Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

La buena: la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que los hechos ocurridos en Temixco el 30 de noviembre de 2017 no fueron un enfrentamiento sino una masacre por parte de la Policía del Mando Único que encabezaba Alberto Capella Ibarra.

La mala: las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos no son más que sugerencias cuyo cumplimiento depende de la voluntad de las autoridades en turno.

La peor: La CNDH no tiene actualmente el respaldo del presidente de la República. Al contrario, hay evidencias de que pretende desaparecerla al igual que otros organismos autónomos que estorban a su proyecto de cuarta transformación.

Esto significa que la posibilidad de iniciar o no las investigaciones que recomienda la CNDH ni siquiera está en manos del gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco, sino del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ya que la dependencia a su cargo es autónoma en términos de la reforma orquestada por el anterior gobernador Graco Ramírez.

Si Uriel quiere pueden iniciarse los procedimientos que sugiere el ombudsman nacional pero aparte, por su propia cuenta, ir más allá.

Es decir, no sólo fincarle responsabilidad penal a los autores materiales del homicidio de las seis personas, sino también de aquellos que los encubrieron, como fueron el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra y sus directores.

Aún más: el fiscal general Javier Pérez Durón también tiene que ser sometido a una investigación por haber permitido que Capella Ibarra y su gente hicieran todo lo necesario para dejar impune esa masacre.

Es la oportunidad perfecta para que el actual fiscal demuestre de una vez por todas que, si bien es cierto que llegó al cargo por gracia de Graco Ramírez, tiene un verdadero compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley.

No hace falta ser perito en la materia para darse cuenta de que Capella mintió al dar a conocer su versión sobre los hechos ocurridos en Temixco:

“Aproximadamente a las 03:00 de la mañana del día de hoy (30 de noviembre) se logró el aseguramiento de José Manuel “N” primogénito del tipo apodado “El Crispín”, dicho sujeto fue detenido en un vehículo automotor de la marca Mazda, así como una arma de fuego calibre 9 milímetros y envoltorios que contenían vegetal verde con las características similares a la marihuana”, dijo Capella en conferencia de prensa.

El Comisionado agregó que durante el operativo, a través de una denuncia ciudadana, la Policía ubicó un domicilio en la Calle Venustiano Carranza del municipio de Temixco, donde se encontraba una casa de seguridad en la que los policías supusieron se encontraban personas privadas de la libertad.

“Al arribar al sitio, se visualizó a unos sujetos, quienes al notar la presencia policiaca los recibieron con disparos de arma de fuego, fue en ese momento que los elementos de la CES aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, buscando en todo momento persuadirlos para su entrega voluntaria y evitar el enfrentamiento que lamentablemente se prolongó por horas”, dijo Capella en la conferencia de prensa en la que no se abrió una sesión de preguntas y respuestas.

Al emitir la recomendación 21VG/2019 por violaciones graves a derechos humanos ocurridas durante y como consecuencia de tres operativos policiales de la CES en los límites de Temixco y Cuernavaca, el organismo nacional informó que, tras realizar una investigación de los hechos, obtuvo elementos para acreditar que personal de la CES “incurrió en allanamientos a las casas habitación en que estaban las víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de 7 personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 6 personas, incluidas dos personas menores de edad”

Además, “trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a 4 personas, incluidos 2 infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”.

En su investigación, el organismo nacional echó abajo la teoría del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño en el que se resguardaron.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existe concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas resultaron negativos y existe alto grado de probabilidad de que no accionaron armas de fuego.

“Los agentes policiales precisaron que sus agresores realizaban disparos de arma de fuego desde el interior de la casa, y que sentían como caían los vidrios de las ventanas ante los impactos, sin embargo, en las paredes y piso exteriores, que forman parte del inmueble, cochera y pasillos de acceso, no se observaron daños que pudieran haberse producido por el impacto de los proyectiles, lo que en opinión de expertos de este Organismo Nacional contradice el dicho de los servidores públicos en cuestión”.

Cabe destacar que José Antonio V. R. de 24 años de edad, familiar de las personas víctimas, es la única en contra de quien la Fiscalía ejerció acción penal y está bajo proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de los policías Fernando M. B. y Pedro G. V., aunque hasta el momento los fiscales no han podido demostrar que José Antonio haya disparado ni tampoco la existencia de una bala en el chaleco de protección de uno de los policías.

 

HASTA MAÑANA.

Lunes, 15 Julio 2019 05:39

TSJ: cuenta regresiva

El 17 de mayo de 2019, justo cuando la magistrada presidenta rendía su último informe de labores, el magistrado Jorge Gamboa Olea subía el siguiente mensaje en su cuenta de “Twitter”: “366 días, 0 horas, 0 minutos y  0 Segundos, se convertirán  en una verdadera esperanza, cuenta regresiva: 8784 horas; 527.040 minutos; 31.622.400 segundos…”.

Efectivamente, es el tiempo que faltaba para que termine el periodo de la controversial magistrada Carmen Verónica Cuevas López al frente del Poder Judicial del Estado de Morelos, y es también el tiempo que tienen los 18 integrantes del Pleno para elegir a su sucesor(a).

Como ya es tradición, faltando un año comienza el cabildeo de quienes aspiran a presidir el TSJ para tratar de conseguir el mayor número de votos entre sus compañeros, y para ello hacen uso de todo tipo de recursos, principalmente la promesa de bonos económicos, plazas para sus familiares, cargos, vehículos, choferes, etc.

Pero también incluye la guerra sucia para tratar de sacar de la jugada a sus adversarios peligrosos. Y en esta ocasión, con el uso del Internet, se espera una lucha encarnizada por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica el manejo de un presupuesto de más o menos 500 millones de pesos y más de mil plazas.

La conformación de un órgano colegiado que vendrá a sustituir al Consejo de la Judicatura se ha convertido en la “manzana de la discordia” y al mismo tiempo ha servido para clarificar quién está con quien en esta carrera por la presidencia.

Primero fue un documento firmado el 24 de enero pasado por los magistrados Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Andrés Hipólito Prieto y la ex presidenta Nadia Luz María Lara Chávez, en el que se oponían a la designación de jueces por parte de la llamada “Comisión Transitoria”.

