Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 24 Mayo 2019 05:18

La cleptomanía de Manolo Agüero Tovar

Aquí lo advertimos cuando todavía era presidente municipal: Manolo Agüero Tovar está saqueando Jiutepec.

El 12 de junio del 2017 el gobierno de Graco Ramírez citó a una inusual conferencia de prensa. En el salón Bicentenario apareció la figura de doña Adriana Flores Garza, quien durante casi todo el sexenio fue secretaria de Hacienda pero en los últimos dos años la mandaron a “limpiar la casa” desde la Secretaría de la Contraloría.

Nunca daban conferencias para hablar de actos de corrupción del propio gobierno. Pero en esa ocasión el anunció dejó con la boca abierta a reporteros y funcionarios:

“La Contraloría General del Estado de Morelos detectó irregularidades graves en el proceso para expedir concesiones de taxis por lo que ordenó su cancelación, destituyó a cinco altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte y dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que realice las investigaciones correspondientes”, informó la funcionaria.

En la “operación limpieza” que llevó a cabo la secretaria de la Contraloría no se incluyó al titular de la dependencia en ese momento, Jorge Messeguer Guillén, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Graco Ramírez Garrido, quien dejó el cargo para ser candidato del PRD a presidente municipal de Cuernavaca y tras una contundente derrota regresó al cargo de secretario de Movilidad y Transporte.

De acuerdo a lo informado por Flores Garza, entre las principales irregularidades detectadas están las siguientes:

La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; la información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos; todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.

Por lo anterior, fueron dados de baja el director general Jurídico, Jesús López Lobato; el director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, Jorge Xavier Guevara Ramírez; el  subdirector de Servicios y Concesiones, el director de Procesos Internos y el actual delegado en Cuautla.

 “La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034; las otras tres mil 357 solicitudes no están en condiciones de continuar el trámite, el gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”, declaró.

Por cuanto a la posibilidad de que estos funcionarios hayan solicitado dinero a los solicitantes de concesiones a cambio de ser favorecidos, la funcionaria dijo que sería la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de hacer las investigaciones correspondientes, y sancionar penalmente a quien resulte responsable.

Pero a dos años de esa inusual conferencia de prensa no hay personas inhabilitadas ni mucho menos encarceladas.

Todo parece indicar que se trató de una operación para quitarle el control de la Secretaría de Movilidad y Transporte a Jorge Messeguer Guillén, quien –a decir de personas cercanas al gobierno- nunca le cayó bien a Rodrigo Gayosso Cepeda.

De hecho, hay quien asegura que el día de las elecciones intermedias en el 2015, Gayosso dio instrucciones para que los votos de su gente no fueran para el candidato del PRD, que era Jorge Messeguer, sino para el candidato del PSD.

Desde entonces había una rivalidad al interior del PRD entre Messeguer y el hijo del gobernador. No obstante que Jorge fue –junto con Gerardo Becerra- los que encabezaron el movimiento que derrocó al gobierno de Jorge Carrillo Olea, el entonces gobernador prefirió hacer lo que Rodrigo proponía: quitarle la SMyT a Messeguer y usarla para ganar las elecciones del 2018.

Lo peor es que no hubo la mínima cortesía para Jorge Messeguer Guillén por parte del gobernador. Presentó su renuncia a los 15 días de la conferencia de prensa de Adriana Flores Garza, molesto porque no había realmente actos de corrupción atribuibles a sus subordinados.

En su lugar se quedó David Martínez Martínez, quien desde antes operaba para Rodrigo Gayosso desde una posición menor en la SMyT. En marzo del 2018 José Ascensión Monter Sanjuan, asumió formalmente la secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

Monter Sanjuan se desempeñaba como encargado del despacho de la dependencia desde hacía varias semanas por lo que sólo rindió protesta formal para hacerse cargo de la SMyT, en la cual ya había laborado como director general de Transporte Público, Privado y Particular, así como subsecretario de Movilidad y Transporte.

Fue Monter quien operó la movilización de trabajadores del volante el día de las elecciones para gobernador. La promesa era que si ganaba Rodrigo Gayosso habría concesiones de taxis para los líderes, además de que podrían seguir haciendo los tramites que quisieran en la dependencia, donde de por sí ya tenían preferencia.

Pero, como ya todos sabemos, el proyecto les falló y los transportistas le recibieron el dinero al Partido de la Revolución Democrática pero votaron por la Alianza Morena-PES-PT.

Y es que ya Graco Ramírez siendo candidato en el 2012 les había ofrecido concesiones para los auténticos trabajadores del volante pero ya como gobernador nunca les entregó placas, sólo unos permisos en papel. Es decir, “atole con el dedo”.

