Daniel Alcaraz Gómez

Daniel Alcaraz Gómez

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Dirigentes de organizaciones transportistas insisten en el llamado a terminar con el servicio irregular y la anarquía propiciados por la anterior administración.

Dirigentes de distintas organizaciones de transportistas, tanto de taxis como de colectivos, particularmente de las regiones oriente y surponiente de la entidad, insistieron en que es urgente instalar una mesa de diálogo con las autoridades para poder –conjuntamente- buscar remedio a la anarquía que continúa vigente en ese sector.

Permisionarios como Víctor Mata Alarcón, Víctor Lara Alarcón, Aurelio Carmona, Jesús Arizmendi y Ricardo Morales, de la Sección 15 de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), coincidieron en que el estado de cosas que guarda el sistema de transporte público en la entidad es de descomposición y desorden.

“Muy en particular, se deben investigar hechos como los ocurridos en Huitzilac, donde a un compañero le quemaron su unidad y se presume de presencia de grupos de la delincuencia en los hechos”, recordó Mata Alarcón. Al respecto, señaló que aún no se deslindan responsabilidades del caso, porque el tema está en manos de las instancias gubernamentales competentes.

Pero Lara Alarcón y Aurelio Carmona insistieron en que la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá aplicar una limpia en serio, ante la presencia de miles de unidades irregulares que siguen trabajando, en un mayor número, en la parte oriente de la entidad porque las condiciones se facilitan para ello; hay menos vigilancia policiaca y de inspección de parte de la dependencia.

Ricardo Morales consideró por ello es importante que se instale una mesa en la que estén representados funcionarios de algunas dependencias y representantes de organizaciones legalmente constituidas para analizar la problemática general que priva al respecto.

Todos se dijeron preocupados por lo que pasa y sostuvieron que el Congreso del estado deberá promover algunas iniciativas en materia con el apoyo del gremio para recomponer las cosas, porque “hemos sido severamente golpeados por el gobierno anterior, que le dio uso electoral a todo tipo de trámites y gestiones”.

Se mostraron en respaldo del titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, porque consideraron que cuenta con la experiencia para enderezar las cosas, pero insistieron en un diálogo directo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. La posición unánime fue en el sentido de que se deberá seguir combatiendo la irregularidad, a pesar de resistencia de algunos sectores con intereses poco claros.

 

 

   

Con temporadas como el Día de Muertos, el “Buen Fin” y, próximamente, los festejos decembrinos, aunado a los cambios de administraciones de gobierno, empresarios aguardan una recuperación económica.

Reiteran la petición de rescatar el primer cuadro del fallido proyecto de la llamada “ecozona”, así como combatir el ambulantaje y la inseguridad.     

El puente largo por el “Buen Fin” debe traducirse nuevamente en una mejora sustancial de las ventas para el sector comercio del primer cuadro de Cuernavaca, consideró el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, también conocida como Pro Centro, Eduardo Peimbert Ortiz.

Dijo que los cálculos previstos con motivo de Día de Muertos se cumplieron, el consumo creció en un 10%. “Ahora se espera por lo menos repetir el mismo porcentaje, porque la mayor parte de la gente suele ahorrar un poco para aprovechar las rebajas de este largo fin”.

Peimbert Ortiz recordó que un considerable número de establecimientos de la asociación está ofreciendo descuentos importantes, que van desde un 10 hasta un 30%, y es buena oportunidad para conseguir más con menos, por eso estimó que habrá mucha concurrencia, sobre todo ayer y hoy domingo.

Pero el dirigente se siguió quejando de la falta de orden, del desaseo y de la mala calidad de las obras de la denominada “ecozona”, sobre todo la calle Guerrero, donde se ubica su negocio. “Es un muladar. Las alcantarillas están rotas, hay baches y hoyos por todos lados y todo ese mal aspecto impacta en el desarrollo de la actividad comercial”.

Del mismo modo, insistió en que las instancias competentes tendrán que poner freno al ambulantaje, que se ha apoderado de las calles y no opera legalmente, lo que significa que no contribuye con el fisco y representa una competencia desleal para su gremio.

