y los ayuntamientos, denunciaron que el gobierno de Cuernavaca promovió una controversia constitucional para no pagar la pensión de 15 jubilados del SAPAC, cuyos decretos pensionarios fueron publicados ya en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" desde abril pasado. 

"La justificación del Ayuntamiento es que no tiene recursos, pero a diferencia del Poder Judicial, las autoridades municipales tienen la obligación de administrarse para pagar lo que por derecho nos corresponde", afirmó Baldomero Díaz Sotelo, representante de la Asociación de Trabajadores Jubilados.

Los inconformes pidieron la intervención del Congreso local y del Poder Ejecutivo para que el Ayuntamiento pague las pensiones pendientes desde abril pasado. 

Advirtieron que continuarán con sus protestas hasta que haya una respuesta del gobierno municipal.

 

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Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Diputados locales exhortaron al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo estatal a que garantice el pago de la prima de antigüedad a maestros jubilados que por más de ocho años han luchado por ese derecho.

Durante la sesión ordinaria de ayer, docentes en retiro protestaron ante el Pleno para exigir que les paguen la prima de antigüedad y otros derechos.

Se quejaron porque a pesar de que, en 2012, el Congreso del estado decretó el pago de la prima de antigüedad a favor de más de ocho mil trabajadores de la educación, a la fecha no se les ha terminado de cubrir toda la cantidad que por ley les corresponde.

Dijeron que el Poder Ejecutivo sólo pagó una cantidad fija por 25 mil pesos para cada uno de los maestros, cuando les correspondía un monto mayor. Además, a los profesores que recientemente se jubilaron se les ha negado el pago.

Ante dicha demanda, la diputada Hortencia Figueroa Peralta presentó un punto de acuerdo por el que se exhortó al Congreso de la Unión a que etiquete una partida presupuestal para el pago complementario de la prima de antigüedad de más de ocho mil maestros; también al Poder Ejecutivo y al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para que se aumenten los recursos financieros para el pago de prestaciones al magisterio, como es el bono evolutivo que se entrega a los trabajadores jubilados.

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El Congreso del estado no etiquetó recursos para solventar la pensión del magistrado en retiro, reclama el Pleno del TJA.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió una controversia constitucional para impugnar el decreto jubilatorio del magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, que fue expedido por el Congreso del estado sin etiquetar recursos exprofeso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 105/2018, en la que el TJA solicitó la invalidez del decreto número 2609, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5593, el 18 de abril de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Aguilar Lozano con cargo al presupuesto destinado al Tribunal.

También demandó la invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56; 57, último párrafo; 47, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante decreto número 218, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, el 17de enero de 2013.

Esencialmente, el Pleno del TJA determinó combatir el decreto jubilatorio en el que se ordenó el pago de una pensión al 90% del último salario que el magistrado en retiro recibió como juzgador en activo, porque el Congreso no etiquetó recursos para que el TJA pudiera solventar el pago.

Un magistrado gana poco más de 100 mil pesos; tomando en cuenta el porcentaje de la pensión aprobada por el Congreso, el TJA tendría que pagar al año al magistrado en retiro casi un millón 400 mil pesos, que comprende 12 mensualidades, más tres más por concepto de aguinaldo.

Aun cuando el TJA solicitó recursos adicionales tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Hacienda estatal para pagar a Aguilar Lozano su pensión, ninguna de las dos instancias autorizó una ampliación presupuestal.

Y es que tanto el Congreso como el gobierno de Morelos se encuentran bajo presión de la SCJN, que recientemente lanzó un ultimátum para dar cumplimiento a casi 50 controversias constitucionales en las que se ordenó etiquetar recursos para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, incluso, llevan más de dos meses en plantón afuera del Palacio de Justicia en espera que lleguen sus pagos.

Según el TSJ, el Congreso aprobó los decretos de jubilación, pero tampoco le proporcionó presupuesto para solventar las pensiones de los trabajadores judiciales.

Se espera que en breve la SCJN determine la admisión o no de la controversia constitucional promovida por el TJA y, en su caso, si procede la aplicación de una medida cautelar.

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Se buscará solución financiera al tema de jubilaciones y pensiones: Figueroa Peralta.

La diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta sostuvo que no existe presupuesto suficiente para el pago de las jubilaciones de los trabajadores del Poder Judicial, pero aseguró que el pasado martes el Congreso local inició la revisión de poco más de 20 dictámenes de aproximadamente 100 decretos pensionatarios pendientes de desahogar.

La diputada en funciones de presidenta de la Mesa Directiva afirmó que continúa una mesa de negociación con los poderes Ejecutivo y Judicial para buscar una solución financiera al problema de pago de pensiones de los trabajadores, ya que dicho problema se ha agravado en los últimos años.

