Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

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La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

 

 

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En la instalación de la primera mesa técnica se dijo que el sesenta por ciento del presupuesto estatal se destina a ese rubro.

Analizarán a cuántos burócratas se les paga pensión en la entidad.

Autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus sindicatos, acordaron trabajar en la creación de un Sistema Estatal de Pensiones, ante la problemática financiera que enfrentan las instituciones públicas del estado por este tema.
Este martes, el Congreso local instaló una mesa técnica, con miras a crear dicho sistema, como una solución al pago de pensiones y jubilaciones, ya que actualmente el 60 por ciento del presupuesto del gobierno estatal se destina a ese gasto.
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, explicó que se busca integrar un fondo de pensiones en el que tanto la  institución pública como el trabajador aporten un recurso para su retiro.
Sin embargo, la legisladora dijo que se tiene que cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores, "pues hemos visto en otros estados donde ya tienen un fondo que le descuentan mucho al trabajador y no queremos que eso pase en Morelos", agregó.
Por su lado, José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, explicó que se debe analizar a fondo el tema y evitar que se trastoquen los derechos de los trabajadores en la búsqueda de una solución al problema del pago de pensiones.
Por lo anterior, los integrantes de la mesa técnica acordaron realizar un diagnóstico del problema y conocer cuántas jubilaciones deben pagar los tres poderes del estado, los ayuntamientos y el resto de los órganos y organismos públicos.
Miguel Ángel Medina Soto, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Poder Ejecutivo, afirmó que están dispuestos a trabajar en el tema, pero recordó que el mayor gasto no lo generan los burócratas, que en su mayoría ganan cuatro mil pesos, sino los funcionarios de primer nivel que se jubilan con pensiones onerosas.
"Si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto se va en pensiones, habría que ver cuál es el presupuesto de nosotros cuando ganamos cuatro mil pesos mínimo. Si hacemos un balance de eso estamos teniendo que el 60 por ciento del gasto del estado no lo llevamos los trabajadores sindicalizados supernumerarios, sino que se lo lleva el que tiene un salario más alto que el de nosotros", añadió Medina Soto.
Durante todo el año se llevarán a cabo 23 mesas de trabajo sobre el tema y la siguiente será el 3 de julio próximo, en el Congreso del estado. 

 

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Es beneficiaria de una de las “pensiones doradas”.

La exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y excandidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de fraude procesal y uso de documento falso, tras ser una de las beneficiarias de las llamadas “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la imputada fuese sujeta a proceso penal.

A solicitud de la representación social y la defensa de la imputada, el juez dio cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal JC/698/2019. 

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, también esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista, Francisco Navarrete, una pensión por jubilación al 65% de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

El decreto pensionario de la exfuncionaria, al igual que 70 más, fue sometido a revisión por la actual legislatura, quien determinó revocar dicho decreto y ordenó a la dirección jurídica del órgano legislativo iniciar los procedimientos administrativos y penales contra Flores Rendón, por la presentación de documentación dudosa o falsa y por no acreditarse que efectivamente laboró al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión por jubilación que le fue concedida. 

 

 

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Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

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Tania Valentina exhorta a legislar para disminuir el problema financiero que eso significa.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que impulsará una nueva legislación en materia de servicio civil para atender el problema financiero de las instituciones públicas por el pago de pensiones y jubilaciones. 
En rueda de prensa, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y sindicatos a mesas de trabajo, a fin de impulsar políticas públicas para evitar un "caos" en un futuro próximo por la acumulación de solicitudes de jubilación en los últimos años. 
Rodríguez Ruiz sostuvo que es urgente trabajar en el tema, ya que el pago de pensiones absorbe el 60 por ciento de los ingresos del estado, lo que significa que para este 2019 se hayan destinado 672 millones de pesos para dicho rubro. 
Sin embargo, dijo que el problema crece, pues la comisión que preside tiene acumuladas mil solicitudes de jubilación, la mayoría admitidas en la LIII Legislatura. 
Invitó a los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos a trabajar para generar soluciones, así como a los sindicatos que en legislaturas pasadas se han opuesto a una reforma a la Ley del Servicio Civil, por temor a que se afectaran sus derechos laborales. 
"Nuestro estado carece de una política pública para enfrentar el problema de las pensiones y que a la vez respete los derechos adquiridos de los trabajadores, ése es el problema. Las soluciones no son fáciles y solos, ni separados, podríamos resolver el problema en el corto y mediano plazo y se convertirá en un caos. Lo fácil es hacer como que no pasa nada", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

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El Director del subsistema dice que existe la duda de si esa prestación es estatal o corresponde a la Federación.

Ante las protestas de jubilados, el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) Víctor Nájera Medina informó que se tendrá que solicitar ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el incremento en el presupuesto para pensiones, pues este rubro no es de competencia estatal.

Los trabajadores en retiro de dicho subsistema de educación media superior han protestado en varias ocasiones por el retraso en los pagos y en la ocasión más reciente reclamaron por la falta de incremento en su pensión, a diferencia del ajuste que ya se aplicó para trabajadores en activo. Además, exigieron la liquidación o finiquito, así como otras prestaciones.