 

HASTA MAÑANA.

A principios del 2008, vecinos, funcionarios de Protección Civil y Regidores de oposición advirtieron al entonces presidente municipal de Jiutepec, Rabindranath Salazar Solorio, de las inconveniencias de llevar a cabo un evento de gran envergadura en el recién inaugurado centro de espectáculos “Diamante Negro”, propiedad de Arturo Arai, pero él insistió en que se llevara a cabo por consejo de su asesor, Remigio Álvarez Andrés.

En Morelos han ocurrido acontecimientos que nunca nadie se hubiera imaginado, como un fiscal general de justicia que al mismo tiempo es notario y una jueza que al mismo tiempo es notaria. Todo un caso.

Además de los problemas comunes por los que atraviesa el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, hoy tiene que enfrentar la circunstancia de que grandes medios y/o comunicadores con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una guerra sin cuartel, utilizan a Veracruz y Morelos para golpear a la figura presidencial en busca de los privilegios perdidos o simplemente por diferencias ideológicas.

Viernes, 17 Mayo 2019 05:07

Doña Elena vuelve a las andadas

Durante su sexenio, la señora Elena Cepeda de León fue el arma secreta del gobernador Graco Ramírez.

Ayer una de las noticias que provocaron mayor impacto en los medios de comunicación fue el anuncio del gobierno de Quintana Roo para imponer en el municipio de Solidaridad, el Mando Único de la Policía Estatal, que encabeza desde finales del año pasado Jesús Alberto Capella Ibarra.

Esa es una historia que los morelenses ya nos sabemos de memoria. Aquí comenzó con Temixco, tomando como pretexto el homicidio de su alcaldesa Gisela Mota, el gobernador Graco Ramírez promulgó un decreto unilateral para hacerse del control de la Policía de todos los municipios, en violación flagrante al artículo 115 constitucional.

La estrategia de Alberto Capella, que puso en práctica en Morelos y seguramente hará lo mismo en Quintana Roo, consiste en pedir el control de todo (Fiscalía General y Sistema Penitenciario) y después emprender una campaña mediática para hacerle creer a la gente que ya lo logró.

La ilegal modalidad del Mando Único se estableció en los 33 municipios por dos vías: la voluntaria y la forzosa. Los alcaldes (en su mayoría perredistas) firmaron un convenio en el que aceptaban que la seguridad pública del municipio quedara bajo la rectoría del Estado, así como el control de los recursos financieros que enviara la Federación para ese rubro, pero administrativamente los elementos siguen dependiendo del gobierno municipal.

Para los que se oponían, el 3 de enero del 2016 se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el “Decreto por el que se emite la Declaratoria mediante la cual se asume por el gobernador constitucional del Estado de Morelos, de manera inmediata y temporal, el mando policial municipal de Cuernavaca, Morelos, como un caso de fuerza mayor ante alteraciones graves al orden pública suscitadas a recientes fechas”.

En ese documento se establece que las órdenes que en materia de seguridad pública deberán acatarse por la policía preventiva municipal provendrán “únicamente del Mando Estatal; resultando aplicable esta medida, sin excepción, a todas las instituciones, unidades de agrupamientos municipales, de seguridad pública que se prevean en los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos”.

Y el hecho que sirvió de justificación fue el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurrido apenas 24 horas antes de que fuera publicado el decreto. De hecho, el decreto dice que fue “dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos; a los 03 días del mes de enero del 2016” y publicado ese mismo día, según la fecha de publicación del periódico.

“acto por demás indignante que constituye una afrenta y un desafío de la delincuencia ante el cual no puede cederse, un reto que lanza el crimen organizado en contra del orden constitucional y democrático, que debe combatirse con firmeza y existen otros hechos probablemente delictivos que han sido denunciados por autoridades estatales en materia de seguridad pública ante las instancias competentes, respecto de los cuáles debe procurarse total secrecía a fin de no entorpecer las investigaciones y pesquisas relativas y, por lo tanto, no se detallan y precisan en la presente parte considerativa, pero que sin lugar a dudas sí motivan al presente instrumento y ponen en evidencia la apremiante situación en materia de seguridad pública que se vive en el municipio de Cuernavaca.

Incluso, en aras de justificar esta intervención, el Gobierno admite que “la incidencia delictiva se ha incrementado de manera desproporcionada y más, en lo relativo a delincuencia organizada, lo que sucede provocando asombro y terror en la población ante una oleada de impunidad que azota a los poblados de la zona”, cuando en el discurso y las campañas publicitarias los mensajes eran en el sentido de que vivimos en un “Morelos tranquilo”.