Subrayó que es necesario que se busque una solución al tema de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del gobierno del estado; de lo contrario, en poco tiempo el problema que actualmente enfrenta el Poder Judicial lo tendrán el Legislativo y el Ejecutivo.

No obstante, Figueroa Peralta dijo que se trabaja para atender la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó al Congreso local asignar el presupuesto necesario al Poder Judicial para el pago de las pensiones a los trabajadores cuyo retiro fue aprobado por el Legislativo.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, el pasado martes inició la revisión de 23 dictámenes con proyecto de decreto pensionatario de los más de 100 asuntos pendientes por resolver.

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Se manifestaron en las oficinas del SNTE y en el IEBEM.

Profesores jubilados se manifestaron con el bloqueo de las calles Galeana y Abasolo, frente a las oficinas del sindicato magisterial, y ante el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para exigir el pago de los estímulos por el Día del Maestro.

Los inconformes dijeron que en el presupuesto de este año se tenía etiquetado el recurso para cubrir dicha prestación a los docentes en retiro y que, conforme a los acuerdos, se debía pagar este miércoles.  

Los jubilados –entre ellos Adelina Barrios García– indicaron que al mediodía de este miércoles no se habían liberado los recursos para que se cumpliera con este bono al que tienen derecho todos los jubilados.

El estímulo debe pagarse a alrededor de tres mil 800 profesores y equivale a tres mil 300 pesos para cada uno, monto que no ha aumentado desde el año 2010.

Los maestros acudieron este 16 de mayo a recoger los cheques que de forma habitual son entregados en las oficinas del IEBEM y que luego se distribuyen en las diferentes regionales.

En virtud de que tampoco había depósitos, decidieron manifestarse en las oficinas de la sede del comité ejecutivo seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 19, que están ubicadas en la citada calle Galeana, y luego bloquearon esta vialidad en el cruce con la calle Abasolo, en el primer cuadro de Cuernavaca.

En tanto, otro grupo tomó prácticamente las oficinas del IEBEM con el reclamo de que se pague dicho estímulo de manera inmediata. Una comisión de los manifestantes fue recibida por autoridades del instituto.

Hasta la tarde de este miércoles continuaban las negociaciones, pues la representación del magisterio demandaba a autoridades del instituto una fecha concreta de pago.

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Es su responsabilidad prever y exigir una partida para el pago de la prestación de los trabajadores jubilados, plantean.

La presidenta de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial del Estado de Morelos, Aida Hernández, lamentó que la recién reelecta magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López, se deslinde de responsabilidad en el adeudo del pago de pensiones a trabajadores jubilados y responsabilice al Congreso y al gobierno de Morelos.

Expresó que Cuevas López no debe evadir su responsabilidad, porque era su  trabajo prever y exigir una partida para el pago de las pensiones.

Detalló que un día antes de la reelección, la magistrada presidenta citó, por separado, a algunos jubilados para ofrecerles préstamos de aproximadamente 30 mil pesos para sobrevivir en tanto se resuelve el problema presupuestal.

“Hacemos un llamamiento, que si bien es cierto que el día anterior a la reelección se les otorgó un préstamo, se les mandó citar a algunos de los trabajadores para otorgarles un préstamo, también lo es que ese es del propio dinero de los trabajadores”, dijo.

También lamentó que la magistrada presidenta pretenda traspasar la responsabilidad del problema, pues “se me hace una irresponsabilidad esa manifestación porque tenemos que sumarnos, tenemos que solidarizarnos, ¿cómo es que expresas que no es en tu cancha cumplirles a los trabajadores, que son parte integral del Poder Judicial?”

Insistió en que es urgente una solución y criticó que el pasado 3 de mayo el Congreso haya descartado de la orden del día el análisis de un tema vital, porque se trata de los ingresos para vivir de los trabajares en retiro.

Según la titular del TSJ, son el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó etiquetar una partida para el pago de los decretos de jubilación de trabajadores del Poder Judicial aprobados por los diputados.

 

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El ex rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, candidato a gobernador de Morelos, se reunió con la Asociación de Académicos Jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a quienes presentó sus principales propuestas de gobierno, así como el proyecto de crear un fideicomiso que resuelva de una vez por todas la deuda que tiene el Estado con los pensionados.

El candidato por el Partido Nueva Alianza (Panal) dijo que la institución enfrenta un déficit muy importante, el que ya se habría resuelto si la autonomía fuera respetada y la ley se cumpliera.  Dijo que no se ha cumplido con la entrega del 2.5% del presupuesto que le corresponde por mandato de la Constitución de Morelos, sino que además se tiene adeudos importantes en muchos rubros.

 

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Contingente universitario exige el rescate financiero de la UAEM.

Entonando el Himno Nacional, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) concluyeron su marcha por el día del trabajo en la Plaza de Armas del Centro de Cuernavaca.