Luego se les unieron Rocío Bahena, Ángel Garduño y Bertha Rendón, al no lograr que la primera fuera designada como representante de los magistrados en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Ya en los últimos días, al firmar un documento en el que le solicitan a Carmen Cuevas convocar a sesión de pleno para tratar ese tema, se “destapan” todos los magistrados que estarían en contra de la actual presidenta: Jorge Gamboa, Norberto Calderón, Nadia Lara, Bertha Rendón, Juan Emilio Elizalde, Andrés Hipólito, Ángel Garduño, Rocío Bahena e Iván Arenas. Exactamente los mismos que le hicieron vacío a la presidenta en la ceremonia oficial por El Día del Abogado.

Le siguen siendo leales: Elda Flores, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino, Valentín López, Idalia Franco, Miguel Ángel Falcón, Rubén Jasso y Leticia Taboada. Ocho magistrados, que con el voto de la presidenta pondría el escenario (para cualquier cosa) en un empate nueve contra nueve.

Lo más irónico es que en el grupo “anti-carmen” se juntaron magistrados que alguna vez fueron antagónicos, o que provienen de ideologías políticamente opuestas (una ex candidata del Partido Verde; la esposa del presidente estatal de Morena, ex funcionarios panistas, etc), pero que hoy encuentran coincidencias. O conveniencias.

Bueno, no hay que olvidar que Carmen Cuevas llegó a la presidencia con el apoyo de varios de ellos, pero a las primeras de cambio rompieron. “Carmen no cumplió”, se quejaron ellos. “Querían intervenir en todo”, se justifica ella.

El hecho es que hoy el TSJ está dividido. Son 16 magistrados que tienen derecho a voz y voto. Los casos de Norberto Calderón y Leticia Taboada son cuestión de interpretación, pues ambos provienen de la desaparecida Sala Auxiliar. De todos modos hay uno por cada bando, es decir, siguen empatados.

Sin embargo, un solo voto puede cambiar el escenario. Todo depende de que la presidenta convenza a uno de sus contrincantes o los disidentes se jalen a alguno de los que están con Carmen Cuevas.

Esto va a ocurrir cuando tengan que decidir a quién van a mandar como candidato a la presidencia. En el bando de “los disidentes” quiere Andrés Hipólito, Jorge Gamboa, Juan Emilio Elizalde y ahora Rocío Bahena.

En el bando de los institucionales sobresale Rubén Jasso como el más viable. Ha sido paciente y disciplinado.

Ganará aquel que logre conservar los votos del bando al que pertenece y conquiste uno o dos votos del contrario. Aunque también ha habido casos de magistrados que ni siquiera la buscaban, pero que ante el encono que había entre los dos grupos antagónicos tuvieron que optar por una tercera opción. Así llegaron Ricardo Rosas y Miguel Ángel Falcón.

Aunque en el proceso de elección del Tribunal Superior de Justicia sólo votan los magistrados, los otros dos poderes suelen meter las manos para tratar de influir. Los diputados hacen recomendaciones y algún gobernador ha llegado a telefonear directamente para sugerir a tal o cual magistrado.

Ya mencionamos en alguna ocasión el caso del candidato a gobernador que logró convencer a los magistrados que él sería el ganador de la contienda y que quería que la presidenta fuera tal magistrada. Le creyeron y votaron por su recomendada, pero él perdió en las votaciones y nunca fue gobernador.

La historia nos demuestra que ha habido titulares del Poder Judicial que prácticamente han entregado la institución al gobierno en turno. Otros se han enfrentado abiertamente tanto a diputados como a gobernadores. Y  asimismo les fue. 

Lo ideal sería que hubiera una relación cordial pero respetuosa, sin sometimientos pero también sin enfrentamientos que repercuten casi siempre en la asignación del presupuesto. Y lo que menos queremos en este momento son más instituciones peleadas cuyos titulares utilizan el erario para hacerse guerra sucia.

HASTA MAÑANA.

 

 

 

 

 

Marco Lara Klahr es como el “apóstol de la ética periodística” en México y desde hace tiempo recorre el país hablando sobre la necesidad de cambiar la forma de hacer periodismo. Después de escucharlo una hora (como ocurrió el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia), los periodistas casi queremos pedir perdón por lo que hemos hecho durante todos estos años y “colgar la grabadora” para no volver a escribir.

Imagínese que después de aprender a cubrir los acontecimientos noticiosos con lo que escuchamos de nuestros jefes en las diferentes redacciones donde laboramos, alguien llegue y nos diga que todo eso que hicimos estuvo mal, y que hay algo que se llama “deontología profesional” según la cual debemos regirnos por el respeto a los derechos humanos.

Y es que para Marco Lara Klahr no basta con ponerle una raya negra que le cubra los ojos a los detenidos, ni una leyenda de que “ésta persona es inocente mientras no sea declarado culpable por la autoridad competente”. En estricto cumplimiento de la ley, ninguna persona detenida tendría que ser exhibida en los medios bajo ninguna circunstancia, pero entonces ¿cómo van a justificar su trabajo las autoridades encargadas de perseguir el delito?

En los últimos días hemos caído en el absurdo de cambiar el nombre de Hortencia Figueroa Peralta por el de “Hortencia N” y cubrir sus fotografías con una franja negra, lo mismo que a Beatriz Vicera Alatriste, hoy “Beatriz N”. Para botarse de la risa: el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeat fue durante varios meses “Topiltzin N” para la Fiscalía Anticorrupción.

Para Marco y su “Nuevo Periodismo Judicial” también está mal que se diga que Javier Duarte es un delincuente o que Juan Collado es lavador del dinero de Carlos Salinas de Gortari aunque lo estén acusando de ello.

Está mal que se le pongan adjetivos a los sujetos, que se haga mofa de sus defectos físicos y que se haga escarnio de lo que le haya ocurrido. ¿Entonces de qué vamos a escribir los periodistas de opinión?

Después de escucharlo uno llega a la conclusión de que para que haya una nueva forma de hacer periodismo debe haber lectores que comulguen con ese nuevo paradigma, donde ya no se busque la foto más explícita ni la crónica más detallada del acontecimiento. ¿Se imaginan a El Extra o El Gráfico sin fotos?  Simplemente ya no los comprarían.

