Daniel Alcaraz Gómez

Daniel Alcaraz Gómez

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Calculan en unos mil 500 los vehículos de esa empresa que circulan en Cuernavaca y su zona conurbada; líder de taxistas señala que es ilegal su operación.

El líder de la Federación de Radio Taxis del estado de Morelos, Víctor Lara Alarcón, señaló que entre esa agrupación y algunas otras más, vienen consensuando acuerdos a fin de iniciar acciones de protesta en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), a la que acusan de negligencia e incumplimiento en sus responsabilidades legales.

Manifestó que “ya hemos pedido por todas las vías decentes la intervención de la autoridad a fin de que haga algo ante la irregular presencia de Uber en la prestación del servicio público sin itinerario fijo, y ha ocurrido todo lo contrario, el número de unidades sigue creciendo; se calcula que circulan más de dos mil en el estado, porque ya trabajan en Cuautla y algunos municipios más de la zona oriente”.

Dijo que la competencia desleal les ha venido pegando en el nivel de ingresos porque vienen absorbiendo una buena parte del mercado de usuarios y en condiciones de ilegalidad. “No se entiende cómo es que se les ha permitido operar por encima de la ley, cuando a ese gremio se le aplica mano dura”.

Lara Alarcón aseguró que si bien es cierto que hay un buen número de taxis, la población urbana ha crecido mucho, de tal manera que para todos hay. Incluso, agregó, se tiene pendiente la entrega de unos cuatro mil paquetes de permisos, porque de acuerdo a un estudio de factibilidad, aún existen zonas que deben ser atendidas, sin embargo, Uber incrementa el radio de servicio y sin control alguno.

El dirigente consideró que la ley debe ser pareja para todos, no puede haber excepciones y, en este caso, se dan. “Vamos a tener que salir a la calle para hacer valer nuestros derechos, parece que es sólo con presión y gritos como se escucha a los ciudadanos”.

Incluso, sostuvo que Uber comenzó a prestar el servicio a partir de mecanismos muy modernos en lo que se refiere al cobro, pero de unas semanas a la fecha ya también reciben efectivo. Cuernavaca y la zona conurbada concentra el mayor número de esos vehículos, algo más de mil 500, sin embargo, vienen avanzando progresivamente porque las instancias de gobierno les conceden todas las facilidades.

No obstante, dijo desconocer el porqué de la pasividad y complicidad oficial, de ahí que se piense en la existencia de intereses entre funcionarios y la empresa, “de otra forma sería imposible su operatividad”.

 

 

 

Entre los asuntos pendientes en proceso de consolidación de parte del gobierno estatal, se encuentra el de regresar a Morelos el servicio de la línea ferroviaria para fortalecer el traslado de mercancías y productos industriales a los grandes mercados de consumo como la Ciudad de México y al respecto ya se han invertido un promedio de 100 millones de pesos en la recuperación de las vías, señaló el secretario de Hacienda Jorge Michel Luna.

Dijo al respecto: “nosotros, como institución responsable del control financiero del gobierno, sólo participamos en lo que se refiere a los fondos económicos para tal efecto, es ya facultad de la Secretaría de Desarrollo Económico aquello relacionado con los avances operativos, pero tenemos entendido que ya se hacen pruebas al respecto”, destacó.

El funcionario abundó en el sentido de que aún quedan en proceso de ejercicio un presupuesto calculado en unos 60 millones de pesos más, para darle conclusión a esta parte de las comunicaciones en lo estatal. Consideró que conforme al programa sobre ello previsto, se espera que el recurso quede aterrizado al 100 por ciento con el término sexenal, porque el cierre ya está muy avanzado.

Michel Luna aseguró que este gobierno ha hecho mucho hincapié en lo relacionado con la conectividad y el regreso del tren al estado significará un importante servicio para empresarios y comerciantes, en particular, de la zona oriente, desde donde cuesta mucho hoy hacer llegar los productos a los grandes mercados, por el problema vial, que aún es deficiente.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con el sistema estatal del servicio público del transporte, Jorge Michel manifestó que también se les ha venido apoyando, a lo mejor no en el nivel que ellos quisieran, pero sí con aquello que se refiere a toda clase de trámites, como cambio de propietarios de vehículos, multas, refrendos y otras necesidades que requieren los permisionarios.