Es decir, la insalubridad por mala calidad de obras, ambulantes e inseguridad, son los tres factores que más lastiman a quienes quieren hacer las cosas bien y por la vía legal; “con que todo lo anterior se resolviera de manera importante, se estaría del otro lado”, consideró Peimbert Ortiz.

No obstante admitió que a nivel de gobierno del estado apenas se está iniciando con el sexenio y hay que conceder una tregua. En lo referente al municipio de Cuernavaca, “pues las cosas tendrán que esperar más, porque el nuevo gobierno arrancará el primero de enero y de ahí a que tenga control de la situación, habrán de pasar algunos meses más”.

Aun con todo eso, abundó, “viene la mejor temporada, porque estamos en la antesala del fin de año y del año nuevo, que suelen ser benéficas en lo que tiene que ver con la actividad del comercio”.

 

 

 

 

El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.

 

Dirigentes de cámaras estiman que al momento de su desaparición, en el Fitur y en el Fidecom existía un capital por más de 500 millones de pesos.

Líderes empresariales de diversas cámaras y agrupaciones de comercio, industria y servicios se hicieron presentes ayer en el recinto legislativo, para demandar a los diputados la recuperación de los fideicomisos que en el reciente pasado fueron desaparecidos. Luego de que algunos legisladores, durante la sesión ordinaria de ayer, dieran a conocer que iniciarían los trabajos a fin de restablecer tanto el Fideicomiso de Turismo (Fitur), como el Fideicomiso de Competitividad (Fidecom).

A este respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Antonio Sánchez Purón; el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez; al igual que el de la Canacope, José Salgado Patiño; además de representaciones de todas las organizaciones del interior del estado, consideraron de urgente necesidad atender el tema.

Sánchez Purón advirtió que la posición de las cámaras es firme, se tienen que reponer esos programas, ya que significaron un punto de apoyo para fortalecer la actividad comercial e industrial en todos los sentidos, pero recordó además que “es dinero nuestro, nosotros lo aportamos vía impuestos”.

Tampoco se trata de un capricho o cerrazón de parte de los interesados, simplemente funcionó y tiene que volver a hacerlo, consideró el empresario. Mientras tanto, Adame Jiménez calculó que al momento de su desaparición, los cálculos indican que había de fondos algo más de 540 millones de pesos, “que había que ver dónde están”, ya que se sabe que no había reportes e información al respecto, pero se entregaba en ministraciones.

Por su parte, Salgado Patiño estimó que Morelos merece un mejor destino y tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo tienen la obligación de recuperar ese tipo de instrumentos que mostraron funcionalidad y más en estos momentos en los que se requiere de mucho esfuerzo para poder recomponer todo lo que quedó mal.

Los tres coincidieron en que los negocios y en general la actividad comercial requieren incentivos y los fideicomisos daban esa posibilidad de obtener recursos con bajas tasas de interés para poder recapitalizarse. Reconocieron que será comenzar de cero, porque una vez desaparecidos, esos fideicomisos extinguieron a su vez el capital que tenían, pero en el mediano plazo se volverá a contar con posibilidades de acceder a créditos.

Calificaron como positiva la posición de los diputados para reactivar esos programas, porque además los propios empresarios presentaron las propuestas y sugerencias legales para que ello suceda, de tal manera que sólo es cuestión de voluntad.

 

 

 

 

 

Denuncian ante el Congreso que es ilegal que tengan que pagar por servicios como el de las revisiones de protección civil.

Las cámaras y agrupaciones comerciales, empresariales y de prestación de servicios interpusieron un recurso legal ante el Congreso local contra los cobros indebidos que la mayoría de los municipios aplican por actividades que deben ser gratuitas, sobre todo aquellas relacionadas con protección civil.

En un documento entregado a la actual legislatura, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez; el dirigente de la Canacope-Servytur, José Salgado Patiño, entre otros firmantes, hacen hincapié en que “conforme al artículo 8 constitucional, el 4 de la Ley de Cámaras Empresariales, y con base en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, hay rubros en los que los ayuntamientos están obligados a desarrollar tareas de forma gratuita”.

El contenido del escrito, dirigido a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, Rosalina Mazari Espín; a José Casas González, secretario de la misma, así como al presidente de la mesa directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, señala que “Estado y municipios forman parte de una federación nacional y están obligados a cumplir las normas vigentes antes mencionadas”.