Es necesario que haya una verdadera conciencia ciudadana sobre el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, y que las empresas de comunicación renuncien a la competencia por vender más, es decir, dejar atrás las cabezas amarillistas en sus primeras planas.

En lo que respecta a la nota roja, definitivamente no le vemos otra salida que su desaparición, o por lo menos, eliminar las fotografías tanto de personas fallecidas como detenidas.

Sin embargo, al mismo tiempo que los medios de comunicación se van mesurando en sus gráficas, las redes sociales (específicamente el Twitter) dejan cada vez menos a la imaginación. ¿Cuál será el resultado? Lo sabremos en los próximos años.

El tema es interesante y se reconoce la intención del Tribunal Superior de Justicia a través de la Escuela Judicial que dirige el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega de fomentar este tipo de debates, pero también el Poder Judicial debe admitir que no está a la altura en lo que se refiere al principio de máxima publicidad que establece el nuevo sistema de justicia penal, como lo hizo notar el colega Carlos Quintero durante su participación en la Mesa de Debate.

Debe haber un compromiso de ambas partes por mejorar en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, La Unión de Morelos fue pionero en la cobertura de juicios orales cumpliendo con la mayoría de especificaciones que establece Lara Klahr en su Manual. Falta que los demás periódicos hagan lo propio.

Y ya que hablamos de periodistas, ayer fue presentada en primera lectura la Ley para el Desarrollo y la Protección de los Periodistas del Estado de Morelos en el Congreso Local.

Entre las cosas novedosas viene la creación del Fideicomiso de los Periodistas de Morelos, donde los beneficiarios o fideicomitentes serán los Periodistas, el Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, como proveedor de los recursos públicos que integran los fondos a los que se referirá́ la Ley y como Fiduciario, la Institución Financiera que mejores condiciones ofrezca para la constitución y administración de dicho Fideicomiso.

La iniciativa que se presenta propone que el gobierno del Fideicomiso quede a cargo del Comité Técnico, órgano en el cual participará como servidor público el Secretario de Hacienda, como responsable de la asignación y comprobación de los recursos públicos que maneje el Fideicomiso, que tendrá́ el carácter de Secretario del Comité́ Técnico. Las atribuciones y responsabilidades de los miembros de este Comité́ serán determinadas por el Reglamento que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo, en plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta Legislación.

“Con esta definición legislativa se busca cancelar cualquier intento presente o futuro, que pudiera condicionar los beneficios o apoyos sociales para los periodistas, a cambio de prebendas o amenazas al libre ejercicio periodístico.

“De igual forma se cumple con el propósito de brindar al gremio periodístico de Morelos, prestaciones sociales que compensen el riesgo en la profesión y aquilaten su compromiso con una sociedad informada de manera veraz y oportuna, y al mismo tiempo subsanen algunos de los rezagos sociales que por años ha padecido el gremio”, dice en sus considerandos la iniciativa que fue presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez seguramente con muchos apuntes de su asesor Javier López Sánchez, ex coordinador de asesores y comunicación política en el gobierno de Marco Adame Castillo.

Sería injusto descalificarla “a priori”. Se requiere un análisis a fondo, sobre todo porque propone que el fideicomiso se integre con el 10 por ciento del presupuesto anual que el gobierno estatal pretenda gastar en publicidad oficial.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 11 Julio 2019 05:37

12 de julio no se olvida

Eran las 5:35 de la madrugada de aquel 12 de julio del 2017 cuando la Dirección de Protección Civil del Estado recibió una extraña solicitud de auxilio: una mujer aseguraba haber recibido una llamada telefónica de su novio, quien estaba atrapado en su coche, dentro de un “hoyo” que se había abierto repentinamente en la autopista, a la altura del Conalep.

Al acudir al lugar indicado encontraron que, efectivamente, había un enorme socavón en uno de los carriles de alta velocidad. La operación de rescate obligó a cerrar totalmente los diez carriles del llamado “Paso Exprés”, inaugurado apenas tres meses antes por el presidente de la República.

Eso tuvo como consecuencia que, a las siete de la mañana, la fila de vehículos llegara hasta el municipio de Temixco hacia el sur, y hasta el Seguro Social hacia el norte.

Juan Mena Romero de 33 años y su padre, Juan Mena López de 65 años de edad, eran los que viajaban a bordo del vehículo Jetta de color gris de la marca volkswagen que cayeron a este socavón ocasionado por el ablandamiento de la tierra derivado de las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana pasado.

En un principio, este hoyo tuvo un diámetro de 3 metros de ancho y una profundidad de 15 metros, pero al paso de los minutos comenzó a expandirse hasta alcanzar una apertura de poco más de 10 metros, y después, con maquinaria pesada abrieron unos metros más.

Desde los primero minutos en que se reportó el accidente, la dirección de Protección Civil del Estado de Morelos y del municipio de Cuernavaca, detuvieron la vialidad y acordonaron la zona para evitar que ocurriera un colapso total de los carriles.

 A partir de ese momento comenzaron a utilizar grúas y drones para la ubicación de las personas. Los elementos de la Cruz Roja y bomberos de la capital morelense trataban de llegar al fondo del hoyo, pero los trabajos eran en vano, ya que la tierra estaba completamente suelta y eso provocaba el riesgo de que se hundiera.

Aproximadamente a las 9:40 horas, decidieron utilizar dos máquinas para abrir más el socavón y retirar el exceso de la tierra que no permitía que los trabajos se realizaran de la mejor manera. De acuerdo a las autoridades, se extrajeron más de 100 metros cúbicos de tierra.

Minutos más tarde, arribó a la zona del desastre el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, a supervisar los trabajos, pero a su llegada, los vecinos comenzaron a gritarle palabras como: “asesino", "estas muertes quedarán en tu conciencia", "renuncia", entre otras más.

Al hablar con unos de los vecinos de Chipitlán y preguntarle por qué este tipo de gritos contestó: "estamos enojados con el delegado y los que realizaron esta obra, porque desde estaban ampliando la pista les advertimos que tenían que tomar medidas de precaución porque iba a ocurrir un accidente. Hace un mes les volvimos a decir que con las lluvias y el escombro que dejaron iba a ocurrir un derrumbe y tampoco nos escucharon, y ahorita estamos viendo este socavón, y lo sentimos por las familias de las personas que están adentro atrapadas".