Incluso, tenemos entendido que vía la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), se oferta una serie de facilidades a fin de ayudar a resolver deficiencias en la materia, no obstante ese es un aspecto que no corresponde a Hacienda de manera directa, pero que cuando se requiere, valida mediante estímulos y descuentos diversos dichos apoyos. Para algunos empresarios del rubro, finalizó, el proyecto del Morebús era motivo de controversia, pero hasta eso se canceló, de tal manera que no hay argumentos para que no hagan un esfuerzo por ofrecer un servicio mejor al usuario.

 

La inversión pública estatal, federal y municipal comienza a disminuir drásticamente, los tres niveles de gobierno han comenzado el cierre gradual administrativo y con ello las posibilidades de contratos a empresas privadas del ramo de la construcción vienen a la baja, dijo que líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Auto Transporte (STIAT), Francisco Javier Atrisco Meneses.

Recordó que esa organización, filial de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), se dedica al acarreo de materiales para la construcción y que han enfrentado coyunturas bastante complicadas, ya que son pocos los grandes proyectos desarrollados en Morelos en esa materia y los que se presentaron, están ya en su fase final.

Recordó que con muchas dificultades pudieron tener participación en la ampliación del libramiento de Cuernavaca, ahora paso exprés; en otras inversiones, como el puente Apatlaco al sur de Cuernavaca, el proceso ha sido tan lento que lleva años sin ver su culminación y ya la intervención del STIAT es prácticamente nula.

Atrisco Meneses destacó que por ello, su gremio sigue padeciendo de problemas graves para subsistir. “Hay muchos compañeros que viven de pequeños fletes y acarreos casi domiciliarios o particulares porque no hay para dónde hacerse, son familias que necesitan ingresos y no hay donde emplearse”.

Calculó que más del 60% de la plantilla vehicular está parada. Los ayuntamientos manejaron durante la actual administración, acciones muy pequeñas, el estado ya tiene compromisos con algunos constructores y la mayoría son de fuera, mientras que la Federación también trae sus propios empresarios, cuando desarrolla proyectos locales y pelearse con esos consorcios nacionales tampoco es muy agradable.

Y advirtió que para esperar mejores tiempos habrá que aguantar muchos meses más porque será con las nuevas administraciones y eso es pensar en comienzos del año entrante. Es decir, unos ocho o nueve meses, como mínimo, lo cual se antoja eterno.

Y abundó en el sentido de que hasta las campañas políticas generan polarización, ya que su gremio está dividido políticamente y la mayoría no sabe hacia dónde jalar, priva una especie de confusión en ese sentido y hay que respetar la decisión de cada quien, en eso no se puede intervenir. El corporativismo es algo que quedó atrás, ahora cada quien jala por donde considere más viable. Ya después vendrá el reacomodo y la reconciliación, consideró el dirigente.

 

El encarecimiento progresivo de la mayoría de los insumos y refacciones para el mantenimiento de unidades ha dificultado la modernización de las unidades en operación en el sistema de transporte público, señaló el presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona, quien destacó que aun así, se vienen haciendo esfuerzos para mejorar la oferta a los usuarios.

El líder gremial recordó que además, los constantes incrementos en el precio de la gasolina es lo que más les pega y ante ello se ha venido trabajando respecto a la conversión a gas natural, pero eso sería a partir de nuevas adquisiciones, ya que ya traen un sistema de adaptación.

Reconoció que vía diversos programas, el gobierno estatal mantiene algunos estímulos a los permisionarios, pero tampoco son tan significativos como para que ayuden a un mejoramiento integral, pero adelantó que se viene trabajando con la empresa Mercedes Benz, en la Ciudad de México, para tratar de adquirir un promedio de 200 vehículos, con los que se estaría arrancando el proyecto de conversión.

Pero Carmona destacó que “hay que instalar mecanismos para que se pueda usar gas natural, pero también diésel, porque el gas no ofrece la fuerza suficiente para poder transitar por pendientes muy pronunciadas, más si el pasaje es numeroso, ahí se tendrá que echar mano del diésel”.