Dejan claro que existen obligaciones y servicios que prestan los municipios que sí están gravados y tienen un costo, como en el caso de permisos o licencias de funcionamiento, sin embargo, por desconocimiento de la ley o por mala fe, también se aplican costos a inspecciones o revisiones que son una obligación institucional, precisamente para verificar que los establecimientos estén en orden y funcionando legal y correctamente, pero no implican pago alguno.

Cuestionados al respecto, tanto Adame Jiménez como Salgado Patiño señalaron que las alcaldías han hecho ya de estos cobros una norma, afectando con ello a la planta productiva y poniendo en riesgo la viabilidad de los negocios, que en sí enfrentan circunstancias poco adecuadas para su desarrollo y permanencia.

La intención con esta petición al Congreso, destacaron, es que por lo menos, a partir del próximo año, desde la Cámara se instruya a los presidentes municipales a fin de que terminen con esos abusos que son una violación al Código Fiscal de la Federación, pero que han sido tolerados por parte del gremio, a veces por desconocimiento de normas.

El compromiso de los diputados fue resolver conforme a derecho y eso estaría garantizando que en el futuro inmediato se terminará por fin con esas irregularidades, que son ejemplo del poco compromiso de la autoridad con quienes contribuyen a la creación de empleos y oportunidades, consideraron.

No hay permisos ni dictámenes oficiales, aseguran vecinos; exigen la intervención de autoridades.

Vecinos de los Patios de la Estación y residentes de la zona, quienes pidieron anonimato ante posibles acciones de represión, denunciaron la instalación de un depósito de diésel para el abastecimiento de combustible de la Ruta 19, que tiene una de sus bases entre las calles Amacuzac y Yucatán.

Los quejosos destacaron que hasta donde se ha logrado investigar, los concesionarios no cumplieron con requisitos de ley, como el estudio y revisión correspondiente de Protección Civil, tanto estatal, como municipal, lo que lleva a considerar que lo anterior es de alto riesgo.

Incluso, calificaron el hecho como una bomba de tiempo, porque debido al incumplimiento de reglas básicas, podría ser objeto de una explosión y la terminal se encuentra en medio de la zona urbana, de ahí que se estime de muy alta preocupación.

Advirtieron que ya decenas de vecinos, sobre todo los más cercanos a la base, vienen elaborando las peticiones correspondientes que serán entregadas en las instancias competentes del estado y de la alcaldía a fin de que se haga una inspección minuciosa y se calculen los daños que pudiera generar un depósito de dichas condiciones.

Y es que, abundaron, independientemente de la omisión de normas, nunca se enteró a los que viven en el entorno de tal acción, lo hicieron de manera sigilosa, precisamente para evitar que no se les permitiera hacerlo, pero ya la población está enterada y molesta.

La posición de los vecinos es que se cancele el depósito o que, en su caso, las dependencias de gobierno, previos los estudios correspondientes realizados por ambos niveles, se comprometan a garantizar la seguridad de la población y por escrito.

La Unión de Morelos intentó obtener la opinión de algunos operadores y personal de la empresa de transportes, pero la respuesta es que no estaban los jefes y que sólo ellos son los que pueden opinar al respecto, no obstante, sí se pudo constatar la presencia de un depósito al interior de lo que las unidades usan como una base de entrada y salida de la Ruta 19.

 

 

A finales del sexenio anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte repartió más de cinco mil permisos con fines electorales, afirma el líder de taxistas.

La venta indiscriminada de permisos durante el sexenio agudizó la sobresaturación del servicio y el pirataje, señala.

“Los niveles de corrupción con los que se manejaron extitulares de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el sexenio anterior hacen que todavía en la mayoría de los rincones de esa dependencia apeste”, señaló Víctor Mata Alarcón, miembro de la Coalición de Representantes de Transportistas de Morelos.

Para comenzar, abundó, son más de cinco mil los permisos o supuestas concesiones que a finales del sexenio se comprometieron con algunas agrupaciones, a fin de sacar ventajas electorales, pero que jamás fueron regularizados y se dejaron como herencia.

Al respecto, aclaró: “Nosotros no tenemos ningún inconveniente en el sentido de que la SMyT intensifique los operativos para ubicar a todas esas unidades irregulares y, conforme a los antecedentes, sacarlas de circulación o llegar a alguna definición, pero a decir verdad, ya se le tiene que dar vuelta a esa hoja”.