Asediado por los medios de comunicación, Alarcón Ezeta se deslindó de este socavón y aseguró que no presentaría su renuncia. 

Pasaban las horas y las autoridades no daban información acerca del avance de los trabajos de rescate de estas personas. Fue hasta las 14 horas cuando las maniobras se intensificaron ante la llegada del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, quien fue inmediatamente rodeado por los reporteros.

"Se determinará quienes son responsables, si hay alguna responsabilidad de la empresa tendrá que afrontar su responsabilidad. Está aquí el delegado, esta Capufe y está el ingeniero  responsable de carreteras, ellos tendrán que determinar técnicamente qué sucedió, y si la empresa es  responsable tendrá que afrontar, si es un problema en el momento de la construcción se tendrá que afrontar", aseguró.

 Además, anunció que se realizarían las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades, pero adelantó que el socavón no se provocó por una mala planeación en las obras del Paso Exprés, sino que fue por el exceso de agua que pasó por debajo de la autopista.

Cerca de las 15:00 horas, los elementos de protección civil daban aviso de que ya tenían localizado el vehículo y que comenzarían a rescatar a las personas, de las que aún no se sabía si continuaban con vida.

Unos minutos más tarde, una unidad de Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar con dos camillas, con lo que se interpretaba que tanto el padre como el hijo que desde las cinco de la mañana se habían caído en el hoyo, ya no tenían vida.

El rescate del primer cuerpo fue a la 15:30 horas y el segundo diez minutos después.

Meses después platiqué con el que fuera su patrón en una empacadora de pollos ubicada en el parque industrial de Civac. Me platicó que padre e hijo entraban muy temprano a trabajar, y que siempre llegaban a bordo de una motocicleta después de tomar la autopista desde el municipio de Zapata.

Pero ese día estaba lloviznando y al parecer por eso decidieron venirse en un coche que el muchacho acababa de comprar. Ya casi eran las seis de la mañana y no llegaban. Juan, un compañero de trabajo, recibió un mensaje de texto en su teléfono celular. “Caímos en un socavon sobre la autopista, necesitamos ayuda”, decía el mensaje.

Con la autorización de su patrón, Juan tomó uno de los vehículos de la empresa y se fue hacia el libramiento de la autopista, y cuando pasaba frente al Conalep vio que en el sentido contrario al que iba se notaba la presencia de patrullas y ambulancias.

“Vengo buscando a dos compañeros que al parecer se cayeron en el hoyo, ellos venían a bordo de una motocicleta”, dijo Juan.

Por esa razón, durante toda la mañana se manejó la versión de que aparte del coche que se veía, abajo estaba una motocicleta y dos personas.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 10 Julio 2019 05:32

Patricia Izquierdo, ¿chivo expiatorio?

Patricia Izquierdo Medina recibió ayer por la madrugada la tercera orden de vinculación a proceso por parte de un juez penal del fuero común por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

A principios de 2017 comparamos el Congreso Local con un ferrocarril cargado de lingotes de oro pero que a kilómetros de distancia las vías desembocaban en un voladero. Julio Espín, presidente de la Junta Política abrió las puertas a los 30 diputados y les dijo: “Pueden tomar todos los lingotes de oro que puedan, pero hay que saltar a tiempo para no caer al voladero”.

Hubo quienes fueron muy astutos y pudieron apilar muchos lingotes de oro hasta formar una torre muy alta y aprovecharon cuando el tren iba despacio para bajarse. Uno de ellos fue Paco Moreno Merino, quien hoy disfruta de lo que se robó en un paradisiaco lugar.

Hubo quienes tomaron un lingote en cada mano y saltaron a tiempo sin mayor problema. Esos que “robaron pero poquito” hoy también disfrutan de una vida tranquila, sin lujos pero sin citatorios judiciales.

Pero hubo otros y otras que en su avaricia por llevarse más lingotes no saltaron a tiempo y todavía se querían regresar por más.

Ese es el caso de Beatriz Vicera Alatriste, una mujer que ha tenido una vida digna de una película. Dice ser “ingeniera química” pero no muestra ningún título. Quienes la conocen la recuerdan como secretaria del director de un diario de Morelos, luego como empleada de unos laboratorios clínicos y de ahí como asistente personal de la lideresa priísta Maricela Sánchez Cortés.

Fue ella, Maricela, quien la hizo presidenta estatal de la organización de mujeres priístas, luego consejera estatal y consejera nacional del PRI. Gracias al partido tricolor llegó como diputada plurinominal a la LII Legislatura donde fue designada como presidenta de la Mesa Directiva.

Hasta ahí iba bien. Sin embargo, recibió una oferta del entonces presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, a la que no se pudo resistir. Obviamente nunca se habló de dinero, pero así, de la noche a la mañana, la “priísta de hueso colorado” se convirtió en perredista.

“Con este proyecto (del PRD) podré llegar a más mujeres, a más gente, a más colonias. Convencida que el trabajo en unión debe dar frutos. No importa el color en el que estemos, siempre y cuando vayamos de la mano de la sociedad”, afirmó en aquella ocasión mientras posaba junto al joven Gayosso.

Ya para ese momento había cambiado radicalmente su imagen. Disfrazaba su problema de peso con ropa cara y el tinte en el cabello no podía faltar. Ya no era “Betty” como la llamaban sus superiores cuando querían café, ahora era “la diputada Alatriste”, como pedía que la llamaran.

La diputada Beatriz Alatriste no fue la única que dejó su partido para obedecer ciegamente a Rodrigo Gayosso, también lo hizo Julio Espín, el diputado José Manuel Tablas Pimentel que llegó bajo las siglas del Partido Acción Nacional; Edwin Brito del PT y Silvia Irra del Partido Verde. Todos ellos se agregaron al grupo parlamentario del PRD donde ya estaban Hortencia Figueroa, Enrique Lafitte y otros, hasta completar una docena.

El día que se presentaron a los medios de comunicación en un restaurante de la calle Morrow llevaban unos chalecos amarillos que les acababa de regalar el PRD. Carísimos por cierto.