Ese mismo decreto (al que sólo le cambiaron el nombre de la localidad, pero el texto es idéntico) sirvió para aplicar la misma medida en otros 14 municipios, casualmente donde sus alcaldes o regidores habían expresado su inconformidad por la creación del Mando Único.

Si bien el acoso del comisionado contra alcaldes no afines al proyecto de Graco Ramírez comenzó desde el primer día del 2016, se recrudeció a partir de que éste le dio “manga ancha” a cambio de que no renunciara a finales de 2016, cuando Capella filtró su carta de renuncia, tras un conflicto con Rodrigo, el hijastro de Graco.

Uno de los alcaldes a los que Capella ordenó “marcaje personal” fue el de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detienen a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, dijo en reiteradas ocasiones el comisionado.

En algunos casos, los presidentes municipales intentaron mantener su policía bajo otra denominación. En el municipio de Yautepec el presidente creó una “Dirección de Proximidad Social”, que según él es una especie de “Ángeles Verdes” que ayudan a la gente que tiene problemas en carretera.

Pero para el comisionado Capella Ibarra esa era una corporación que usurpa las funciones de la Policía de Tránsito, que depende del Mando Único.

Por tal motivo, el 8 de febrero de 2017 la Policía del Mando Único detuvo a Julio César Núñez Hipólito, quien se desempeñaba como director de la policía vial, pero fue destituido tras la llegada de Eduardo Ocampo, designado por Capella. Otro elemento que lo acompañaba, también quedó en calidad de detenido.

Esto provocó la ira del alcalde, el perredista Agustín Alonso Gutiérrez, quien a las tres de la madrugada del jueves 9, acudió hasta los separos donde mantenían presos a sus subordinados y exigió su liberación, amenazando con bloquear la carretera federal a Cuautla si no los dejaban en libertad.

Ya al mediodía de ese mismo jueves, llegó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, hasta donde se encontraba el alcalde con un grupo de manifestantes (en su mayoría empleados del Ayuntamiento) y se metieron a hablar durante más de una hora. A su salida, el alcalde anunció la liberación de sus funcionarios y la destitución de Eduardo Ocampo, lo que provocó una lluvia de aplausos. El secretario de Gobierno avaló ese anuncio.

Sin embargo, al otro día tuvo que ofrecer una conferencia de prensa, con el alcalde a su derecha y el comisionado a su izquierda, para aclarar que el nombramiento que hizo Capella sigue intacto y que es el edil quien tendrá que modificar su “Dirección de Proximidad Social” para que no contravenga ni duplique las labores de la Policía Estatal.

Agustín Alonso no podía ocultar su molestia, y Capella tampoco podía ocultar su satisfacción.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 15 Mayo 2019 05:15

El enemigo en casa

“Écheme la mano lic, reclasifique el delito y no me voy a dar por mal servido”, se escuchó por el auricular.

“Está bien Jorge Alfredo, cuenta con ello”, contestó el Juez Roberto Becerra. 

Lo que no sabía el juzgador era que el teléfono celular de Jorge Alfredo, oficial judicial del Tribunal Superior de Justicia, estaba intervenido por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Era la noche del 25 de noviembre del año 2016. Jorge Alfredo, empleado del Poder Judicial, Jonathan, servidor público del Tribunal de Justicia para Adolescentes y otro joven de nombre Víctor Manuel estaban acusados del secuestro de Tonatiuh Tlalapango Flores, hijo de la jueza Efigenia Flores y el ingeniero Fabian Tlalapango, ya que ellos fueron los últimos que vieron con vida al muchacho, aunque el cadáver no había sido encontrado.

Todo comenzó la tarde del 7 de octubre de 2016. Tonatiuh Tlalapango Flores de 21 años de edad salió de su casa, ubicada en la calle Jacaranda de la Antonio Barona de Cuernavaca, Morelos. Eran alrededor de las 19:00 horas cuando el estudiante de Ingeniería Civil, del Tecnológico de Zacatepec caminó con rumbo al mercado de la colonia.

No lo volvieron a ver.

Cinco días después de su desaparición la familia de Tonatiuh presentó una denuncia, y el jueves 8 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) formuló imputación en contra de tres personas detenidas.

Las personas imputadas: Víctor Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo M. D., los dos últimos empleados del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Ellos narraron que conocieron a “Tona” un año antes en el Gimnasio Power Gym de Plaza Cinemex Diana, y que desde entonces salían con frecuencia a divertirse en bares y discoteques.

