El constitucionalista Jorge Luis Flores López señala que la presidenta del TSJ pudo optar por otra vía para obtener presupuesto para las pensiones; denuncia que la magistrada es omisa en nombrar jueces por concurso.

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Miércoles, 06 Marzo 2019 05:18

Instan al Congreso a obedecer mandato judicial

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo.

El Poder Judicial del Estado de Morelos llamó al Congreso a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y etiquetar una partida adicional al presupuesto ordinario para el pago de pensiones; de lo contrario, sería simular e incurrir en la repetición del acto reclamado.

Alejandro Becerra Arroyo, coordinador de asesores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), consideró que el acuerdo emitido por la SCJN ayudará a que el Poder Legislativo, principalmente, acelere la autorización de recursos para que trabajadores en retiro puedan recibir sus pensiones, de acuerdo con las sentencias de 116 controversias constitucionales.

“Este acuerdo creo que es muy bueno para nosotros, porque desde el principio nuestra intención no fue nunca lastimar el bolsillo del trabajador jubilado, nunca fue la intención de que sufran estos estragos, sino la intención fue que nos dieran los recursos necesarios para no poner el peligro las finanzas del Poder Judicial y seguir operando”, explicó.

Reconoció que hubo fuertes críticas a la decisión de impugnar los decretos jubilatorios ante el máximo tribunal del país, pero el Poder Judicial no tuvo opción porque ya no tenía presupuesto para pagar más de 200 jubilaciones que fueron aprobadas por diputados de las anteriores legislaturas, pero sin etiquetar recursos adicionales.

Indicó que las finanzas del Tribunal Superior de Justicia, que ostenta la representación del Poder Judicial de Morelos, fueron puestas en jaque por la ola de jubilaciones cargadas al gasto corriente de la institución, que los últimos años no tuvo incremento.

Indicó que las legislaturas anteriores fueron reiteradamente omisas al no atender la petición del TSJ de etiquetar recursos adicionales por cada uno de los decretos pensionarios aprobados, lo que motivó el litigio ante la SCJN contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Explicó que, inicialmente, para cumplir con las 116 sentencias y pagar las pensiones a los trabajadores jubilados, se requirió al Congreso cerca de 120 millones de pesos, pero con anterioridad fueron hechas varias transferencias (por 34 millones de pesos aproximadamente) que habrán de restarse del monto originalmente calculado.

Precisó que estos montos son sólo para pagar lo que se adeuda a los trabajadores pensionados y, para evitar que en lo subsecuente se genere de nuevo el mismo litigio, el Congreso local está obligado a presupuestar para 2019 un partida financiera adicional y específica para el pago de jubilaciones de trabajadores del Poder Judicial, la cual deberá incrementarse conforme se aprueben nuevos decretos y aumente el salario mínimo.

Pidió a los diputados no simular el cumplimiento e incurrir en la repetición del acto reclamado, ante la posibilidad de que dentro del mismo presupuesto 2019 autorizado para el TSJ, se pretenda por parte del Congreso cargar la partida de jubilaciones, porque esto implicaría la repetición del acto. 

“Hacerles el hincapié en que el máximo tribunal del país ha sido enfático en decir que esa cantidad de dinero no debe ser parte de nuestro presupuesto, porque sería fácil y cómodo decir que ´del presupuesto que vas recibir, te etiqueto para (cumplir sentencias de) controversias’, y eso sería como simular un cumplimiento, porque si la finalidad de tramitar la controversia fue para que nuestro presupuesto anual no se perjudique con ese pago, porque es un pago extraordinario, es un pago que no tienes planeado, que te llegue el decreto y lo tengas que pagar, e ir reduciendo el presupuesto”, dijo.

Llamó a los Poderes del estado a atender de manera conjunta este tema de la SCJN y encontrar una solución favorable para todas las partes.

 

 

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Martes, 05 Marzo 2019 05:14

Ordena Corte pagar pensiones del TSJ

Conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo amenaza de destitución.

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La Comisión de Transición no opera ilegalmente, por la falta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegura magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) responsabilizó al Congreso local de no hacer las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial para instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en sustitución del extinto Consejo de la Judicatura.

“Nosotros estamos en espera de que la (reforma a la)  ley orgánica que el Congreso lo haga, está en la cancha del Congreso del estado”, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien explicó que se ha convocado a magistrados a analizar el tema, pero no todos acudieron al llamado.