A la hora de tomarse la foto todos juntos alguien dijo en voz baja: “¡Parecen minions!”, lo que provocó la hilaridad de fotógrafos y reporteros, pero se aguantaron la risa.

Y sí, era cierto. Los diputados a los que Rodrigo Gayosso había uniformado para demostrar quien mandaba en el Congreso, parecían esos personajes de dibujos animados que actúan en grupo y no tienen mucha inteligencia. 

Con 12 votos seguros, además del voto que se compraba “por evento”, Rodrigo Gayosso y su padrastro hicieron lo que quisieron. Aprobaron préstamos, vendieron predios, nombraron funcionarios, concesionaron servicios. Todo.

Con Francisco Moreno Merino (PRI) y Jaime Álvarez (Movimiento Ciudadano) como aliados, esa legislatura inauguró la costumbre de legislar “a escondidas y en lo oscurito”, cambiándose de sede sin previo aviso y trabajando hasta las cinco de la mañana. Así, la prensa y en general la ciudadanía se enteraban lo que habían hecho sus diputados durante la noche y madrugada hasta que aparecían los decretos publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Como parte de ese libertinaje legislativo se redujo el número de diputados, se modificó el mapa de los distritos electorales al antojo de Graco y su hijastro y se aprobó la reelección para diputados y presidentes municipales.

Es decir, no conformes con haber saqueado al estado, los diputados pretendían seguirlo saqueando por tres años más. Afortunadamente la gente se dio cuenta y el día de la votación se las cobraron todas juntas. Nadie ganó de ese grupo de los “minions”.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción anda tras los que se dejen aunque los cargos son de risa. Por eso es que la abogada Hortencia Figueroa ni sufre ni se acongoja con los citatorios para comparecer ante los tribunales. Sabe que no le van a hacer nada y además no va a gastar en abogados. Para eso tiene a su marido.

Y ese afán por hacer como que trabajan es lo que hizo que, en cuanto Beatriz Vicera faltó a una audiencia, la fiscalía pidiera que se declarara prófuga de la justicia y mediáticamente se manejara la posibilidad de que la Interpol la pusiera en su lista.

Sabemos que Beatriz tuvo gravísimos problemas de salud cuando era diputada. De hecho, sus propios familiares ya no la contaban, si no es porque llegó el entonces secretario de asuntos legislativos, José Luis “Choche” Borbolla con un cheque del Congreso a pagar los gastos del hospital.

Pero de eso a que tenga que salir ante las cámaras llevando un tanque de oxígeno se nos hace una verdadera puesta teatral, sobre todo cuando una reportera afirma que días antes la encontró “de shopping” en una importante tienda de ropa.

Beatriz no está en la lista que Graco mandó a Juan Salazar Núñez de los ex funcionarios que no deben ser molestados. Finalmente Vicera Alatriste nunca fue vista como integrante del PRD, sino como un objeto que se compra, se usa y se desecha.

HASTA MAÑANA.

Lunes, 08 Julio 2019 09:33

IMIPE: el nuevo comisionado

“Yo siempre he apoyado a las mujeres, pero en esta ocasión toca hombre, ni te apuntes”, le dijo la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez a Leonora Valentina Jiménez Franco, una de las aspirantes a ocupar el cargo de comisionada en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el pasado viernes después de la ceremonia de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Los Belenes.

Ya estamos viendo una de las desventajas de la tan llevada y traída paridad de género que tanto ha presumido doña Isabel León Trueba: ya se lanzó la convocatoria y legalmente cualquier persona que reúna los requisitos puede inscribirse, pero en términos prácticos ya está decidido que habrá de ganar un varón.

¿Y sí en la lista de candidatos se inscriben puros hombres “maletas” y entre las mujeres tenemos las mejores y más preparadas profesionistas? ¿Tendremos al primer comisionado del IMIPE que no llegue por méritos sino porque no puede haber tres mujeres en un órgano colegiado?

En todo caso, que la convocatoria diga “para elegir al comisionado del IMIPE (mujeres abstenerse)”.

Así las cosas, ya tenemos la primera característica del próximo comisionado del IMIPE que habrá de sustituir al médico (que no doctor) Víctor Díaz Vázquez, dicho por Tania Valentina y escuchado por varios que nos quedamos al término de la ceremonia en que Roberto Coranguez Esquivel fue ungido como el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahora entremos al terreno de las elucubraciones que a veces resultan ciertas.

Agregaríamos entonces que el próximo comisionado debe ser priísta. Ésta suposición nace de la costumbre arraigada del llamado “derecho de silla”, y creemos que a nadie le queda duda de que Víctor  Díaz Vázquez llegó al cargo por la vía del PRI.

Y es que, cuando nació el IMIPE, los partidos fuertes eran PRI, PAN y PRD; y desde entonces se puso como regla no escrita que cada partido colocara un consejero, hoy llamados comisionados, y que los fuera sustituyendo cada término de periodo.

Sin embargo, no se pierda de vista que hoy el PRI no tiene la misma fuerza que hace algunos años, de ahí que surja la posibilidad de que el nuevo comisionado del IMIPE sea más bien un morenista.

Y una tercera característica: que sea amigo o recomendado de Mirna Zavala Zúñiga. Esto lo decimos porque nos comentan fuentes al interior del Congreso, que para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos pudo más la recomendación de la secretaria de Administración que la paridad de género. Para desventaja de Clara Soto, María Ampudia y otras mujeres que buscaban esa posición, sus congéneres diputadas levantaron sus manitas al unísono a favor del recomendado de Mirna, a pesar de que “tocaba mujer” (en términos de lo que dijo Tania Valentina).

Debemos aclarar que en esta ocasión sí se nos hace válida la opinión de Zavala Zúñiga para la designación del consejero del IMIPE, y no por su cercanía con el poder, sino porque sabe de Transparencia. Me atrevo a decir que Mirna Zavala junto con Eleael Acevedo y Alí Sosol sentaron las bases de lo que hoy es el IMIPE, y se aventaron verdaderas broncas contra el gobierno estatal en turno y  los ayuntamientos que no entendían por qué tenían que hacer públicos sus gastos y contestar a cualquier ciudadano sus preguntas por más absurdas que éstas sean.