Y luego agregó: “sinceramente, sí requerimos que gobierno estatal apoye porque no es nada sencillo, estamos hablando de que el costo promedio por automotor está en un millón 450 mil pesos y para la mayoría de los compañeros son sumas que no están a la mano”.

Claro, admitió, también es cierto que el gas generaría un importante ahorro en gasto de combustible, pero eso sería ya cuando se haya concretado todo el proceso. “Sin embargo, antes de todo eso hay que meterle una buena lana que no se tiene por ahora y ahí es donde se requiere de la ayuda oficial”.

Ahora bien, acotó, desde fuera se llega a tener la percepción de que un permisionario amasa fortunas y gana mucho dinero diario; la verdad es que no es así, hay que gastar mucho en toda clase de insumos, composturas y personal, la absoluta mayoría de los ingresos son reinvertidos mediante diversas necesidades que desde el exterior no se aprecian. No obstante todo eso, reiteró: “sí existe permanente preocupación por llevarle al usuario un servicio mejor, porque son ellos los que garantizan nuestra permanencia en las calles”.

La actual coyuntura electoral vino a paralizar casi todas las actividades de la vida pública, sobre todo aquello relacionado con las administraciones de gobierno y lo que resta del año será casi inactivo en muchos sentidos y quienes vivimos de la obra pública gubernamental, estamos casi en situación de crisis, manifestó el secretario general de sindicatos de la construcción y oficios diversos Mario Barrera.

“Nosotros tenemos entre los filiales a una agrupación de camiones de carga para porteo y enfrentamos condiciones adversas porque no somos bien vistos por la autoridad estatal, que ha mostrado total inclinación y favoritismo hacia otras organizaciones del ramo”.

Y sostuvo que “ha sido muy evidente que los mejores contratos de obra vienen siendo asignados a favor del Nuevo Grupo Sindical, porque a cambio son usados para acciones y movimientos de carácter político cuando es necesario y a nosotros nos tienen relegados”.

Dijo que buena parte de los miembros del sindicato buscan contratos en estados vecinos, aunque eso tiene un costo, porque no es fácil trasladarse a grandes distancias para encontrar chamba, las condiciones son distintas y hay que meterle más gastos, pero no hay otra alternativa.

Para colmo, acciones como la ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Oacalco están fuera del alcance local, ya que las empresas constructoras son de la Ciudad de México, vienen ya con contratos asignados de acuerdo a sus intereses, generalmente ese tipo de obras no dejan mucha mano de obra en lo local, aseguró.

Mario Barrera destacó que a base de mucha presión, lograron tener alguna participación en la construcción de la autopista Siglo XXI, pero ya está casi concluida y con ello, por lo que resta del 2018, no hay nada de trascendencia en el corto plazo.

Como todos los compañeros que dependen en mucho de la inversión gubernamental, sólo se le apuesta a mejores tiempos. Reconoció que la FTM se acostumbró a ser oposición, a ser desplazada por las autoridades en turno en la distribución de oportunidades y tampoco se ve hacia adelante un escenario muy bondadoso, pero hay acompañamiento entre organizaciones hermanas en los estados de la república y en muchas ocasiones por ahí se logran obtener ciertas oportunidades.

 

El secretario de Gobierno asegura que la obra no será entregada con deficiencias.

El secretario de Gobierno, Ángel Colín López, manifestó que a diferencia de lo que ocurrió en el Paso Exprés Cuernavaca con el socavón, en el caso de la autopista Siglo XXI, donde se registró un derrumbe de un puente que cruza esa vialidad, se han venido tomando todas las medidas de prevención a fin de evitar percances.

“En efecto, un túnel que pasa por debajo de esa autopista colapsó, como efecto de daños causados por el terremoto del 19 de septiembre del año pasado, pero a diferencia de lo ocurrido en la capital, aquí ya se tenía previsto que se diera y se cuidó que pasara cuando no representara riesgo alguno”, sostuvo.

La empresa responsable de ese tramo, abundó, ya desarrolla las reparaciones necesarias y hay una permanente revisión en toda la autopista de parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del organismo responsable de carreteras de cuota.