Ese viernes no fue la excepción. El plan era ir a la inauguración del bar Bombay en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, pero nunca llegaron al lugar.

“El Coco”, “La Negra”, “El Jona” y otros integrantes del grupo, entre los que había algunas mujeres, decidieron ir a un baile, en el Bar Villa Centro de Espectáculos Carranza en San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Fue alrededor de las 23:00 horas que Tonatiuh grabó, con su teléfono móvil, una escena en compañía de algunos de sus amigos ingiriendo bebidas embriagantes. El video lo compartió con un grupo en whatsapp.

Los mozalbetes estaban vinculados a prisión pero nunca revelaron dónde estaba Tonatiuh. Sus padres tampoco estaban de acuerdo en la forma de buscarlo, pues mientras él puso anuncios en los microbuses con la foto del joven, ella quería que todo se manejara discretamente pues temía perder el trabajo.

“A mi hijo no lo secuestró la delincuencia común y corriente, a mi hijo lo secuestró y lo asesinó la delincuencia institucional, fue víctima de la delincuencia institucional porque tienen el poder, tienen todo, tienen relaciones, vínculos, tienen comunicación, tienen un montón de cosas que les hace estar plenamente seguros y tranquilos de que no les va a pasar nada”, declaró Fabián Tlalapango en una de las muchas entrevistas que le publicaron los medios de comunicación.

El padre de Tona aseguraba que a los autores del secuestro de su hijo los protegía el sistema de justicia por tratarse de “el hijo de un ex director de la Policía y el sobrino de una juez”, y que la Fiscalía General del Estado, en manos de Javier Pérez Durón, intencionalmente no se movía para encontrar a su familiar.

Lo más desesperante para el ingeniero Tlalapango era que tres jóvenes estuvieran presos por la desaparición de su hijo, pero no poder hacerlos confesar dónde estaba su cadáver para darle cristiana sepultura.

El profesionista contrató los servicios de un investigador privado que descubrió que en el estado de México, en el municipio de San Agustin Actipan, habían encontrado unos restos humanos que podían ser de Tona. Sólo una prueba de ADN pudo constatar que se trataba de su hijo.

Terminaron las esperanzas de poder encontrar con vida a su hijo. El ingeniero Tlalapango, el autor de la campaña “Justicia para Tona”, enfermó gravemente y falleció el 26 de enero del presente año en el hospital del Seguro Social.

Ya no pudo estar presente cuando, en un hecho histórico, un juez penal fue procesado por haber aceptado un soborno a cambio de ayudar a un compañero de trabajo.

Ayer martes la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un boletín en el que informó que como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos durante el proceso en contra de dos hombres, quienes se desempeñaban como servidores públicos del Poder Judicial, este lunes quedaron vinculados a proceso por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos en agravio de la sociedad.

“De acuerdo a los hechos, fue la noche del 25 de noviembre del año 2016, cuando un oficial judicial de iniciales J.A.M.D vía telefónica se comunicó con el Juez de Control de iniciales R.B.L., en donde a cambio de una cantidad de dinero, realizaría funciones inherentes a su cargo concediendo una ventaja indebida a una de las partes involucradas en un litigio.

“La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión realizó la imputación correspondiente, y como resultado de los datos de prueba aportados se logró este lunes que el juez de la causa vinculara a proceso a ambos imputados”.

“En el caso del Juez de Control R.B.L., se le vincula por los delitos de cohecho y delitos cometidos contra servidores públicos, sin embargo el juez no impone medida cautelar en su contra, por no encontrarse justificada ninguna a imponer de acuerdo al juzgador.

“Por lo que se refiere a quien desempeñara funciones de oficial judicial, fue vinculado por el delito de cohecho, imponiendo para él prisión preventiva porque tiene esa medida cautelar en el caso diverso que se le sigue por Secuestro Agravado”, dice el comunicado.

Por primera vez, el boletín no incluyó las fotografías de los imputados con la clásica franja negra cubriéndole los ojos.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 14 Mayo 2019 05:49

Sindicalismo y muerte en Morelos

Como en toda disputa por el poder, la muerte siempre ha estado presente en el sindicalismo mexicano, y por ende, en el de Morelos. Para que surja un nuevo líder (o capo),  es necesario quitar del camino al que está hasta arriba, y así sucesivamente.

La semana que concluyó fue particularmente terrorífica para los morelenses y quisiéramos que nunca más se repita. Una serie de acontecimientos que no guardan relación entre sí, pero que ocurrieron con tanta cercanía que bien podríamos decir, como lo interpretaban las abuelitas, que “el diablo andaba suelto”.

Página 1 de 23
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.