Una última premisa que pudiera definir quién será el nuevo comisionado del IMIPE es algo que hemos venido señalando desde hace años y que por desgracia se sigue poniendo en práctica: PARA SER CONSEJERO DEL IMIPE TIENES QUE HABER TRABAJADO CON UN DIPUTADO.

Y ahí sí la historia es implacable: Eleael Acevedo era director del Instituto de Investigaciones Legislativas; Esmirna Salinas era auxiliar del diputado David Salazar Guerrero; Víctor Díaz siempre ha trabajado con Jorge Arizmendi; Mireya Díaz era auxiliar de Juan Ángel Flores y hasta Marco Antonio Alvear Sánchez (que fue designado por la pasada legislatura pero no ha podido tomar posesión) era empleado del Congreso.

Las excepciones fueron Ariel Homero López, que no trabajaba en el Congreso pero su militancia priísta es más que conocida, y la última presidenta, Ivonne Rosales Sotelo, desconocida para el panismo morelense, pero que aseguran fue recomendada por el comité ejecutivo nacional.

¿Seguirá la actual legislatura con esa costumbre de poner a sus empleados en organismos autónomos? Lo sabremos muy pronto.

Las diputadas que controlan el Congreso, y los escasos diputados que están ahí sólo para completar la veintena (Duque, Galindo y Casas son los ejemplos más patéticos), han dado muestras de que no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Se tardaron meses en analizar la lista de prospectos para la CDHMOR supuestamente para designar a la mejor persona, y terminaron inclinándose por el que llevaba “línea” del Ejecutivo. Por lo que respecta al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría están en aprietos porque ya adelantamos que los dados están cargados para que asuma ese cargo un contador que tiene un rancho en Jojutla y que le da servicio de asesoría a todos los “políticos de campo”, es decir, que combinan la actividad política con la cuestión agropecuaria, como podría ser Amado Orihuela o el mismísimo senador Ángel García Yáñez.

Si no es él será Uriel González, quien ya comenzó a negociar su permanencia con la contratación de funcionarios que “casualmente” resultaron ser familiares o allegados de los nuevos diputados. Hay que recordar que a él lo dejó como encargado del changarro el perredista Vicente Loredo, quien hoy se dedica a dar asesoría a presidentes municipales a través de una empresa privada.

No cabe duda que las costumbres se heredan de una legislatura a otra. Los ciudadanos sufren una transformación en cuanto se sientan en la curul y se convierten en lo mismo que sus antecesores.

Como prueba de ello está la designación de los ganadores del Premio “Soto y Gama” que se entregará este 12 de julio. En la lista de ganadores sobresale el nombre de Araceli Salas, cuya capacidad como abogada no se pone en tela de duda, pero que por mera coincidencia actualmente es la asesora jurídica del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo. Sus amigos de toda la vida, Héctor Habib Rubio Assad y Roque González Barreiro, también están en la lista.

 

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 05 Julio 2019 05:41

Hace exactamente 30 años

Una disculpa a mis editores, pero no todos los días se cumplen 30 años en este oficio. Hace exactamente tres décadas se publicó mi primera nota en un periódico impreso y desde entonces no he dejado de publicar en prensa escrita, internet, radio y televisión. La columna de hoy es una forma de agradecer su preferencia durante estos primeros 10 mil 950 días, y el compromiso de mejorar en los años que Dios nos lo permita.

Hace 30 años estaba terminando la preparatoria en la Nocturna Uno y había estudiado un curso de periodismo por correspondencia. Mis compañeros ya andaban sacando ficha para buscar entrar a la UAEM en Derecho o Administración, pero para estudiar Ciencias de la Comunicación sólo había el Tec de Monterrey o emigrar a la ciudad de México, impensable para el hijo de una familia campesina que había llegado de Michoacán 12 años antes. 

“Yo sólo les puedo dar hasta la secundaria. De ahí para adelante lo que logren ya será mérito suyo”, advirtió don Leonardo a sus siete hijos. Consciente de ello, comencé a trabajar de mozo en un condominio desde los 13 años.

Supe que quería ser reportero desde que vi un reportaje de Juan Ruiz Healy titulado “La nueva Jerusalem” a principios de los ochentas, así que una cámara Kodak casera fue mi inseparable compañera desde tercero de secundaria y toda la prepa. Ahí tuve mi primer medio de comunicación, un  periódico de un solo ejemplar que iba de mano en mano en todo el salón con la crónica y fotos de las excursiones.

Cuando iba a la biblioteca a hacer tareas de biología o física, terminaba leyendo los escasos libros sobre periodismo que encontraba en los anaqueles. “Periodismo Trascendente”, de Salvador Borrego, casi me lo aprendí de memoria. También lo hacía porque estaba resignado a que nunca pisaría una universidad para estudiar periodismo, así que era la única forma de aprender.

En 1988 hubo un movimiento estudiantil orquestado por los universitarios pero nos llevaron a los preparatorianos a hacer bola. Ahí conocí a Martín Sánchez Ortiz, a José Luis García Tapia y a René Vega Giles, que apenas iniciaban en el periodismo.

Después supe que uno de mis compañeros de prepa escribía en un periódico. Era Omar Maldonado, quien cubría espectáculos para El Nacional del Sur. “Ayúdame a entrar a un periódico Omar”, le dije. “Déjame ver”, me contestó con esa voz ronca que desde entonces le caracterizaba.

“Hay un periódico nuevo, se llama el ABC, están solicitando reporteros. Si quieres vamos los dos, yo también ya quiero cambiar de aires”, me dijo semanas después.

Acordamos vernos frente al Hotel Miled, en la avenida Emiliano Zapata, donde los libaneses Miled Libien y Miled Kahui habían instalado una sucursal del ABC del Estado de México. Pero por alguna razón Omar no llegó a la cita.

No recuerdo cuál fue su justificación, pero en la tarde que nos vimos en la Prepa quedó muy formalmente de estar al otro día para ir a buscar trabajo en el ABC. Pero otra vez me dejó plantado.

