Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Viernes, 20 Septiembre 2019 05:46

Una especie llamada diputad@s

Cuando la persona se sienta en la curul, automáticamente se transforma. Deja su identidad individual para convertirse en la vigésima parte de un ente denominado Congreso. Ya no es Pedro, Juan ni María, ahora es la señora diputada o el señor diputado, y todos juntos conforman una desprestigiadísima institución que no avanza, o sólo avanza hacia donde les conviene.

Conocemos a varios legisladores, de ésta y de anteriores legislaturas. Como personas son excelentes, amables, hasta divertidas, pero cuando actúan como representantes populares, entonces se transforman en mercenarios, en vividores de la política.

Me imagino que al principio tienen toda la intención de no ser lo que criticaron, de recibir a todos los ciudadanos que quieren verlos, de rechazar toda forma de dádiva, pero “el sistema” los va envolviendo y cuando se dan cuenta ya son igual que todos y todas. Es entonces cuando se percatan de que la fabulosa quincena que reciben sólo dura tres años, y que si no aprovechan este periodo pueden quedarse otra vez como llegaron.

Sólo conocemos a una persona que no se enriqueció siendo diputado. Se llamaba Ignacio Suárez Huape, y cuando terminó su legislatura vivía en la misma casa, vestía igual y creo que conservaba el mismo vehículo. Pero Nacho era una excepción a la regla en todos los aspectos.

Creo que el profesor Isaías Cano Morales también fue muy modesto en su forma de vida como diputado, pero de ahí en fuera no hay diputado que aguante la tentación de ir con su nombramiento de diputado a solicitar un vehículo nuevo a la agencia automotriz y mientras más lujoso mejor.

Ya hemos escrito hasta el cansancio de la anterior legislatura y su “cleptomanía aguda” al grado de llevarse hasta las tazas de los baños de la sede que estaba en el Centro y la venta en remate de los vehículos oficiales, además de no pagar Instituto de Crédito, luz, agua, absolutamente nada. Consideramos que la LIII Legislatura será un verdadero “monumento a la corrupción” sobre todo por la forma como se repartieron pensiones jubilatorias con documentos falsos y muchas irregularidades.

Afortunadamente la impunidad no ha sido total y ya hay personas bajo proceso, no solamente diputadas sino también beneficiarias de las pensiones irregulares, y recientemente la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que el que fuera director de recursos humanos del municipio de Puente de Ixtla, Sergio Talavera Abarca, también está yendo a firmar.

Con esos antecedentes, todos pensábamos que la nueva Legislatura sería diferente, sobre todo porque está conformada mayormente por mujeres, pero oh decepción.

Hay situaciones de forma y de fondo. Si hablamos de lo primero, quedará en el anecdotario que una diputada priísta acusó a su homóloga petista de llegar en estado de ebriedad al Congreso; que una diputada denunció penalmente a un diputado federal porque la llamó “Maestra Canuta”, o que al final del periodo ordinario las diputadas y diputados, cual si fuera un partido de futbol que ya terminó “intercambiaron playeras”, y una que entró por el PES ahora juega para el PMC y el que era de Morena “fue fichado” (así se dice en términos futbolísticos) por el Partido Encuentro Social o como se llame.

Ojalá fuera solamente eso que nos provoca hilaridad y que queda para el anecdotario. Pero no.

Ya estamos a mediados de septiembre y no se han podido poner de acuerdo sobre la integración de la Junta de Gobierno y en las comisiones nadie quiere dar su brazo a torcer.

Ayer trascendió que Tania Valentina Rodríguez sufrió un revés en la justicia federal al negársele por notoriamente improcedente su petición de amparo para seguir siendo presidenta de la Junta Política, pero seguramente no se va a quedar con los brazos cruzados.

La diputada Alejandra Flores es quien se vislumbra para ocupar el lugar de Tania.

La hija de Luciano Flores, como toda persona, tiene virtudes y defectos. Por cuanto a lo primero, una vecina de Chamilpa me contó un detalle que la entonces candidata a diputada nunca publicitó:

“En la vía estaba ella con al menos seis de su equipo, todos vestidos con ropa de campaña política. Nos preguntó cómo podía ayudarnos y la que contestó fue una chica de 14 años pidiendo espacios deportivos. Le preguntó que por qué no hacía algo en la vía como una ciclopista, canchas o columpios. Alejandra le contestó que no era viable porque se trataba de una zona federal”.