Sobre el caso, el pasado 8 de mayo, por la tarde, el puente ubicado en el campo de la Mezquitera, en el municipio de Tlaltizapán, se vino abajo. La constructora española Aldesa, la misma que participó en la construcción del Paso Exprés, es la responsable de esa parte de los trabajos de la autopista Siglo XXI.

José Mariaca, encargado de despacho del organismo operador de carreteras de cuota, admitió que los campesinos de la zona están muy molestos, ya que señalan algunas deficiencias y mala calidad en el desarrollo de dicho proyecto, pero igualmente sostuvo que el trayecto será inaugurado hasta que se verifique que cumple al cien por ciento con los compromisos contraídos en los contratos.

Colín López insistió sobre el tema, destacando que son dos cosas muy diferentes entre el socavón y lo que ocurrió en aquella autopista, ya que aquí ya se sabía que pasaría y se dieron condiciones para ello; “en lo que corresponde a la capital del estado no había esos antecedentes”.

Pero agregó en el sentido de que ese tramo del derrumbe aún no está concluido, faltan una serie de detalles, de tal manera que no hay tránsito vehicular, pero “reiteramos, para el caso que nos ocupa, se hará un puntual seguimiento a cada detalle de la autopista antes de abrirla al tráfico, por lo tanto no existe peligro alguno por ahora y los constructores saben que no se les recibirá un trabajo deficiente, son muchas especificaciones que tienen que ser inspeccionadas”.

 

El dirigente transportista señala que la mayoría son taxis y asegura que los “ruteros” evitan que unidades ilegales les hagan competencia.

El dirigente de la Federación Autentica del Transporte (FAT) Dagoberto Rivera Jaimes reconoció que dentro del sistema estatal del transporte público hay un elevado índice de unidades, sobre todo en lo relacionado a los taxis, que operan totalmente fuera de la ley y que no han sido regularizados.

Indicó que “… la responsabilidad de que acabemos con esos vicios históricos en el transporte no es nuestra, es de las autoridades gubernamentales”.

Y luego agregó que “como que la Secretaría de Movilidad y Transporte está de parapeto, no hay realmente un trabajo orientado a someter a quienes circulan en la irregularidad”. Y luego dijo que “hay agrupaciones de taxistas toleradas por ellos mismos…”

Más adelante señaló que de acuerdo a lo que los permisionarios saben en torno al tema, en Cuernavaca y la zona conurbada hay en promedio siete mil automotores ofreciendo el servicio de transporte sin itinerario fijo fuera de la norma; en la región oriente unos mil 500 y en la sur por lo menos mil.

“Es decir, estamos hablando de algo así como cerca de 10 mil unidades que son competencia desleal frente a quienes trabajan con estricto apego a las normas, pero nosotros lo único que podemos hacer es denunciar y presionar para que se actúe”, agregó.

Incluso aseguró que en lo que corresponde a Cuernavaca, y tocante a lo que a las rutas se refiere, no hay muchos problemas al respecto, “porque nosotros mismos estamos al pendiente de que no pase y cuando vemos alguna unidad circulando sin los permisos correspondientes, obligamos a la SMyT a proceder”.

Pero destacó que “lamentablemente no podemos vigilar todo el estado y en las regiones sur, oriente y poniente sí hay colectivas y micros que operan por encima de la ley, consideramos que las autoridades lo saben pero no hacen nada”.

 

La industria de la construcción es considerada como el indicador más sobresaliente en lo que se refiere al crecimiento económico y el desarrollo de un país, estado o municipio; con base en sus tendencias se podrá definir con mayor claridad cuál es el comportamiento integral en ese terreno.

Morelos, por su ubicación geográfica, su cercanía con la capital del país y también por un clima que durante décadas lo distinguió favorablemente –hoy ya no lo es tanto- fue distinguido por cuantiosas inversiones en el aspecto inmobiliario, ya para vivienda de interés social, media o residencial.

Existe el dato oficial de unas 200 mil residencias de fin de semana, que dan fe del gran potencial que nos favoreció en su oportunidad, pero que por razones diversas, ha venido a menos y hoy es incluso motivo de reacción poco amigable de los empresarios del ramo, que advierten de un decrecimiento significativo en tal sentido.

