Viernes, 10 Mayo 2019 05:16

Detectan más “jubilaciones doradas”

La investigación se extendió más allá de los 70 decretos que aprobó a su salida la anterior legislatura, pero hay otras aprobaciones anómalas.

A más tardar en 15 días, el Congreso del estado anulará un nuevo paquete de "jubilaciones doradas" que autorizó la LIII Legislatura a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, informó que la lista de jubilaciones que serán anuladas sería mayor a los 70 decretos, número que arrojó la investigación de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que se confirmaron graves irregularidades cometidas por ex funcionarios y ex legisladores.
Reveló que el Poder Legislativo obtuvo nuevas pruebas que confirman que más de 70 ex funcionarios violaron la ley para obtener su retiro y el pago de su pensión.
"Vamos a seguir porque nos están llegando informaciones adicionales que no teníamos contempladas... para incrementar el número de personas que también están en este supuesto de irregularidades, que se les otorgó "pensión dorada", explicó.
García Chávez adelantó que la investigación que inició la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social en septiembre pasado se ampliará para cancelar " jubilaciones doradas" que se autorizaron en administraciones y legislaturas pasadas.
Al respecto, el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Alejandro Villarreal Gasca, refirió hace unas semanas que el Congreso local debía revisar pensiones autorizadas en administraciones pasadas, que se autorizaron de manera ilegal y que afectan gravemente al erario público.

 

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Diputada explica que se busca conocer el presupuesto que se requiere de manera extraordinaria para el pago de la prestación.

Diputados locales acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el tema de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, informó la diputada priista Rosalina Mazari Espín. 
Ante el criterio que ha asumido la SCJN para obligar al Congreso y favorecer a decenas de trabajadores en retiro del Poder Judicial, que mediante amparos han defendido el pago de sus pensiones, la legisladora local dijo que han considerado conveniente comparecer ante el máximo tribunal del país. 
Explicó que buscan tener claridad del presupuesto que se requiere asignar de manera extraordinaria para el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, además de los 80 millones de pesos que el Congreso local etiquetó en el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para este 2019 a favor del Poder Judicial. 
"Desde nuestro punto de vista, está prácticamente el recurso cubierto con las necesidades que tiene la gente que va a recibir una jubilación o su pensión, y que nosotros pudimos hacer este cálculo porque en la página de transparencia nos dimos cuenta que hay personas que vienen en una lista como si no se les hubiera pagado absolutamente nada, y resulta que ya fue cubierta esa jubilación y esa pensión, lo único que nosotros haríamos es aclarar, y que nos digan y que nos quede bien claro de cuánto recurso estamos hablando", explicó.
Mazari Espín dijo que si al cotejar los datos del Poder Judicial y la información que tiene la SCJN se confirma que se requieren más de 80 millones de pesos, el Poder Legislativo requerirá una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda del estado. 
"Las matemáticas son muy exactas. Tenemos que ver cuántos son realmente, a quienes se les pagó sacado de esa lista que todavía viene, aun y cuando esa página de transparencia está más de manifiesto de que ya fue pagada esa jubilación. Tal vez quieran recuperar el dinero que en otros ejercicios fiscales erogaron", añadió. 

 

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Fallo de la Corte obliga a la suficiencia presupuestal para el pago de la prestación.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, informó que está cubierto el pago del 25 por ciento de los decretos de jubilación que forman parte del acuerdo emitido en el pasado 4 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a los tres Poderes del estado disponer el presupuesto necesario para cubrir las pensiones en los términos emitidos en 116 sentencias de controversias constitucionales.

Dijo que el Poder Judicial recibe periódicamente las ministraciones para pagar las jubilaciones de trabajadores judiciales en retiro enlistados en bloques definidos en el acuerdo de la SCJN, lo cual es una garantía de que hay recursos disponibles para que puedan recibir sus pensiones.

“Ahorita llevaríamos como una 25% de avance, pero para los jubilados esto representa una garantía porque, al final del día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que establecer esa partida presupuestal, no solo para este año, sino para los subsecuentes años”, señaló.

Expresó que el TSJ, de su propio presupuesto, absorbía el monto de las jubilaciones, pero a partir del precedente legal de la SCJN en las controversias constitucionales, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a etiquetar presupuesto para el pago de las jubilaciones.

Incluso, señaló que en la controversia constitucional que se promovió hace unos meses ante la Corte por el tema del presupuesto, se demandó que el Congreso tiene la obligación de etiquetar recursos adicionales exprofeso para las jubilaciones y no restarlo del presupuesto operativo del TSJ. 

 

 

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Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones anormalmente altas.