El directivo informó que se han pagado todas las mensualidades y es cierto que hay algunas cuestiones pendientes, como el incremento a la pensión, por lo que irán la próxima semana a la Ciudad de México para gestionar ante la SEP ese ajuste, ya que existe “la duda” de si esa prestación es de compromiso federal o estatal: “lo más sano es que nos diga la Federación si tiene el compromiso de pagarles”.

Reconoció que hace falta el pago de años de servicio, lo que suma alrededor de 16 millones de pesos y el finiquito que en cifra redonda asciende a tres millones de pesos.

Comentó que este mismo viernes platicó con el secretario de Hacienda para exponer esta situación, que ya ha planteado igualmente el secretario de Educación del estado Arturo Cornejo Alatorre.

Estimó que la próxima semana podría haber una solución para los jubilados del Cobaem.

 

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La exsecretaria de Educación estatal, Beatriz Ramírez Velázquez, obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para continuar recibiendo su pensión por jubilación, luego de que la actual legislatura abrogó el decreto pensionario por presuntas irregularidades en su emisión.

En el juicio de amparo 505/2019, promovido el pasado 16 de abril, la demanda fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito, quien determinó conceder la medida cautelar hasta en tanto se resuelve si otorga o no la suspensión de manera definitiva.

En su demanda, la exsecretaria de despacho consideró “injustificadas, indebidas, infundadas, inmotivadas, ilegales, inconstitucionales e inconvencionales”, la dictaminación, discusión,  aprobación y promulgación del decreto expedido por la LIV Legislatura y publicado por el Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, por el cual fue revocado su decreto de retiro.

También reclamó que se le ha dado un trato discriminatorio y de linchamiento público “al ser tildada como ‘beneficiaria’ de una denominada ‘pensión dorada’, por parte de las responsables; así como haber sido tratada, inconstitucional e indebidamente, como una presunta responsable de un hecho ilícito, violentando sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales respectivas, como son la de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y no discriminación”.

Con base en estos alegatos, el juzgado de distrito resolvió conceder “la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que las autoridades responsables procedan a cumplir con lo establecido en el decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número cinco mil seiscientos treinta y siete; hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128, 131 y 147, segundo y tercer párrafos, todos de la Ley de Amparo”.

En julio de 2018, la anterior legislatura aprobó el decreto de pensión  por jubilación de Beatriz Ramírez Velázquez, a razón del equivalente al 90%, sobre el equivalente a 600 salarios mínimos generales vigentes.

Pero la actual legislatura revisó y encontró elementos legales para abrogar los primeros 24 expedientes de decretos pensionarios, de poco más de 70 con irregularidades e inconsistencias en su emisión.

En el caso de la exsecretaria, según el decreto de abrogación publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 12 de abril, en el sistema de cómputo y libros de registros, así como de control de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Poder Legislativo del Estado de Morelos, no se encontró ningún registro de ingreso de la solicitud de pensión de fecha 27 de junio de 2018 a nombre de Ramírez Velázquez.

Tampoco cumplió con lo previsto en la fracción I del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, que señala que corresponde a la Comisión Legislativa conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno.

De igual forma, dice el decreto de abrogación, se observó que no se llevó a cabo debidamente la investigación en todas esas dependencias para las cuales la solicitante de la pensión afirmó que prestó sus servicios, ni en el expediente interno se integró documentación probatoria, como recibos de nómina, oficios de nombramientos, listas de asistencia, entre otros, para comprobar los servicios prestados y su antigüedad.

Con base en ello es que el Pleno del Congreso determinó que existieron “serias irregularidades en el desarrollo del proceso legislativo llevado a cabo por la LIII Legislatura, así como en el expediente abierto con motivo de la solicitud de pensión de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, y al existir elementos suficientes y convincentes para considerar que el Decreto pensionatorio Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado a favor de la C. Beatriz Ramírez Velázquez, carece de los más esenciales requisitos de validez para su otorgamiento ya que estuvo viciado de nulidad desde su origen”.

 

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La diputada priista señala que no permitirán injerencias externas a la hora de elegir ombusdman y titular del  ESAF.

El Congreso del estado no permitirá imposiciones de actores políticos externos para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), afirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
Ante los rumores de que desde el Senado de la República se pretende incidir en el nombramiento de la ESAF, la legisladora sostuvo que el nombramiento es una facultad solo del Congreso local.
"Se dice mucho eso, pero creo que nosotros debemos ser responsables para que las decisiones de las diputadas y de los diputados las tomen las diputadas y los diputados de este Congreso. Somos un poder y tenemos como tal actuar con responsabilidad y no permitir que gente externa o de otras (...) recomendaciones que sí, pudieran ser tomadas en cuenta como una recomendación más, no una imposición, eso sí debe quedar claro", manifestó Mazari Espín. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en que la próxima semana el Congreso del estado pueda definir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que debió designarse desde el 21 de marzo pasado y para el que 23 ciudadanos se registraron como aspirantes ante el Poder Legislativo. 
Inmediatamente, refirió, se iniciará el proceso para nombrar al titular del órgano auditor, cargo que está acéfalo desde diciembre del año pasado. 

 

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El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

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