Mientras transcurrían los minutos reflexioné en que no podía ir por la vida a expensas de los demás, y que tenía que valerme por mí mismo. Así que tomé aire y me dirigí a la planta baja, donde estaba el jefe de redacción, Luis Díaz López, quien me mandó a la oficina del director, en el tercer piso.

Ahí manifesté mi deseo de ser reportero. Un diploma de “estudios que no requieren validez oficial”, y el “dummie” de un periódico que intenté editar con el apoyo de la UAEM, fueron mis cartas de recomendación.

“Sólo hay una plaza en deportes, si quieres entrar a prueba”, me advirtió un señor alto y gordo que dijo ser el director. No dudé en aceptarla. 

Al otro día me fui a buscar información al único lugar que yo conocía en materia de deportes: la Dirección Deportiva de la UAEM. Ahí trabajaba Cuitláhuac Serratos, quien me dio información sobre los eventos que estaban realizando. Me tardé como dos horas en recabar la información y otras dos horas en escribir la nota (que no era nota, más bien como reportaje), ya en la redacción del periódico.

Muy orgulloso le entregué mi primera nota escrita sobre papel revolución a don Luis Díaz López, un chaparrito gordito de pelo y bigote cano. “Muy bien jovencito, tiene usted una excelente ortografía y le haya a la redacción. Ahora nada más necesitamos cuatro de estas para llenar la plana de Deportes”.

Me mostró como ejemplo una plana del Diario de Morelos. “Nacho Cortés se avienta como 16 notas diarias”, me dijo don Luis, quien sonrió al notar mi gesto de “no lo voy a lograr”.

Esa fue mi primera nota, pero la verdadera prueba para quedarme como reportero de deportes fue ir a Querétaro a cubrir un partido de futbol Querétaro-Zacatepec. Fue difícil y estresante porque escribía “de a dedito” en las máquinas mecánicas y no sabía usar el fax, pero el domingo que regresé el director me felicitó y me dijo que ya estaba aceptado, así que el lunes siguiente pasé con el contador y me dio la fabulosa cantidad de 125 mil pesos (de los viejos) cuyo recibo aún guardo.

Sólo estuve dos meses en el ABC cubriendo deportes. Cubriendo los partidos de futbol en El Miraval conocí a don Manuel Benítez Bahena, quien me llevó al periódico “Opción” de Morelos y de ahí a “El Clarín”, El Universal, TV Azteca, MVS, Canal 3, El Regional del Sur y La Unión de Morelos, donde he laborado más de 20 años con varias pausas, casi siempre para ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.

Debo aclarar que finalmente sí pisé un aula universitaria, y no solamente estudié periodismo sino también derecho.

Hoy, a 30 años de distancia, puedo decir que he cumplido mi sueño de ser periodista. Muchas gracias a todas y todos; los integrantes de mi familia, los directivos de los medios de comunicación, los amigos, los colegas; todos, absolutamente todos los que de una u otra forma me ayudaron para lograrlo.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 04 Julio 2019 05:36

Otro revés al Congreso Local

“El Poder Legislativo del Estado carece de competencia en el sentido de que no puede dejar sin efectos por sí y ante sí, el decreto de pensión que previamente aprobó”. Así de contundente es la sentencia del Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso Elaine Rodríguez Aranda, una de las afectadas por la abrogación masiva de pensiones que hizo la actual legislatura.

Y si bien es cierto que el recurso legal sólo tendrá efectos para el caso de la peticionaria ya mencionada, también lo es que el juzgador federal está dejando asentados los criterios legales y jurisprudencias para que los puedan hacer valer otros ex funcionarios beneficiados con las llamadas “pensiones doradas”.

En su sentencia, el juez aclara que no está prejuzgando sobre si el decreto pensionario fue emitido siguiendo los parámetros legales establecidos para ello, pues lo que así se sostiene, es que el Poder Legislativo carece de competencia para ello.

En consecuencia, el Juez García Zamudio ordena dejar insubsistente el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 12 de abril de 2019; que se reanuden los pagos en favor de la viuda, y que se realicen los pagos retroactivos si es que los hubiera.

A decir del abogado  Juan Manuel Guzmán Pérez, del despacho de Abogados Especialistas, es el primer caso donde el Juez ha resuelto en forma definitiva y ha entrado al fondo del asunto. Fue resuelto el 28 de junio pero hasta ayer fue publicado y notificado a las partes.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

Y va más allá:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”, agrega la sentencia que seguramente será recurrida por los abogados de los diputados, con el riesgo de que los exhiban todavía más.

El juez federal se da a la tarea de analizar el acuerdo parlamentario de fecha 12 de octubre de 2018, en el que se ordena que “a través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social se realice un análisis exhaustivo a la documentación que fue presentada para el otorgamiento del Decreto de Jubilación o pensión; así como también se amplíen las acciones inherentes al procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, realizando visitas de inspección y verificación en las áreas administrativas correspondientes adscritas a los Ayuntamientos, Gobierno del Estado de Morelos o Congreso del Estado, según sea el caso, a efecto de solicitar y cotejar de manera consecutiva todas y cada una de las nóminas de pago que se hayan generado durante el periodo que se pretende acreditar la antigüedad laboral, así como también se soliciten copias certificadas de las documentales que se identifiquen y que coadyuven al proceso de investigación y se proceda también a elaborar y firmar las actas de información testimonial a cargo de los servidores públicos que están validando y certificando la antigüedad indicada en la constancia laboral u hoja de servicios que fue expedida, para que en su caso se deslinden las responsabilidades jurídico-administrativas correspondientes. De igual manera se puedan girar oficios diversos ante las instancias prestadoras de seguridad social, ya sea el IMSS o ISSSTE, así como INFONAVIT, o bien alguna instancia pública o privada que así se considere para corroborar la certeza de la antigüedad establecida en la constancia laboral o de servicio que en su momento presentaron los solicitantes para que les fuera expedido cada Decreto de Jubilación…”.

Sin miramiento alguno, el juzgador señala que “dicho acuerdo parlamentario, en realidad, está otorgando facultades extralegales, que no están previstas en la Constitución del Estado, ni en la ley orgánica y su reglamento, ambos del Congreso en esta Entidad Federativa, pues está permitiendo la investigación de decretos concesorios de pensión ya aprobados e incluso textualmente establece que “se amplían las acciones inherentes al proceso de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

“Y es el caso, que como lo establece el artículo 1 del Reglamento para el Congreso del Estado, un acuerdo parlamentario no puede reformar o adicionar ese reglamento, ni la Ley Orgánica para el Congreso del Estado”.