Al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso cobran "pensiones doradas", que van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así lo dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas". 
Entre los nombres que aparecen en la lista que ventiló el centro de investigación se encuentran: Cerli Barón Armenta, exsecretaria de Administración, y Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos, ambas con una jubilación cercana a 50 mil pesos. También aparecen los exauditores Gerardo Casamata Gómez y Luis Manuel González Velázquez, quienes cobran una pensión mayor a 35 mil y 26 mil pesos mensuales, respectivamente. 
Joaquín Roque González Cerezo, designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por la pasada legislatura, recibe una pensión mayor a 26 mil pesos. De igual forma, el ex diputado local Ulises Vargas Estrada cobra 26 mil pesos al mes. 
Estas 70 pensiones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, 3.4 millones al mes. 
Sobre el tema fue cuestionada la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, quien informó que existe una investigación sobre las "pensiones doradas" que paga el Congreso local y sobre su validez, ya que se ha confirmado que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley. 
Informó que se trata de al menos 20 jubilaciones que podrían ser canceladas, a raíz del trabajo de investigación que realiza la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y que se suman a otra larga lista de pensiones que autorizó la pasada legislatura a exfuncionarios del gobierno estatal, que trabajaron en la administración que encabezó Graco Ramírez. 

 

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La diputada puntualizó la necesidad de establecer una mesa de diálogo y acuerdos para evitar el estallamiento de un problema social en la entidad.

 “Es necesario brindar un apoyo solidario a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, quienes padecen la falta de cumplimiento en el pago de las prestaciones económicas y sociales a las que tienen derecho”, enfatizó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, al exhortar al titular de la institución a responder a las demandas de quienes laboraron durante largos años al servicio de la juventud morelense.

Durante el desarrollo de la pasada sesión ordinaria, la también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hizo uso de la tribuna para señalar que un numeroso grupo de integrantes de la Asociación de Jubilados del Cobaem, acudieron a solicitarle su intervención ante las graves violaciones a sus derechos, denunciando la falta de soluciones por parte del titular de ese Colegio, llevándolos, incluso, a tomar las calles a finales de 2018.

Tania Valentina Rodríguez puntualizó la necesidad de establecer una mesa de diálogo y acuerdos para evitar el estallamiento de un problema social en la entidad, al abundar que entre las demandas de los trabajadores se encuentra la falta de pago de la prima de antigüedad, que adquieren una vez que obtienen la calidad de jubilados y que equivale a 19 días por cada año laborado.

Asimismo, reclaman la falta de pago de las cuotas de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, “justo en el momento cuando más requieren los servicios médicos por su edad avanzada, situación que además hace negatoria la posibilidad de ejercer las otras prestaciones sociales por las cuales cotizaron muchos años al IMSS”.

Agregó que también indicaron falta de pago del seguro de vida para jubilados y pensionados, así como el incremento anual al importe del pago de la jubilación o pensión, en los términos que ordena su decreto jubilatorio “expedido por esta misma soberanía, y tal vez, la más sentida demanda”, subrayó Tania Valentina Rodríguez.

Ante sus homólogos legisladores, dijo que la falta oportuna de solución a esta problemática podría derivar en un estallamiento social de consecuencias lamentables, “más cuando se trata de compañeros que a pulso se han ganado su jubilación, después de laborar los años de servicio previstos en la ley”, destacó la diputada.

 

 

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El secretario de Hacienda puntualiza que es necesario apegarse al gasto autorizado.

El secretario de hacienda Alejandro Villarreal Gasca informó ayer viernes que no hay recursos disponibles para el pago de prima de antigüedad a los maestros jubilados; el monto, que ascendería a 300 millones de pesos, no fue presupuestado.

El funcionario estatal indicó que las finanzas del gobierno del estado se manejan con mucha responsabilidad y en todo momento en apego a la normatividad. Explicó que con base en el presupuesto aprobado, se dará prioridad al rubro de seguridad, que es interés fundamental de la ciudadanía y del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Villarreal Gasca confirmó que se cumple con el pago de pensiones a quienes les fue autorizada la jubilación, incluso las llamadas “pensiones doradas” de ex altos funcionarios, pues así lo estipula la ley; las que están bajo algún procedimiento están detenidas.

Consideró que habrán de esperar las revisiones anunciadas por los legisladores locales y confió en que sea factible revertir las pensiones de quienes no tienen derecho. Habrán de esperar los resultados de dicha revisión. No precisó cuántas se pagan ni nombres de los ex servidores públicos que se jubilaron en dichas condiciones.