Por lo anterior, ayer la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) llamó a un encuentro en el que estuvieron diputados locales de la comisión respectiva, presidentes municipales y desde luego constructores y, a decir verdad la cosa se puso informativamente interesante.

El anfitrión Eduardo Vargas Romero, presidente de la Cámara, expuso el tema principal: analizar profundamente una propuesta de reforma que llegó al Congreso local y con carácter de urgente, antes de que sea aprobada al vapor, debido a que, a juicio de esos empresarios, tiene muchos cuestionamientos que deben revisarse.

Todo el meollo de esto, confió un constructor a La Unión de Morelos, es buscar quitarle la facultad a los ayuntamientos en lo que se refiere al otorgamiento de licencias de construcción y que éstas sean emitidas desde instancias de la administración estatal, lo cual restaría incluso posibilidades de ingresos propios a las presidencias municipales.

Vargas Romero advirtió incluso que lo anterior menoscaba la autonomía municipal y pidió a los legisladores presentes, entre éstos el presidente de la Comisión de Vivienda en la Cámara local, Jaime Álvarez Cisneros, y otros miembros de la misma como Víctor Manuel Caballero Solano y Norma Alicia Popoca Sotelo, valorar los contenidos de la iniciativa que pretende ser ley y primero llamar a todas las partes involucradas en el asunto, a discutir cabalmente las repercusiones en caso de que se aprobara tal cual. La petición fue aprobada.

Se manifestaron por la elaboración de un Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el rubro de vivienda, en el que se pueda prever cul es el proyecto a desarrollar en una administración, ya sea estatal, municipal o federal en los periodos gubernamentales respectivos.

Incluso el legislador Álvarez Cisneros reconoció que esta importante rama de la economía morelense se encuentra deteriorada; que de unas 40 empresas desarrolladoras de mucha fuerza y capacidad quedan unas cuantas y ello se debe a que se viene presentando, desde hace tres o cuatro años, un serio problema de restricción en dicho terreno.

El presidente de Canadevi dijo que la construcción irregular es la que gana terreno y se habla de unas 52 mil acciones bajo tales circunstancias, por eso la reacción de los miembros de la Cámara, que llaman a abordar el asunto con prudencia y pensando sobre todo en las repercusiones en todos los sentidos, incluyendo a la social.

Otro dato que parece importante es que el déficit de vivienda en este momento en Morelos es alto y se recordó que mientras esa industria está casi en parálisis, hay a través de las instituciones competentes unos 200 mil créditos aprobados a igual número de interesados en obtener un lugar donde alojar a sus familias, pero no se pueden usar porque no existen esos espacios de casa habitación.

Y por supuesto, algo que igualmente fue motivo de reclamo, es el engorroso proceso que se tiene que enfrentar para poder lograr de las instituciones gubernamentales, en sus tres niveles, los permisos y licencias para poder iniciar una obra, ya sea grande o pequeña.

La expresión de Vargas Romero fue clara: “es una verdadera locura obtener la licencia, más allá de los costos que se tengan que pagar por ello”.

Cabe decir que entre los invitados especiales al encuentro estuvo el aspirante a la presidencia municipal de Cuernavaca por la vía independiente José Luis Urióstegui Salgado. Como que desempeña una responsabilidad en calidad de asesoría en la materia, quien agregaría que “emitir normas técnicas en materia de construcción es una facultad municipal o cuando menos concurrente entre los distintos niveles de gobierno, porque cada territorio tiene sus propias cualidades”. Más aún, abundaría, “la reforma excluiría a la Federación y al Estado en sus obligaciones de obtener licencias de construcción”.

Y algunos ediles llegaron porque el tema estaba muy ligado a su competencia e intereses; tanto así, que la misma Canadevi calculó que por el descenso en los rangos de la industria de la construcción, las alcaldías han dejado de percibir algo así como mil 250 millones de pesos, que para ellas son fundamentales, dadas las condiciones presupuestales en las que se encuentran.

Palabras más, palabras menos, los inversionistas del ramo intentarán por lo menos que esa propuesta sea desechada o modificada sustancialmente.

