Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

Hasta antes de que se celebrara el XXXIX Consejo de Seguridad Pública (9 de agosto en el bunker de Alberto Capella) se daba como un hecho la salida de Juan Salazar Núñez de la Fiscalía Anticorrupción tras una desastrosa actuación, en la que no quedó bien con nadie, pero sobre todo porque alcanza perfectamente la jubilación por años de trabajo.

Desde el pasado mes de septiembre de 2018, un grupo de 13 personas internas del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, confinados en el Dormitorio 13, sufren la falta de agua y padecen de enfermedades relacionas con la escasez del vital líquido.

Así lo refiere una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que aseguran que para poder tener agua, los internos deben pagar 5 pesos por cada cubeta de 20 litros, que les venden las propias autoridades penitenciarias.

“No tienen agua para el sanitario o para bañarse porque supuestamente se descompuso la bomba”, refirió en entrevista el familiar de una de las personas privadas de su libertad, quien pidió la reserva de su nombre para evitar represalias.

Existe el antecedente de al menos dos personas enfermas por infecciones, debido a las condiciones insalubres que prevalecen en el penal, porque no tienen lavaderos, ni se permite el ingreso de desinfectantes en los días de visitas.

Ante esta situación, existe el riesgo latente de una epidemia como la registrada en mayo de 2009, cuando más de 100 personas internas presentaron vómito y diarrea por consumir agua y alimentos contaminados.

Aunque el titular es Jorge Israel Ponce de León Bórquez, el sistema penitenciario en Morelos se encuentra en manos de tres mujeres:

Miriam Mireles Toledo, directora general de Centros Penitenciarios, quien tiene como cargos ocupados anteriormente el de chofer, subdirectora de Asuntos Internos y agente de investigación.

Araceli Munguía Toledo, directora general de Administración del Sistema Penitenciario, a quien medios de comunicación de Veracruz mencionan como involucrada en un caso de corrupción por su cercanía con Arturo Bermúdez Zurita en Veracruz.

Ruth Patricia Ramírez Plata, directora general de Reinserción Social, involucrada en el robo de evidencias como directora de Bienes Asegurados y protegida por Javier Pérez Durón, fiscal general de Morelos. Fue en su gestión cuando “desaparecieron” 100 mil pesos, que luego resultó que sólo eran 40 mil, pero no hay nadie sancionado por ello.

Todas ellas protegidas por la hermana de ésta última, Priscila Ramírez Plata, quien funge actualmente como coordinadora de Vinculación de Enlace y brazo derecho del comisionado de seguridad, el vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, y quien destruyó en un choque por manejar en estado de ebriedad una lujosa camioneta propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia en la que trabajaba como secretaria particular del titular de la misma Arturo Bermúdez Zurita. Ellas son hijas de Jorge Ramírez Tubilla, quien es primo de Karime Macías Tubilla, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Todo lo anterior no es ningún secreto, es ampliamente conocido en aquella entidad.

Una cuarta mujer, la licenciada Lorena Moreno, amiga íntima de Ruth Patricia, actualmente subdirectora jurídica en el Centro Especializado de Medidas Privativas de la Libertad (CEMPLA) e informante de todo lo que pasa en dicho centro.

Pocos se enteraron de la remoción del cargo de Jesús Fermín Meneses Reyeros, como encargado del CEMPLA, luego de que permitió que un custodio fuera golpeado por cinco adolescentes.

Su lugar está siendo ocupado por Juan José Larios Vázquez, quien según la hemerografía fue acusado en el estado de Jalisco por corrupción al proteger al comercio ambulante en el año 2013, desempeñándose posteriormente como director jurídico del sistema penitenciario en dicha entidad.

Ellos son los encargados de mantener el orden en los centros penitenciarios de Morelos, sin olvidar que Jorge Israel Ponce de León todavía no cobraba su primera quincena, cuando ya lo estaban denunciando por abuso de autoridad en agravio de un automovilista que tuvo la mala suerte de atravesarse en su camino y lo rebasó por la derecha.

Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el mismo cargo que hoy ostenta, pero en la administración del ex priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

Asimismo, el hoy funcionario morelense fue en 2014 el director de Tránsito estatal en Veracruz.

El designar a personas no morelenses en funciones de seguridad pública y reinserción social tiene sus pros y contras. La ventaja es que llegan sin compromisos con los internos y el personal de Seguridad y Custodia, donde radica todo el problema de la corrupción.

Pero esa también es una desventaja, pues al no tener arraigo suelen incurrir en mayores abusos y deshonestidades, a sabiendas de que terminando el cargo se van a regresar a sus lugares de origen.

HASTA MAÑANA.

 

Esta semana el Congreso del estado tendrá que elegir al hombre o mujer que habrá de presidir por los siguientes tres años la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, una institución que gozó de prestigio y calidad moral cuando estaba su fundador, don Carlos Celis Salazar, pero que con el paso del tiempo ha dado refugio a todo tipo de personajes que lo han usado como trampolín político.

La lista de aspirantes es muy larga y variada. Comienza con el actual presidente Jorge Arturo Olivarez (sí, con z) Brito, quien aspira legítimamente a continuar en el cargo por un segundo periodo. El doctor en Derecho llegó al cargo tras una serie de negociaciones con los partidos políticos representados en el Congreso hace tres años. En esa ocasión “se alinearon todos los astros a su favor”, pues tuvo el apoyo de su partido (no hay que olvidar que fue candidato a diputado local por el PRI hace mucho tiempo) y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso era Francisco Santillán, a la postre esposo de Maricela Velázquez, hija de la lideresa Maricela Sánchez. Una amistad de años con la diputada Silvia Irra y una “recomendación” de su pareja la magistrada y ex presidenta del TSJ, Nadia Lara Chávez, lo convirtió en candidato del PRD-Gobierno y de ahí a la presidencia.