Cuestionado en torno a la posibilidad de ampliaciones presupuestales a instancias como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al que el sindicato magisterial le demandó el pago de la prima de antigüedad a jubilados, el secretario de Hacienda expuso que no hay recursos disponibles.

El monto estimado por la representación del magisterio es de 300 millones de pesos. Al respecto dijo que hay un presupuesto que debe de atender, “en este momento no hay recurso, ese tema viene de años atrás y tendremos que darles una respuesta con el tema de la Federación”, añadió.

En cuanto a los recursos que se adeudan a la Fiscalía General del Estado, Villarreal Gasca explicó que se trata de una suma de alrededor de 600 millones de pesos y no hay condiciones de hacer un pago total. Se han hecho entregas paulatinas de fondos a dicha institución y se buscarán alternativas para ir atendiendo el pasivo, que –insistió- fue generado en la pasada gestión.

 

 

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La medida, para acatar sentencia de la SCJN que amenazaba con destituir al gobernador y a los directivos del Congreso local.

Son 116 los jubilados y pensionados que recibirán el beneficio; el presupuesto 2019 aún no se publica en el periódico oficial.

El Congreso del estado etiquetó 80 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2019 para que el Poder Judicial cumpla con el pago de jubilaciones y pensiones en favor de sus trabajadores, informó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con la asignación de dicho monto presupuestal, el Congreso del estado habría acatado una orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 4 de marzo para el cumplimiento de 116 sentencias en favor de jubilados y pensionados.
Sin embargo, hasta la tarde de ayer martes, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado para el 2019 no había sido publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para su entrada en vigor.
Mazari Espín dijo que esperaban que la tarde de ayer se publicara el decreto del Paquete Económico para que el Poder Judicial pueda cumplir con el pago de las jubilaciones.
No obstante, consideró que el tema de las jubilaciones y pensiones, que se ha vuelto un problema financiero para los tres Poderes del Estado y los ayuntamientos, debe atenderse a fondo y buscar una solución. 

 

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Después de realizar una protesta ayer, recibieron el pago de febrero.

También demandan que se les garanticen 90 días de aguinaldo.

Jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) se manifestaron este jueves en el zócalo de esta ciudad en demanda de pago de pensiones correspondientes al mes de febrero y una solución de fondo, pues advirtieron que este concepto no fue considerado en el presupuesto. Por la tarde recibieron el pago.

Los inconformes reclamaron que ya habían pasado siete días de marzo y aún les adeudaban la segunda mensualidad, y desde diciembre del año pasado han tenido que movilizarse para exigir el pago, a pesar de que es su derecho.

“Como si fuera limosna”, gritaban maestras en retiro, quienes hicieron notar que este tema ya era conocido por las autoridades educativas desde la administración pasada y en la actual gestión y no se hicieron las previsiones necesarias.

Amenazaban con bloquear calles o avenidas importantes de la capital morelense hasta tener una solución definitiva a esta problemática. Y es que aseguraron que el propio director del subsistema, Víctor Nájera Medina, les informó que el pago estaba garantizado sólo hasta septiembre.

No les han asegurado todo el año y el pago de los 90 días de aguinaldo, como lo señala la ley.

Juan Manuel Iturriaga Cruz, presidente de la asociación de jubilados y pensionados del Cobaem, indicó que en total hay alrededor de 300 jubilados afectados por la falta de pago del mes de febrero.

Comentó que la dirección general del Cobaem les informó que no hay presupuesto para el subsistema para dichos pagos.

Dio a conocer a sus agremiados que este mismo jueves por la mañana, directivos del colegio le informaron que la Secretaría de Educación otorgó un “crédito puente” para que se pagara el recurso del mes pasado, que asciende a alrededor de 17 millones de pesos. El director general se comprometió a que después de las 18:00 horas de ayer, sería dispersado el dinero en las tarjetas bancarias, aunque poco antes de esa hora se emitió un comunicado por parte de la institución en el que se confirmaba que el pagó se había dado ya.

Sin embargo, los asociados reclamaron que se instale la mesa de trabajo para que se llegue a una solución de fondo para el pago puntual durante todo el año y que se les garantice el pago de 90 días de aguinaldo.

 

 

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Martes, 19 Febrero 2019 05:26

Maestros jubilados amenazan con protestas

Autoridades aceptan incluir en el presupuesto recursos para el pago de la prima de antigüedad, pero no precisan la suma.

Profesores jubilados se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir el reconocimiento y el pago de la prima de antigüedad, que por ley les corresponde. Después de dialogar con autoridades educativas, los manifestantes informaron que se acordó asignar recursos para ese rubro en el presupuesto, aunque no se precisó una cantidad específica.