 

Los intereses encontrados de corrientes alternas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) volvió a poner en aprietos el proyecto electoral rumbo a la justa del primero de julio próximo y como lo mencionábamos recientemente, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) Alberto Martínez González estuvo a punto de dejar esa responsabilidad a partir de tales desacuerdos.

Hasta donde se sabe, debió intervenir la dirigencia nacional a fin de evitar que la sangre llegara al río y fue por eso que el también diputado local debió mantenerse ahí, pero queda claro que las cosas no andan del todo bien que digamos, aunque sí se han venido dando acercamientos entre las partes.

¿La causa?, que Martínez González habría palomeado una serie de aspirantes a  cargos de elección popular y a delegados ligados al ex candidato y perdedor de la contienda en el 1012, Amado Orihuela Trejo, cosa que despertó la natural reacción del candidato tricolor Jorge Meade Ocaranza, que le revocó tales decisiones.

Si bien se menciona que González y Meade ya intentaron limar asperezas, de todos modos las consecuencias de esas dificultades seguramente tendrán reflejo en los resultados de la elección para el abanderado del tricolor, ya que con quien no se prevé buscar cercanía es con Orihuela Trejo.

El hombre sigue presumiendo de un gran liderazgo, sobre todo en la región surponiente de la entidad, aunque ya no lo es tanto. Más aún, buscó por todos los medios meterse nuevamente en la pelea por la candidatura a gobernador, no obstante que desde hace meses le opera al partido en el gobierno.

O sea tiene un pie en cada lado y de las dos partes intenta sacar raja y beneficio, cosa que habla de la ausencia de ética y seriedad en su oficio político. Todo eso lo ha venido menguando y de ahí que sostengamos que sus activos están muy a la baja; pero tras lo ocurrido, con toda certeza que buscará ahora sí hacer el mayor daño posible a Meade Ocaranza en sus aspiraciones y trabajará intensamente para la contraparte, de ahí que insistamos en que esa distancia sí causará algo de daño al candidato priista.

Como quiera que sea Jorge, con la ayuda de algunos otros priistas, como en el caso del líder del sector obrero Vinicio Limón Rivera, busca recomponer algo el escenario interno y se acaba de reunir con Martínez González y entendemos al encuentro acudieron también Maricela Velázquez Sánchez y Guillermo del Valle Reyes.

La versión de algunos que pudieron presenciar el diálogo es en el sentido de que todos salieron contentos, ya que alcanzaron acuerdos en el sentido de continuar la lucha juntos, con la esperanza de que en esta ocasión el PRI logre reponerse de 18 años de ausencia en el manejo del poder estatal y recupere la gubernatura.

No es nada sencillo, la distribución de espacios para esta justa como que tampoco se ajustó a la potencialidad de cada uno de sus cuadros; dejaron fuera a personajes que sí representan caudal social y liderazgo, como en el caso de la diputada federal Rosalina Mazari Espín, que pareciera, iría a una diputación local, representación que ya ha desempeñado.

Bueno, el legislador federal Matías Nazario Morales venía desarrollando un trabajo de acercamiento con las bases sociales del estado desde hace meses, con la esperanza de ser el candidato, pero al final se quedó sin ninguna oferta, de tal forma que tanto él como Rosalina podrían por lo menos no interesarse en apoyar el proyecto de su partido por las causas expuestas y la verdad es que en una contienda que se antoja será muy cerrada todo cuenta.

Sin embargo, dadas las circunstancias en las que se viene presentando el proceso, como que nadie la tiene segura; si bien es cierto que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reclama llevar ventajas en los sondeos de opinión al respecto, son tantos los factores que intervienen en un resultado final que habría que esperar cómo se desarrollan las campañas.

Desde el primer plano nacional, ya los aspirantes a la presidencia de la república comienzan a pegarse con todo y mucho de lo que hagan desde esos niveles repercutirá localmente. Lo decimos porque tanto a Andrés Manuel López Obrador de Morena, como a Ricardo Anaya del frente con el PRD, les viene lloviendo bastante fuerte en sus respectivas parcelas.