No podría decirse que la gestión de Jorge Arturo fue “pro gobierno”. Las controversias constitucionales interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos de los diferentes poderes así lo demuestran. Tampoco hubo escándalos notorios. Digamos que fue “institucional”.

Clara Elizabeth Soto Castor encabeza la lista de cinco mujeres que pretenden llegar a la presidencia del organismo. Al igual que hace tres años (y no sabemos por cuánto tiempo más) sus detractores le cargan en la espalda la pesada losa de ser cuñada de la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta y por lo tanto graquista. Incluso, un medio digital de ésos que surgen y desaparecen según conveniencia, aseguró que la tarde del viernes estaba Rodrigo Gayosso reunido con sus huestes para dirigir personalmente la sucesión en la CDH y en la Entidad Superior de Fiscalización.

Antonio Sorela Castillo es un joven abogado que ha destacado en los últimos años como impulsor de los derechos humanos. Es especialista en el tema, también con doctorado, capacitador en la Academia de Policía, ayuntamientos y en todas las instituciones del país donde lo invitan a dar conferencias.  Recientemente presentó la "Declaración Universal de Derechos Humanos versión Comentada y Traducida al Náhuatl" y ha sido merecedor de casi todos los reconocimientos de organizaciones de abogados estatales, nacionales e internacionales.

En los últimos meses del sexenio graquista fue invitado por el entonces secretario de gobierno Matías Quiroz, a hacerse cargo de la oficina de Atención a Derechos Humanos de la administración estatal, hasta que llegó Julio Colín y lo despidió.

Hay otros candidatos, tanto a la presidencia como a las consejerías de la CEDH, pero a juicio de quien esto escribe, son las tres personas antes mencionadas quienes tienen mayores posibilidades y cuentan con los méritos para ello.

Pero no se descarta una sorpresa. En este sexenio ocurren cosas inesperadas. Una prueba de ello es la llegada del ex presidente municipal de Tlaquiltenango a la dirección del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm).

Es de todos sabido que en el Congreso del Estado no hay un liderazgo claro, sino al contrario, las diputadas y los diputados se la pasan en grillas internas. Un día son más que amigos y al otro día se odian y buscan la manera de desquitarse.

Eso podría dar la oportunidad a personajes que hoy ni siquiera aparecen en las listas de los comentaristas políticos, o bien, que se opte por darle chance a Jorge Arturo Olivarez de que termine lo que ya inició.

Lo único seguro es que quien obtenga la preferencia de los legisladores tendrá una empresa difícil que cumplir. Hasta este momento no se han registrado violaciones graves a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas, pero a medida que avance el sexenio y exista mayor presión de la sociedad hacia sus policías, éstos puedan caer en la desesperación y aplicar la máxima de “el fin justifica los medios”.

Así ha ocurrido en otros gobiernos y hubo jefes policíacos procesados por ello. En el último sexenio, si no hay policías en la cárcel es porque Graco Ramírez protegió hasta el último momento a Alberto Capella y éste a sus elementos que irrumpieron violentamente en un domicilio en el municipio de Temixco y mataron a un bebé. 

La CEDH requiere de una persona respetable, bien preparada y con las agallas necesarias para enfrentarse a las autoridades en caso de que sea necesario. 

Pero también, se necesita que el Congreso le asigne un presupuesto digno para que sus visitadores puedan realizar bien su trabajo.

Y una sede permanente. La Comisión de Derechos Humanos ya merece tener un edificio propio, no puede andar como judío errante pagando una renta (que casi siempre ha significado un negocio para el presidente en turno). 

Es innegable que la primera dificultad con la que se encuentra una persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos, es ubicar el domicilio de la institución garante.  Se ha gastado mucho más en otras cosas, que no se tenga para construirle un edificio a la CEDH.

Contrataron un “seguro de responsabilidad civil” para 16 de sus funcionarios con recursos del erario

La contratación coincide con la “desaparición” de recursos asignados a uniformes escolares gratuitos.

Una empleada de Manuel Agüero Tovar recibió casi 17 millones de pesos para el pago de las costureras que elaborarían los uniformes

Otra persona física recibió cinco millones de pesos para distribuir las prendas, pero no ha comprobado el cumplimiento del contrato

Para cumplirle una promesa a su esposa, Graco Ramírez inventó un “concierto a beneficio de los niños con capacidades diferentes”

Utilizaron recursos públicos para pagar la contratación de Plácido Domingo y los gastos del concierto, a sabiendas de que no habría ganancia alguna

El secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, firmó un documento autorizando el préstamo y luego se puso como aval

Legalmente no es trabajador y tampoco beneficiario del programa de vehículos para funcionarios

Un medio que cobraba 290 mil pesos mensuales tiene como domicilio una humilde vivienda en Cuautla

Otro más, tiene “sus oficinas” en un departamento abandonado en Alta Vista

La presidenta municipal de Temixco, Irma Camacho García, “firmó” un documento oficial el mismo día que -según su acta de defunción- falleció de neumonía

Desde un mes antes, dejó de asistir a la presidencia municipal y sus familiares se encargaban de llevarle documentos a firma 

Aunque al principio exhibió facturas originales en inglés y francés, al final utilizó facturas cuyos domicilios no existen o no son de agencias de viajes

A lo largo de seis años, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu salió (oficialmente) siete veces fuera del país: Chicago, Nueva Delhi, Nueva York, París (dos veces),  Washington, China y Japón. Cada uno de esos viajes estuvo marcado por algún detalle, ya sea por las personas que lo acompañaron, o la forma como cumplió (o fingió cumplir) con su obligación de informar sobre lo que se gastó en esos viajes internacionales.

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