Más claro ni el agua.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 03 Julio 2019 05:25

Los amigos de Rodrigo Gayosso

Rodrigo Gayosso Cepeda estudió su secundaria y preparatoria en una de las escuelas de mayor prestigio en Cuernavaca, a mediados de los noventas. Cuentan los de su generación que ya desde entonces soñaba con ser presidente, gobernador o dueño de una gran empresa, y le prometía a sus compañeros de clase que les hablaría para que le ayudaran a administrar su riqueza. Y parece que lo cumplió.

“Si lográramos obtener el anuario de esa generación nos daríamos cuenta que muchos de los que estudiaron con Rodrigo fueron incluidos en el gobierno de Graco Ramírez. Son más o menos de su misma edad (38 años), algunos con apellidos extranjeros y de facciones finas”, me comentó Gerardo Becerra cuando intercambiábamos información sobre las empresas fantasmas del entonces gobernador y llegábamos a la conclusión de que Graco era ratero, pero no tenía un pelo de tonto.

Uno de esos amigos de la escuela se llama Alejandro Alonso Arriola. Nació el 4 de diciembre de 1979 según su Registro Federal de Causantes (RFC).

Su cercanía con Rodrigo Gayosso hizo que lo designaran director de Administración y Finanzas del Sistema DIF desde el primer día de gobierno. Su nombramiento tiene fecha 2 de octubre de 2012.

Como requisito para trabajar en gobierno tuvo que presentar su declaración patrimonial de inicio cargo, en el que puso que no tenía bienes inmuebles, ni vehículos, ni cuentas bancarias. Nada.

Eso es algo normal en un joven de 33 años que en ese momento comenzó a ganar un salario de 28 mil 600 pesos, según declaró en el documento entregado a la Secretaría de la Contraloría.

Sin embargo, el 31 de octubre del 2012, dicho servidor público realizó una modificación en su declaración patrimonial, en donde estableció que tenía como remuneración por el cargo que desempeñaba en ese momento la cantidad de 108 mil 481 pesos, y como otros ingresos anuales sin especificar el origen, la cantidad de un millón 105 mil pesos, haciendo un total de ingresos por la cantidad de un millón 213 mil pesos.

En el apartado de “gastos de manutención” el joven funcionario anotó la cantidad de 849 mil 436. Asimismo, reportó 700 mil pesos de artículos para el hogar y la adquisición de un vehículo marca Jeep, Sahara ATX 2011 en 421 mil pesos.

Ahora bien, en dicha declaración de modificación realizada por el servidor público, reportó que hizo una compra de bienes muebles por la cantidad de 700 mil y que inició “un negocio de compra-venta de muebles por un valor inicial de inversión de un millón de pesos bajo el régimen fiscal de “Repeco”.

El 13 de julio de 2015 Alonso Arriola presentó su declaración de conclusión de cargo ante la Secretaría de la Contraloría Pública, y reportó que no tuvo ningún tipo de adquisición de bienes inmuebles, sino que únicamente continúo con un menaje de casa pero ahora por la cantidad de 780 mil pesos.

Pues bien, una consulta al Registro Público de la Propiedad arroja como resultado que Alejandro Alonso Arriola es propietario de los siguientes inmuebles:

  1. Departamento 201 en el condominio Arbolada Acapantzingo adquirido a Banco Multiva S.A y RDL Urban Property México S. de R.L. de C.V. en calidad de fideicomisario por un monto de 574 mil pesos.
  2. Departamento 202 del Condominio Arbolada Acapantzingo, adquirido en 574 mil 62 pesos.
  3. Lote “D” resultante de la lotificación y constitución del régimen de propiedad en condominios de lotes, ubicado en privada sin nombre esquina con 16 de septiembre en la colonia Acapantzingo. Lo adquirió en un millón y medio y se lo compró a Raúl Ortíz Flores.
  4. Casa número 8 y terreno sobre el que está construida en el conjunto residencial en el municipio de Cuernavaca (no dice el nombre de la colonia, sólo el Código Postal que es el 62290, compra venta por la cantidad de siete millones 700 mil pesos.

Es decir, que apenas en tres años, el joven funcionario adquirió bienes inmuebles por la cantidad de 10 millones 348 mil pesos.

Eso se llama Enriquecimiento Ilícito y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por eso es que se inició la carpeta de investigación y posteriormente fue judicializada.

En su denuncia de hechos, el director general de análisis estratégicos de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, Gerardo Becerra Chávez Ita, hace notar que “ésta persona, Alejandro Alonso Arriola, tiene actualmente una amistad muy fuerte con el señor Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, toda vez que con fecha 04 de julio de 2014, realizó un viaje a Las Vegas, en compañía de Andrik Ruiz de Chavez Arista, Kristofer Ruiz de Chávez Arista, Janko Ruiz de Chávez Arista, Alejandro González Murillo, personas que son grandes amigos de Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, sin que tengan manera de justificar ingresos, pero sí las relaciones con el entonces gobernador Graco Luis Ramírez Abreu, en el periodo de administración pública 2012 a 2018, donde se sabe, existen grandes desfalcos económicos.

Alejandro Alonso Arriola ya no se llama así. Ahora se refieren a él simplemente como Alejandro “N” y es considerado inocente hasta que un juez penal determine lo contrario.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción emitió un boletín informativo en el que da cuenta de que realizó formulación de imputación contra Alejandro "N" ex funcionario del Sistema DIF Morelos, por el delito de Enriquecimiento ilícito, relacionado con la causa penal JC/618/2019.

“Este día, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el agente del Ministerio Público realizó la formulación de imputación presentando 15 antecedentes de prueba.

“Además, la Jueza de Control impuso a solicitud del Ministerio Público, la firma periódica mensual del imputado ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país.

“Esta Fiscalía refrenda su compromiso de trabajar con imparcialidad y transparencia en la prevención y el combate a la corrupción”, refiere el comunicado.

Y ese, es nada más el principio.

 

HASTA MAÑANA.

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