Reconoció que esos autos suelen ser utilizados por maleantes para delinquir y dijo que “pudimos darnos cuenta con un supuesto taxi en el que viajaban ladrones que despojaron a unas mujeres de sus bolsos por el rumbo de Acatlipa, en Temixco, y, como ese, se han dado un sinnúmero de casos”.

“Insistimos, hay muchos olores nauseabundos en torno a la dependencia y esperamos que el secretario en turno, Víctor Mercado Salgado, quien tiene mucha experiencia en el ramo, logre desarrollar un trabajo distinto y así regresarle la legalidad al sistema estatal del transporte en todo el estado, porque la anarquía alcanza todos los rumbos de la entidad”.

Mata Alarcón agregó que en el servicio de transporte sin itinerario fijo hay una sobreoferta, consecuencia de la venta indiscriminada de concesiones y del uso faccioso de facultades para hacer negocio por parte de quienes han pasado por la secretaría en referencia.

Desde la administración de Antonio Riva Palacio, destacó, se hizo del tema un negocio, “pero con el exgobernador Graco Ramírez esto llegó a su máxima perversión, porque fue literalmente, no la caja chica, sino la caja grande, desde donde se obtuvo mucho dinero, sobre todo para asuntos político-electorales, aunque al final miles de interesados fueron engañados porque las promesas no se cumplieron”.

Pero consideró que se trata de decisiones institucionales, no personales, por eso se deberán aplicar las acciones que correspondan para poder combatir los vicios e irregularidades que son causa de conflicto al interior de las organizaciones del ramo.

 

 

Luego de casi tres semanas de paro en los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla, provocado por transportistas de carga, ayer se reanudaron las labores, luego de que los empresarios de la construcción cubrieron los pagos pendientes.

Como se recordará, los transportistas acusaron a las constructoras Rubau-Ciacsa de haberles retenido el pago de los contratos por acarreo de materiales, aduciendo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tampoco les cubría las ministraciones respectivas.

Los quejosos, que pidieron omitir sus nombres, aseguraron que los empresarios venían “jineteando” los recursos, equivalentes a nueve millones 200 mil pesos, ya que disponían de información en el sentido de que la SCT sí estaba cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones.

Uno de los camioneros dijo a La Unión de Morelos que finalmente la presión funcionó, ya que las altas autoridades de la secretaría en referencia fueron enteradas del caso y demandaron a las empresas cumplir con su responsabilidad; pero igualmente destacó que se alcanzaron además beneficios adicionales a nivel de apoyos y prestaciones, que fueron objeto de acuerdos formalmente firmados para que no se vuelva a repetir algo parecido.

Luego recordaron que la ampliación de la autopista ha sufrido muchos contratiempos, primero porque se opuso mucha resistencia de pobladores de la cabecera municipal de Tepoztlán, en el paso por la zona urbana; y segundo, debido a que se han presentado otros problemas, como la disputa del contrato de obra entre organizaciones sindicales, entre éstos la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM) y el Nuevo Grupo Sindical (NGS), que llevara a enfrentamientos físicos y quema de unidades entre las partes.

De acuerdo a los cálculos de los camioneros, la vía de comunicación presenta un avance del 70%, sobre todo por  trayectos cercanos a Tepoztlán, donde aún no se arman puentes de paso vehicular y pasos subterráneos para la fauna, que son una condicionante de quienes se opusieron al proyecto.

En concreto, advirtieron que la mayor parte del trayecto La Pera-Oacalco no podrá ser abierto a la circulación y los trabajos tendrán que ser concluidos ya en la administración como presidente de la república de Andrés Manuel López Obrador, aunque fue un compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto. Señalaron, no obstante, que lo que las empresas sostienen es que el compromiso es llevar a su conclusión la acción al cien ciento en los meses siguientes, ya con el nuevo gobierno.

 

La propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de elevar el salario mínimo a 102 pesos, tendría que ser sujeta a valoración, sí por lo menos en lo que se refiere al sector  productivo en Morelos, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez.