“Pero veremos qué se puede hacer si llego a la diputación”, comentó la candidata.

“Pues podría empezar por unos tenis”, dijo en tono de broma la niña mientras mostraba sus tenis rotos. Todos rieron por la osadía de la adolescente.

Unos días después llegó un vehículo al mismo lugar. Se bajó Alejandra Flores vestida “de civil”, pues la campaña había terminado. Preguntó por Nayeli y le indicaron cuál era su casa.

Tocó, le abrieron y entregó una caja conteniendo unos tenis nuevos. No hubo testigos, nadie tomó “foto pal face”, solamente la satisfacción de haber ayudado a alguien que realmente lo necesitaba.

Esos detalles hablan muy bien de la posible presidenta de la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de Diputados.

No así el hecho de que cuando ella fue directora de comunicación social del Congreso, se resistió hasta las últimas consecuencias a entregar la lista de proveedores. Fue hasta que llegó el entonces panista Javier López Sánchez (hoy brazo derecho de Tania Valentina) quien abrió todos los archivos y entregó las facturas solicitadas.

Por otro lado, si es que logra quedarse en esa posición, que no le pase lo que a la diputada Xochiquetzal, del Partido Humanista. Que sea ella la que decida las cosas y no su señor padre.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 19 Septiembre 2019 05:27

Nadie como Nadia

Durante 70 años, para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requería militar en el PRI, y la presidencia del mismo era prácticamente una designación del gobernador en turno.

Miércoles, 18 Septiembre 2019 05:06

La broma macabra

Los morelenses siempre creímos que los huracanes y los terremotos “nos pelaban los dientes”. Los cuarentones recordábamos como un sueño aquella mañana del 19 de septiembre de 1985 cuando vimos por televisión a una capital del país devastada por un sismo, pero a nuestra “ciudad de la eterna primavera” no le pasó nada. Los “milennials” ni eso, eran muy niños cuando sucedió.

Martes, 17 Septiembre 2019 05:48

La reseña de sociales del 2015

Hace cuatro años escribimos una columna en internet sobre la reseña que hizo un suplemento semanal de sociales acerca de la celebración posterior al grito de independencia, cuando el gobernador era Graco Ramírez Garrido Abreu.

Viernes, 13 Septiembre 2019 05:29

El polémico Montes Cuen

Aquella mañana de abril del 2015, los radioescuchas no podían creer lo que estaban oyendo en el noticiero “Metrópoli” de la Súper Z: un empresario que acusaba a la Policía del Mando Único de estar coludidos con el grupo delincuencial “Los Guerreros Unidos”.

Jueves, 12 Septiembre 2019 05:39

2 votos 2

Dos votos son los que sostienen a Carmen Verónica Cuevas López en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y son dos votos los que separan de la ansiada presidencia a por lo menos cinco magistrados que añoran el puesto.

Miércoles, 11 Septiembre 2019 05:33

El polémico decreto 427

Apareció ayer en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. No se sabe a ciencia cierta si es punto de acuerdo o decreto porque se manejan ambas definiciones y dice que ha sido “dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los diez días del mes de septiembre del dos mil diecinueve”.

Se trata del “decreto 427” por el que se deja sin efectos su similar de fecha 30 de mayo del año pasado, en el que se expiden los nombramientos a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de Justicia para Adolescentes y de Justicia Administrativa.

En términos prácticos, es el documento según el cual la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López estaría materialmente fuera del cargo, pues ella está en el supuesto de los que ya terminaron su periodo y permanecía como magistrada gracias al regalo que les dejó Rodrigo Gayosso y la pasada Legislatura.

Sin embargo, el decreto en comento dará mucho de qué hablar todavía, y deberá pasar por muchos escritorios donde será analizado por jueces federales para evaluar sus alcances y limitaciones.