El magistrado del TSJ, Manuel Díaz Carvajal, señaló que sigue en operación la Comisión de Transición en tanto no se expidan las reformas legislativas que regulen el funcionamiento y las atribuciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

Consideró que la comisión, que ha sido cuestionada por abogados y varios magistrados, no opera ilegalmente, y aseguró que los juzgados federales han reconocido la validez de ese órgano colegiado que transitoriamente atiende los asuntos del extinto Consejo de la Judicatura.

“A título personal, considero que está dentro de la ley. Yo he tenido conocimiento por la propia función, de resoluciones de juicios de amparo en donde reconocen la validez de la actuación de la comisión. Entonces, consideramos que es apegada a la Constitución y a derecho”, dijo.

Insistió en que la instalación de la Junta de Administración depende de las reformas legislativas porque es necesario que exista un marco normativo respecto a las atribuciones de este órgano colegiado sobre la disciplina judicial, la designación de jueces, el manejo presupuestal, entre otros temas.

Respecto a la petición de un grupo de magistrados que solicitaron recientemente a la presidencia de la TSJ convocar a sesión de Pleno para abordar este tema de la junta, expresó que hace poco la magistrada presidenta convocó a una reunión preliminar para preparar la sesión plenaria, pero no todos los magistrados acudieron.  

 

 

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Miércoles, 13 Febrero 2019 05:12

Acusan a jueces de lo familiar de alargar juicios

Se ausentan de las audiencias y dejan esa responsabilidad a secretarios de acuerdos.

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan  Juárez Rivas, acusó a los jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de vulnerar los derechos de los niños y adolescentes al ausentarse de las audiencias y alargar los procesos judiciales que, generalmente, están relacionados con la guarda y custodia, pensión alimenticia o régimen de convivencia cuando los padres se divorcian.

Explicó que los jueces suelen atrincherarse en sus oficinas y dejan el desahogo de las audiencias a los secretarios de acuerdos, aun cuando es responsabilidad legal y ética de los juzgadores presidir las diligencias para tener elementos objetivos para emitir sus resoluciones.

Juárez Rivas dijo que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, tiene conocimiento de la situación irregular y no sólo la consiente, sino que prefiere ignorar a los abogados que han exigido corregir la actuación anómala de varios jueces familiares, pues no sólo hay una franca violación al interés superior de la infancia, sino que por este tipo de circunstancias se alargan por años los procesos judiciales.

“Por ejemplo, no puedo decir las partes, pero acabamos de terminar un asunto en Xochitepec, un asunto que duró 14 años en materia familiar y tuvimos dificultades porque la juez se encerró en su cubículo y no quiso hablar. El niño tenía en ese momento cinco años, ahora ya tiene 19”, explicó, como uno de tanto casos que se prolongan debido a la ausencia de los jueces en las audiencias y los obstáculos procesales, así como las afectaciones que provoca la dilación de la justicia a los menores.

“Yo quiero aprovechar para hacerle un exhorto a la presidenta para que ya no se sigan violentando los derechos humanos de los menores. Insisto, ahora que los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes están en la ley como lo máximo, los niños están abandonados por los jueces y, fundamentalmente, por la arrogancia de la presidenta del TSJ”, aseguró.

 

 

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Martes, 12 Febrero 2019 05:10

Zape jurídico de la Corte al TSJ

Le concede operar con los recursos del 2018, pero consideró inadmisible que el Poder Judicial pretenda una suspensión acusando al Congreso de omisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Poder Judicial para conservar los recursos del 2018, en tanto el Congreso define el presupuesto del 2019, pero también negó la suspensión contra omisiones del Poder Legislativo por considerar “inadmisible” la solicitud.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se concedió la suspensión para que “hasta en tanto no se publique el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de esta anualidad, se garantice al Poder Judicial actor ejercer el mismo Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, con el fin de garantizar la operatividad de la impartición de justicia.

Pero también el ministro instructor de la controversia constitucional 6/2018, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la medida cautelar, consideró inadmisible que el Poder Judicial, garante de la legalidad en Morelos, haya pretendido obtener una suspensión acusando al Congreso de omisión cuando el proceso legislativo está inconcluso y es la materia de recursos de control constitucional.

De acuerdo con la controversia, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cueva López, acusó a los diputados de incurrir en la omisión de no aprobar el Presupuesto de Egreso del Gobierno de Morelos del 2019 con su respectiva asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable para el Poder Judicial.

“En este sentido, es inadmisible jurídicamente lo pretendido por el Poder Judicial actor al solicitar la medida cautelar, pues ello equivaldría a dar a la suspensión efectos constitutivos propios, e implicaría prejuzgar respecto a que, efectivamente la omisión alegada resulta inconstitucional, lo cual no puede ser  materia de pronunciamiento cautelar, sino, en todo caso, de la sentencia que en su oportunidad se dicte”.