Los maestros en retiro explicaron que desde hace varios años han demandado que se cumpla con esta disposición de ley, que contempla el pago de 12 días de salario por cada año trabajado. Recordaron que más de dos mil 500 docentes jubilados iniciaron demandas ante tribunales laborales.

Óscar Vergara Benítez, secretario de orientación ideológica de la delegación sindical de jubilados D-IV-20 de Tepalcingo y vocero de los manifestantes, expuso que hasta la fecha han tenido promesas de diputados locales en el sentido de que este rubro será considerado en el paquete económico, pero no les han firmado un acuerdo, ni mostrado los documentos que avalen esa promesa.

Refirió que sólo la comisión de Hacienda del Poder Legislativo les entregó un oficio, en el que se expone la propuesta de destinar cinco millones de pesos. Pero esa cantidad, aseveró, es insuficiente porque estiman que el costo es de 562 millones de pesos para el pago a 12 mil 800 jubilados, algunos retirados desde 1995.

Dejo en claro que la comisión no está cerrada a llegar a un acuerdo, dadas las condiciones financieras que enfrenta el estado. Pero solicitan que se plantee una propuesta considerable.

Advirtieron que si no se cumple, harán movilizaciones más drásticas, pues hasta ahora –dijo- han manejado acciones que privilegian el diálogo, aunque el viernes cerraron la avenida Plan de Ayala.

Tras una reunión de la comitiva con autoridades educativas estatales, Carlos Aid Zaragoza, abogado de algunos de los jubilados, informó que el secretario del ramo –Luis Arturo Cornejo Alatorre- se comprometió a pagar esta prestación por ley. Dijo que en el proceso de revisión del paquete económico que está en curso entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo será considerado dicho concepto.

Pero reconoció que el mismo secretario les dejó en claro que no podrían establecer en este momento un monto, precisamente por la negociación que se lleva a cabo. Mencionó que el director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, les reconoció que es imposible asignar 500 millones de pesos, pero que se buscará un equilibrio entre el monto propuesto por el Congreso y la cantidad que consideró el Ejecutivo para tal fin.

El representante legal dejó en claro que en esta plática pudieron notar que se dará prioridad en el pago a quienes demandaron y han estado en la lucha: “como nos dijeron las autoridades, que ellos van a sacar la cantidad y ustedes profesores verán cómo van a dividir el dinero”.

Los manifestantes decidieron dar de plazo esta semana para dar espacio a que se cumpla el ofrecimiento y avancen las negociaciones entre los dos poderes sobre el citado paquete económico. En caso de no tener respuesta clara para entonces, retomarán las movilizaciones.

 

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Plantean fondo con aportaciones del patrón, el trabajador y el Instituto de Crédito.

Con el crecimiento sin límite de la burocracia en sus tres niveles de gobierno y poderes públicos, se ha hecho insostenible el pago de pensiones y jubilaciones; el dinero ya no alcanza y las instituciones muestran agotamiento para lograr superar el problema, comentó el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Juan Juárez Rivas.

Dijo que ya este asunto viene siendo objeto de análisis desde hace algunos años, y hay un proyecto que tiene que aplicarse, en su oportunidad, si se desea evitarse conflictos más graves.

Conjuntamente con otros abogados laboralistas, en la asociación se elaboró un proyecto para la creación del Instituto Estatal de Jubilaciones y Pensiones, que contaría con tres fuentes de ingresos, a fin de crear una bolsa económica: las cuotas del patrón, en este caso, la administración pública; las del derechohabiente, es decir, el trabajador; y la del Instituto de Crédito, dijo.

Claro, ello demanda de un fondo semilla, que correría a cargo del gobierno estatal. “El caso es que nadie quiere entrarle”, dijo.

Y recordó que hace unos días, precisamente tratando ese conflicto, que no es privativo del estado, lo enfrentan la Federación y el resto de las entidades federativas, “una diputada local quería que le regaláramos nuestro trabajo, el proyecto antes citado”.

La cuestión, se quejó, es que tanto funcionarios públicos como “representantes populares”, “todo lo quieren ya hecho, no saben cómo abordar este tipo de asuntos, por desconocimiento del derecho laboral, pero además tampoco tienen asesores capaces y eso lleva a situaciones verdaderamente dramáticas en todos lados”.

“En este momento se andan peleando por el presupuesto del presente año, pero cuando se superen las diferencias, el techo financiero no dará para mucho por la acumulación de pasivos y porque los compromisos son tantos que no hay dinero que alcance. Por eso es tan necesario que se comience a pensar en estrategias a largo plazo antes de que exploten, porque son bombas de tiempo”, aseguró.

 

 

 

 

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