El principal argumento de Carmen Cuevas es que le aplica en su beneficio la retroactividad de la ley, al haberse materializado el supuesto que establecía que aquellos magistrados que hubiesen cumplido 14 años en el cargo, automáticamente subirían a 20 y se olvidarían del proceso de evaluación que contemplaba el marco normativo hasta antes de la reforma constitucional.

Desde nuestro punto de vista, y luego de un breve repaso del periódico que normalmente sale los miércoles pero que ahora se publicó en martes, advertimos una serie de inconsistencias y confusiones.

A lo largo de 12 páginas el autor del escrito va de un lado a otro, argumentando una cosa y otra, para finalmente llegar a la conclusión de que Carmen Cuevas debe irse.

“Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, rendirán su protesta ante el Pleno del Congreso, durarán en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional y solo podrán ser privados del cargo en los términos que establece esta constitución y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos”, dice el artículo 89 de la Constitución Local.

No obstante, con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, fue publicado el Decreto 2610 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5602, por el que se expiden los nombramientos a los Magistrados a que se refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto número 1613, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5477, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Tal instrumento señala que, derivado de un Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, se ordena se materialice la disposición transitoria tercera, para facultar a la mesa directiva del Congreso para emitir nuevos nombramientos de los Magistrados para que alcancen los veinte años.

“Al efecto, para desentrañar el significado en la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, de su denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido”, sostiene el autor del decreto.

Pero advierte que tanto los artículos transitorios como las normas derogatorias pueden ser reformados siguiendo el mismo procedimiento por el que fueron creados, ya que se puede aceptar que quien tiene la competencia para expedir una norma, también la tiene para eliminarla del orden jurídico.

“Para abordar el tema de la autoridad, es necesario cuestionarse si los artículos transitorios forman parte o no del cuerpo normativo expedido, ya que de ello depende también su rango y hasta su posible impugnabilidad. En principio, parece lógico que si los artículos transitorios son accesorios, y su contenido es limitado, no se puede decir que formen parte del texto normativo ni que sean impugnables, ya que no establecen derechos ni obligaciones a los particulares. Pero como se mencionó previamente, esto se debe a que su función no es regular las conductas de los particulares, sino simplemente prever reglas relativas a la vigencia de la norma que se expide, por lo que en caso de establecer contenidos contrarios al cuerpo normativo al que pertenecen serían impugnables”.

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el día 20 de junio, continuada el día 24 de junio del año dos mil diecinueve. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los diez días del mes de septiembre del dos mil diecinueve. “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO”.

En los artículos transitorios se establece que el presente decreto deberá entrar en vigor al siguiente día de su publicación, es decir, hoy miércoles.

“Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”. Traducción: que revisen quienes están en el supuesto mencionado para que “les den cuello”.

Veremos si los magistrados “disidentes” ya tienen los suficientes números de votos para hacer valer el multimencionado decreto. Y vendrá la lluvia de amparos.

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 10 Septiembre 2019 05:31

El príncipe Rodrigo

Lo que comenzó como una recomendación de su madre: “Hay que dejar que Rodriguito comience a foguearse en la política”, se salió de control por la avaricia del muchacho.

Lunes, 09 Septiembre 2019 05:21

Compras sospechosas de Graco

Marco Antonio Herrera García puede ser considerado ejemplo de un empresario exitoso. Todavía no cumplía dos años de haber creado su empresa y ya tenía firmado un contrato por más de 45 millones de pesos con el gobierno de Morelos para la venta de equipos de radiocomunicación.

Viernes, 06 Septiembre 2019 05:39

Comisión de Búsqueda, ¿otro elefante blanco?

En los próximos días el gobierno del estado deberá elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, un  organismo nuevo que en teoría deberá ocuparse de encontrar (vivas o muertas) a casi un millar de personas reportadas como desaparecidas en los últimos años. De entre los tres candidatos la jurista Alicia Vázquez Luna “se los lleva de calle” en preparación y experiencia. De no ser ella la elegida, se corre el riesgo de que esa institución pase a formar parte de la lista de “elefantes blancos” que sólo absorben el presupuesto sin tener una utilidad práctica.

A manera de antecedente, diremos que el 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, abrogando la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de 2012.