 

 

 

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Se detectó la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

Bajo la lupa se encuentran algunos jueces de control y juicio oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al detectarse la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reveló que ese fue el motivo por el que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, fue invitada el pasado 15 de enero a participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que convergen autoridades estatales y federales vinculadas al tema de seguridad pública.

“Ella fue llamada porque había unas dudas sobre el comportamiento de algunos jueces, pero fue únicamente una vez que fue porque así se le solicitó”, puntualizó.

Dijo que en esa reunión se pusieron sobre la mesa los casos y hasta los nombres de varios jueces bajo sospecha, ya que a través del sistema penitenciario se detectaron las liberaciones de varios imputados, vinculados principalmente con la delincuencia organizada y narcomenudeo.

“A nosotros nos llegan reportes del director del sistema penitenciario de los que están dejando libres y, en automático, cuando vemos que ya son cuatro o cinco que se sueltan en una semana, sí nos llama la atención, porque algunas veces ponen por causa injustificada (la aprehensión), si se entregó un IPH (Informe Policial Homologado) y pasó por la fiscalía, y la fiscalía llegó al juez; pues algo está mal ahí y es lo que nos ha llamado la atención”, explicó.

Señaló que en esa reunión, la magistrada presidenta mostró disposición a acudir a cualquier llamado de la mesa de coordinación, pero desde entonces se desconoce si la representante del Poder Judicial investigó o separó del cargo a alguno de los jueces.

 

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La presidencia del Tribunal Superior de Justicia hace caso omiso a la iniciativa de un grupo de magistrados.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, ignoró la petición de un grupo de magistrados, que exigió transparentar y asignar plazas de jueces a través de concursos de oposición.

El 28 de enero, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea entregaron a la presidencia del TSJ, un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura) y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Además, solicitaron convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces, pero a una semana de formulada la solicitud, no hay respuesta de Cuevas López, según confirmaron magistrados.

Pero no es la primera ocasión en que la titular del TSJ desatiende peticiones de magistrados, pues anteriormente ignoró otro documento, en el que se le advirtió sobre el incumplimiento en la instalación e integración la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial en contravención al decreto 2611, que establece que el órgano colegiado debió instalarse desde el 5 de abril del 2018.

También este grupo de magistrados solicitó a Cuevas López un informe ante el Pleno del TSJ sobre el número de controversias constitucionales, para conocer las normas o actos de invalidez impugnados, ya que el tema nunca fue sometido a consideración de los miembros del Pleno. 

 

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) modernizó la imagen y consulta digital del Boletín Judicial, con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios de este medio oficial de comunicación.  
Óscar Anzures Quintero, responsable de la edición del Boletín Judicial del TSJ, explicó que esta herramienta digital permitirá a los abogados agilizar la búsqueda de sus expedientes.
“El primer paso es ingresar a la página del tribunal, dar clic a la imagen del boletín judicial. Ahí aparece un anuncio de que a partir del 22 de enero el boletín judicial se digitaliza, se cierra y el usuario continúa con las indicaciones, de acuerdo a la información que necesita ubicar”, detalló.
Precisó que es obligatorio llenar el periodo de la fecha que se desea buscar, la jurisdicción o juzgado y, una vez que se ingrese, se puede presionar “control f” y agregar un dato o nombre del expediente para precisar la búsqueda.
“La búsqueda arroja todos los distritos y áreas administrativas como la visitaduría y quejas administrativas, es decir, los usuarios ahora podrán encontrar toda la información en una página o una búsqueda particular; por ejemplo, si desean saber el seguimiento de un expediente de Puente de Ixtla, tienen que buscar en el área”, comentó.

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Rechazan que los juzgadores sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ.

Un grupo de cuatro magistrados solicitó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cueva López, convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces a través de concursos de oposición.

A través de un oficio, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Señalaron que de conformidad con las disposiciones normativas, la designación debe ser mediante concurso de méritos y examen de oposición, para garantizar idoneidad y excelencia en el perfil de los jueces en beneficio del sistema de impartición de justicia.

En consecuencia, solicitaron a la presidenta del TSJ convocar a sesión de Pleno para que explique por qué su actuar no se ha ajustado a lo que mandata el artículo 92 fracción I de la Constitución local.

Cabe destacar que por razones no claras, quedó trunco el concurso de oposición convocado por el TSJ en 2017 para el nombramiento de 13 jueces y se optó por la designación directa de jueces “interinos”. 

 

 

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