Al primero se le reclama el que sumara a personajes de cuestionados antecedentes e indicios de actos de corrupción, como en el caso del líder de los mineros Napoleón Gómez Urrutia o de quien fuera líder moral del magisterio Elba Esther Gordillo Morales y en lo que toca al panista, pues ayer le tundieron con todo en los medios nacionales de información por supuestos delitos en lavado de dinero.

Las tendencias de sus respectivas fórmulas presidenciales tendrán bastante que ver en lo que pase en el estado, de ahí que sigamos considerando que Morena para nada la tiene en la mano.

Esas cosas parecieran representar pues una posibilidad para el priismo, pero como que ellos solos se encargan de sentar las bases de las derrotas, porque nunca –desde antes del 2000- han sido capaces de lograr acuerdos y unidad a la hora de repartir las rebanadas del pastel electoral.

Siempre han salido raspados y agarrados del chongo, con escisiones que son parte sustancial de sus reiteradas pérdidas y todo lleva a considerar que en esta ocasión no es la excepción. Primero: renovaron la dirigencia estatal del PRI ya en pleno proceso, no les dio tiempo de reestructurarse. Segundo, no eligieron a sus mejores cuadros y tercero continúan teniendo fuertes diferencias entre sus grupos y corrientes que necesariamente les van a pegar.

De haber arrancado en unidad, otro gallo les cantaría, pero dadas las cosas muestran fuertes debilidades, aunque tampoco en el resto de las trincheras vivan los mejores momentos. Otro factor que les pegará, es que no parecen traer el suficiente dinero como para ir a una contienda competitiva en ese sentido.

 

Están pendientes las posiciones por la vía plurinominal.

Tras advertir que aunque aún no son aspirantes oficiales, hasta que queden registrados en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer a la mayoría de sus cuadros con los que competirá en la elección a cargos de presidencias municipales y diputaciones locales.

En ese tenor, la propuesta para la alcaldía de Atlatlahucan fue a favor de Alfredo Reyes Benítez; Amacuzac, Jorge Miranda Abarca; Axochiapan, Zeferino Pacheco; Ayala, Georgina Montaño; Coatlán del Río, Miguel Saldívar González; Cuautla, Ricardo Arizmendi Reynoso; y Cuernavaca, Víctor Manuel Saucedo Perdomo.

Emiliano Zapata, Ana Gabriela Flores; Huitzilac, Rafael Vargas Zavala (quien ya fue edil); Jantetelco, Ángel Augusto Domínguez; Jiutepec, Leticia Beltrán Caballero; y en Jojutla, Roberto Córdoba Melgar. Para Miacatlán vuelven a proponer a Ángel Rivera Bello, quien ya ha sido dos veces edil y dos veces diputado local.

A Mazatepec va Maximino Trinidad Pérez Coria, gente de Amado Orihuela Trejo; Puente de Ixtla, Omar Taboada Nacer; y Temixco, Andrés Huicochea Santaolalla. A Tlaltizapán va Aristeo Rodríguez Barrera y a Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega, el actual alcalde; es decir, buscará la reelección.

En lo relacionado a los distritos locales, la propuesta es la siguiente: al primero, Rodrigo Castañeda Cerdán; al segundo, Hugo Manzo Godínez; Diana Reyes Román al tercero, y Martha Lilia Ibarra Rodríguez al cuarto. Además, Jonathan Efrén Márquez va por el quinto y María Félix Conde Bahena, por el sexto.

Miguel Ángel Barranco García viene por el distrito 7; Roberto González Flores, en el 8; Rosbelia Benítez Bello, en el 9; Araceli Salazar Guerrero, por el 10; Jaime Sánchez Vélez, por el 11, y Mirna Benítez Sánchez, en el distrito 12.

La aclaración de la dirigencia estatal partidista es en el sentido de que los anteriores serán oficiales hasta que se lleve a cabo su registro y, en lo referente a las propuestas por la vía plurinominal, aún no están definidas.

En otro orden de ideas, también el PRI estatal dio a conocer que rindió protesta como nueva secretaria de Gestión Social del CDE, Angélica de la Torre, en una acción de consolidación de estructuras internas, buscando llegar en condiciones de alcanzar triunfos contundentes en las urnas el próximo 1 de julio.

 

 

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