Como consecuencia de lo anterior, en Morelos se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, con autonomía técnica y de gestión, e integrante del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El 17 de junio pasado se concretó la firma del decreto por el que se crea y regula dicha Comisión con lo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo asume la obligación que heredó en esta materia, pues aunque el 2 de septiembre de 2015 se publicó la Ley para prevenir, atender y erradicar la desaparición forzada de personas (a iniciativa de la Comisión Independiente de Derechos Humanos) ésta nunca se aplicó.

“La administración de Cuauhtémoc Blanco asume con absoluto sentido de responsabilidad la obligación que heredó en esta materia. Nos comprometimos a crear la comisión local (…), hoy en día es una realidad”, dijo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, al encabezar la conferencia de prensa donde se dio a conocer el anuncio.

De acuerdo a la ley en referencia, la Comisión de Búsqueda se integra por un titular y por lo menos tres directores. También hay un Consejo Ciudadano que se integrará por cuatro consejeros familiares de las personas desaparecidas o no localizadas; tres consejeros ciudadanos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General (se procurará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense), y dos consejeros ciudadanos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el tema de desaparición y búsqueda de personas.

Como se podrá observar, la ley está diseñada para que la nueva institución realmente funcione y que la ciudadanía esté representada, sobre todo las víctimas. Sin embargo, una cosa es lo que dice la ley y otra lo que realmente se hace.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el organismo creado para la reparación del daño a las víctimas de delitos, que durante un año mantuvo cobrando a cinco comisionados hasta que llegó la presidenta del DIF y dijo que ese organismo debía ser honorífico y que la única que debía cobrar era Nadxielli Carranco. Y se lo concedieron.

Sin embargo, el recurso que se supone es para la reparación del daño a todas las víctimas de un delito está fluyendo a cuentagotas, en tanto que el ente burocrático creado exprofeso se ha convertido en una carga para el estado.

Eso podría pasar también con la Comisión de Búsqueda de Personas si no se designa a la persona idónea.

Luego de un procedimiento de depuración quedaron tres personas como candidatas a encabezar el nuevo organismo que –como muchos otros- son autónomos pero dependen del Poder Ejecutivo para la operación de los recursos y del Poder Legislativo para la aprobación del presupuesto, o sea que de autónomo no tienen prácticamente nada.

Ellos son: Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, Alicia Vázquez Luna y Juan Manuel Vidal Medina.

Una vez que se cuenta con la información necesaria de cada uno de los aspirantes, a más tardar mañana 6 de septiembre, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda entregará la terna al  jefe del Ejecutivo estatal, ya que será él quien elija al mejor candidato o candidata, y también tendrá la atribución de removerlo.

De Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez sólo se sabe que es agente del Ministerio Público Federal, es decir, trabaja para la Fiscalía General de la República (FGR) antes PGR.

Juan Manuel Vidal Medina es licenciado en Derecho por la Universidad Loyola y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Aztlán. Estudia dos doctorados actualmente. Toda su trayectoria profesional ha sido en la Fiscalía General del Estado, donde ha sido desde agente de la Policía, comandante del Centro de Operaciones Estratégicas hasta agente del Ministerio Público y últimamente coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Alicia Vázquez Luna es ampliamente conocida en Morelos. Trabajó muchos años en la Procuraduría de Justicia del Estado donde fue desde agente del Ministerio Público, directora de averiguaciones previas, de Control de Procesos y subprocuradora.

A la llegada de Graco Ramírez al gobierno de Morelos fue invitada a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que desempeñó hasta que el mandatario estatal quedó cautivado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra.

Fiel a su costumbre, Graco Ramírez utilizó la fama de Alicia Vázquez Luna para obtener votos (también había dicho en campaña que si ganaba la gubernatura la procuradora de justicia sería Adela Manzanarez), pero cuando ya no le servía políticamente la hizo a un lado.

Alicia se fue a trabajar al gobierno federal y actualmente se dedica a litigar. Tiene dos maestrías y va por el doctorado.

Quienes la conocen no dudan de que es la persona idónea para hacerse cargo de la nueva institución y dar respuesta a las decenas de madres que prácticamente andan “muertas en vida” al no saber el paradero de sus hijos o hijas.

HASTA EL LUNES.

 

 

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