Lo anterior, con base a una posición de Coparmex que desde el año pasado ha puesto a consideración tanto ante la Secretaría del Trabajo, como ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) a nivel federal, a fin de ofrecer una “línea de bienestar” al sector laboral y en el entendido que a mayor poder adquisitivo, mejor condición de desarrollo integral.

Pero el líder empresarial dijo que “es muy posible que una acción así genere las mismas consecuencias que la propuesta que la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional presentó en el Congreso de la Unión para buscar disminuir comisiones bancarias y que debió ser frenada en el acto por la caída en la bolsa de valores”.

Ahora bien, agregó Adame Jiménez, en lo que se refiere al incremento salarial sugerido, tampoco es nada fácil, al menos en el caso de nuestro gremio, sí causaría un enorme sacrificio porque sería hablar de una mejora con un impacto cercano al 50% y no todos los empresarios están en la capacidad de absorber una alza de tal magnitud, sin embargo, se analizaría para valorar los alcances positivos y negativos.

Otro lado que se deberá cuidar es el relacionado con la espiral inflacionaria que ello causaría, en una de esas, reflexionó, se afecta a la economía en general en lugar de  mejorarla. Luego recordó que por ser una economía menor, comparada con otras entidades y con un sector industrial igualmente mediano, Morelos presenta características muy particulares.

“Es decir, deberían aplicarse criterios distintos en lo que se refiere a salarios, conforme a las circunstancias regionales; no es lo mismo un Estado de México, Ciudad de México, que nosotros, por eso es que son temas demasiado difíciles de tratar y no se les debe ver a la ligera”, abundó.

Pero aclaramos, el CCE no está negado a llevar el asunto a la mesa de revisión para valorar sus efectos y de llegar a darse, “necesariamente el gobierno federal, vía las instancias competentes, tendría que ofrecernos algunos incentivos o apoyos, por lo menos mientras se supera la coyuntura o el desajuste que se generaría de lograr algún pacto al respecto”, concluyó.

 

 

Transportistas de materiales de construcción tienen detenida la obra en la carretera La Pera-Oacalco por la falta de pagos desde hace más de dos semanas; la empresa “desapareció” sin dar la cara, denuncian.

Transportistas de materiales de construcción que atienden el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Oacalco, suspendieron la obra tras acusar a la empresa constructora RÚBAU-CIASA de estar “jineteando” el presupuesto y de haberles suspendido los pagos respectivos desde hace más de dos semanas.

Un grupo de camioneros, que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, señalaron que los empresarios salieron con que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había dejado de entregar las ministraciones correspondientes y que, por lo tanto, se carecía de dinero para poder cubrir la nómina.

Pero los afectados afirmaron contar con información confiable en el sentido de que la dependencia federal ha estado cumpliendo puntualmente con sus obligaciones y que, por lo tanto, lo que se observa es un “jineteo” de recursos, que en promedio, representan en este momento nueve millones 200 mil pesos en retenciones.

Incluso advirtieron que este tipo de actitudes es muy frecuente en el ramo de la construcción cuando termina un sexenio e inicia otro, ya que los constructores lo ven como la oportunidad para desaparecer presupuesto e incumplir con los contratos firmados, a sabiendas de que la siguiente administración podría reponer esos fondos.

Aclararon que se trata de transportistas, proveedores y trabajadores quienes están siendo víctimas de esa injusticia, por eso decidieron parar los trabajos hasta que se les repongan los pagos o el bloqueo será de manera indefinida.

Lo malo, insistieron, es que desde hace algunos días ya nadie de la empresa da la cara, se fueron ausentando poco a poco hasta desaparecer, porque la clara finalidad es llevarse el dinero y dejar a todos colgados, como ya ha pasado muchas veces en este tipo de proyectos.

Por ese tipo de fraudes, recordaron, es que todavía el puente vehicular Apatlaco, que se desarrolla al sur de Cuernavaca, en El Polvorín, sigue sin concluirse, cuando originalmente tenía que haber sido entregado a finales del gobierno del expresidente de la república Felipe Calderón Hinojosa. “Acá se nos quiere aplicar la misma receta –expusieron- pero habrá defensa y por lo pronto la obra está paralizada hasta que se aclaren las cosas y de ello la propia SCT tiene que dar fe”, estimaron.

 

 

 

 

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