Los académicos universitarios se congregaron en las instalaciones del Sistema de Educación Abierta de la UAEM, en la avenida Morelos norte, desde donde salieron hacia el Centro de la capital del estado de Morelos con algunos letreros y consignas en las que exigían más recursos para la máxima casa de estudios del estado, así como el reconocimiento al trabajo de los docentes.

El contingente del SITAUAEM lo encabezó una bandera monumental, en el que participaron integrantes de las 41 secciones sindicales que -en suma- fueron dos mil académicos, así como la sección de jubilados que se incorporó a la marcha a la altura del Chapitel de El Calvario.

Mario Cortés Montes, secretario general del SITUAEM, dio a conocer que la universidad no cuenta con recursos para su operatividad, por lo que solicitó se entreguen recursos extraordinarios que garanticen el trabajo de la institución.

“El sistema de globalización ha atentado contra los derechos fundamentales, uno es el derecho al trabajo y sus prestaciones y la calidad de vía que tienen los trabajadores”.

Dijo que la marcha es para protestar porque los trabajadores no tienen justicia, expuso, al informar que “no puede ser que la UAEM tenga el peor pago por hora, semana, mes, en todo el país y –además- no tenemos dinero para operar. Hay gestiones para conseguir mil 300 millones de pesos, estamos exigiendo a la Federación que nos ayude, que vea que somos buenos maestros, que los maestros se capaciten, se actualicen y hay que invertir en la educación”.

Cortés Montes comentó que las gestiones del rescate financiero van bien, sin embargo dijo que no los han llamado, “pero estamos dispuestos a negociar algunas cláusulas del contrato colectivo, pero no la jubilación ni los 90 días de aguinaldo”, dijo.

 

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El exsecretario de Gobierno de Carrillo Olea trabajaba para el ayuntamiento de Cuernavaca.

El Ayuntamiento de Cuernavaca otorgó su pensión por jubilación al polémico exsecretario de Gobierno Guillermo Malo Velasco, en cuya gestión estalló la primera crisis de seguridad en el estado de Morelos y que provocó que el gobernador priista Jorge Carrillo Olea fuese sometido a juicio político y depuesto del cargo.

Según el acuerdo pensionario SO/AC-302/3-VIII-2017, aprobado por el Cabildo de Cuernavaca, Malo Velasco trabajó para la administración pública 12 años, seis meses y 28 días; al cumplir 64 solicitó su pensión por cesantía en edad avanzada.

Fue secretario de Gobierno del 18 de mayo de 1994 al 30 de abril de 1997, cuando dimitió en medio de una grave crisis de seguridad por el aumento de secuestros y la detención del otrora comandante antisecuestros Armando Martínez Salgado, implicado en varios plagios y homicidios.

A la postre continuó con su carrera pública refugiado en los ayuntamientos de Yautepec y Cuernavaca. Su último cargo fue como director de Vinculación Metropolitana del Ayuntamiento capitalino, al cual renunció en enero pasado.

De esta manera, el Cabildo de Cuernavaca autorizó la pensión al 60% del último salario que el exfuncionario percibió como trabajador de la comuna.

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Martes, 06 Marzo 2018 05:21

Enésima protesta de jubilados del SAPAC

Exigen al Ayuntamiento pagar el adeudo del SAPAC con el Instituto de Crédito.

Trabajadores jubilados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) se manifestaron –ayer, al mediodía- en la sede del Ayuntamiento capitalino para exigir el pago total del adeudo que el organismo operador tiene con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

Lo anterior, con el objetivo de que se liberen los créditos para los trabajadores jubilados y pensionados. Los inconformes explicaron que debido a que existe un adeudo histórico con el Instituto de Crédito, desde hace más de dos años no han podido acceder a los apoyos financieros, es por ello que exigieron a la comuna que se ponga al corriente.

Pero además también pidieron al SAPAC que pagara las quincenas atrasadas a los jubilados y pensionados.

Al respecto, el organismo informó que cumplieron con el pago de la pensión mensual de trabajadores retirados.

La encargada de despacho del SAPAC, María Luisa López Sotelo, informó que en todo momento mantuvieron un diálogo con los representantes de los jubilados, por lo que desde el jueves de la semana anterior inició la dispersión de la nómina de los extrabajadores.

María Luisa López comentó que al mediodía de este lunes, el número de jubilados a quienes se les depositó su pensión ascendía al 75%, por lo que personal del departamento de Recursos Humanos acudió al Ayuntamiento de Cuernavaca para informarles la situación de ese trámite.

Los jubilados y sus representantes decidieron retirarse de las oficinas municipales, retomando la mesa de trabajo y de diálogo permanente que se mantiene con las autoridades, pero advirtieron que de existir un nuevo retraso, se volverían a manifestar.

 

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